1 de agosto 2015
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Con la imposición de penas entre dos y once años como máximo en el caso de los policías condenados por la emboscada a una familia inocente el pasado 11 de julio, considerado en la versión oficial como “una imprudencia”, se profundizó la degradación del poder judicial, advirtieron organismos de derechos humanos.
“La sentencia muestra la profundización de la destrucción institucional del Poder Judicial, que involucra a todos sus actores, algo grave para el respeto de derechos humanos en el país, lo más grave es que las instituciones del Estado están llamadas a salvaguardar y promover los derechos humanos y el órgano por excelencia señalado por la Constitución es el poder judicial”, dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia.
El jueves pasado a las 2:20 de la tarde, los nueve oficiales condenados ingresaron al tribunal Cuarto Local de lo Penal capitalino y minutos después la jueza Alia Dominga Ampié ordenó la lectura de la sentencia, sin los familiares de las víctimas presentes. La judicial sancionó a once años de prisión al capitán Zacarías Salgado, mirada impasible, vestido de chaqueta negra y camiseta verde polo ubicado en el extremo más cercano a Ampié, el jefe del supuesto operativo antidrogas realizado en la comarca Las Jagüitas, de Managua, que acabó convertido en una masacre.
A Salgado, Ampié lo condenó por “el homicidio imprudente” de dos niños y una joven, lesiones a otros dos en una tarde larga que los abogados de la familia calificaron como la continuación de una burla del sistema de justicia y que en la práctica sirvió para que la judicial avalara la tesis de la Fiscalía.
Horas después del desenlace, de las protestas suscitadas en el exterior de los tribunales y el anuncio de los abogados de las víctimas de que apelarán, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló el doble rasero de las autoridades judiciales al comparar el caso judicial de la masacre del 19 de julio de 2014 y el de las Jagüitas.
La presidenta del Cenidh, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, cuestionó la concertación evidente de los principales operadores de justicia —Policía, juez y parte en el proceso al realizar la investigación; Fiscalía y Juez— para favorecer a los nueve oficiales que emboscaron a la familia Reyes Ramírez desde el mismo momento en que se consideró como una imprudencia un caso que en realidad debió ser visto como doloso, lo que significaba un castigo mayor y no una puerta abierta para la suspensión de pena como advierte puede ocurrir en este caso.
“El condenado aquí es el poder judicial”, dijo Núñez de Escorcia, la más prestigiosa defensora de derechos humanos del país, quien se declaró impotente ante la maniobra judicial, cuestionada duramente por una manifestación en las afueras del complejo de los juzgados adonde mujeres levantaban cruces y portaban flores solidarizándose con las víctimas.
Ampié impuso penas de nueve años para los responsables directos de las balas que acabaron con las víctimas, en este caso el teniente José Alejandro Fonseca y el suboficial mayor Javier Alejandro Saldaña, mientras al teniente Oscar Vargas Rugama le impuso seis años de presidio.
Dos suboficiales mayores y dos suboficiales recibieron dos años por “exposición de personas al peligro “por imprudencia”, mientras a otro le cayeron cuatro años porque le sumaron “daños” al delito de exposición. (Ver recuadro: la condena de los nueve).
Doble rasero
El Cenidh señaló que las posiciones diferentes con las que suele actuar el sistema judicial en Nicaragua. En veinticuatro días, la justicia en Nicaragua le dio la vuelta a la dureza exhibida por la masacre del 19 de julio, en que pusieron penas de 133 años a algunos implicados.
Se trata de un caso investigado por las autoridades, tras las emboscadas el año pasado a caravanas sandinistas en Matagalpa, cuando regresaban provenientes de Managua, donde habían participado en la conmemoración número 35 de la revolución sandinista.
Confidencial comprobó al revisar la sentencia del caso de la masacre del 19, cuestionado públicamente por las violaciones a los derechos humanos de los procesados, que el juez Edgar Altamirano estableció un promedio de 15 años de prisión por cada víctima asesinada, siete por cada lesionado y diez por crimen organizado.
“El juez de la causa (del 19) sumó las penas según la cantidad de personas que habían sido afectadas por la comisión de delitos. Si murieron tres personas aquí debieron haber aplicado tres penas por homicidio. Otra cosa que hace nulo el juicio es que acusan también por homicidio imprudente y existe en el Código Penal una norma referente a los delitos que cometen los policías, no se puede alegar imprudencia porque el uso de armas de fuego es un agravante”, explicó Núñez.
Según Núñez, la jueza tenía suficientes elementos para dudar de la veracidad de la declaración de culpabilidad de los policías, dado todas las circunstancias que han rodeado el caso desde la negación de la información que requerían los abogados de las víctimas para poder acusar de manera autónoma a los oficiales. Uno de los implicados incluso habló de disciplina a la hora de “admitir” su culpa, el último acto de la audiencia inicial que logró que el proceso fuese enterrado para dar paso a la lectura de la condena en una audiencia posterior.
“Era prudente que ella ordenara la recepción de pruebas. Ella inmediatamente —dice Núñez refiriéndose a la jueza— aceptó la declaración de culpabilidad y se aprestó a dictar sentencia. Ahí se ve la complicidad con esta estrategia macabra planificada desde las propias oficinas de los jueces y partes, llamada Policía Nacional”.
Una acusación con contradicciones
El abogado nicaragüense José-Zamyr Vega, profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, le ha dado seguimiento desde España al caso de la familia Reyes Ramírez y ha encontrado una serie de contradicciones en la acusación presentada por la Fiscalía contra los nueve oficiales.
La principal de ellas es que el Ministerio Público intenta colocar la muerte de los niños y la joven como consecuencia de los disparos realizados por los oficiales al creer estos que habían atropellado al capitán Salgado mientras hacía supuestamente la señal de alto.
“Aunque diéramos por sentado que los agentes creyeron realmente que el conductor del vehículo había atropellado a un compañero, ese error excluyente del dolo no abarcaría a la acción de disparar reiteradamente cuando la supuesta agresión del conductor ya había terminado, por lo que en ese caso no se excluye el dolo y por tanto se castiga por varios delitos de homicidios y lesiones dolosos, no imprudentes”, dijo Vega en entrevista con Confidencial vía Skype.
Según Vega, la lectura de la acusación lo sorprendió por sus contradicciones. La Fiscalía acepta que hubo abuso de la fuerza de parte de la Policía. “Se habla de homicidio imprudente, de exposición de personas al peligro imprudente, de lesiones imprudentes y daños. De estos delitos todos se castigan en su modalidad dolosa, los daños imprudentes no existen en el Código Penal y tampoco existen la exposición de personas al peligro imprudente en el Código”, recalcó.
Sin embargo, otras voces en Nicaragua han defendido públicamente la tipificación, como el ex subdirector general de la Policía, el comisionado general en retiro Francisco Bautista Lara.
“Mi experiencia en el ámbito policial me dice que es razonable la tipificación planteada (homicidio imprudente) y es razonable por las circunstancias, porque aquí se monta un operativo policial que fracasó y eso ya está dicho y trajo las consecuencias que trajo, pero para que hubiese asesinato no hubo una intencionalidad de hacerlo, no estaba premeditadamente dispuesto para ese propósito”, dijo el ex jefe policial a VOS TV de Canal 14.
Bautista tuvo a cargo las investigaciones a nivel nacional en el período 2001-2005. El ex jefe policial reiteró que “no se puede decir que el autor es un asesino porque lo que hay es un hecho imprudente, que tiene una responsabilidad, pero de acuerdo al Código Penal una tipificación diferente”.
La Fiscalía se plegó a Policía
El proceso judicial de las Jagüitas reveló también “la instrumentalización” de la Fiscalía a favor de la Policía Nacional, según el analista en temas de seguridad Roberto Orozco.
Orozco dijo que la sentencia muestra un sistema que ya está montado entre los operadores de justicia, en el que la Policía supera sus funciones de garantizar la seguridad pública, y se ha metido a ámbitos como el espionaje político, persecución política y represión.
Según el experto, la Policía Nacional responde directamente al Presidente de la República, que en las reformas constitucionales de 2013 y 2014 se autonombró como Jefe Supremo de la institución, lo que fue también ratificado en la reforma a la ley de la Policía.
“En esa relación se hace necesario el uno del otro y la Policía ha aprovechado para convertirse funcionalmente en un súper ministerio y lo que estamos viendo es un nuevo Ministerio del Interior que ha abarcado muchas esferas de los operadores de justicia. La acusación de la Fiscalía de la masacre de la Jagüitas es el resultado de un proceso de “policialización” de la Fiscalía”, advirtió.
Este proceso de toma del Ministerio Público a manos de la Policía estaría marcado, según Orozco, no sólo por la presencia de la fiscal general y el fiscal auxiliar, Ana Julia Guido y Julio González, respectivamente, ambos ex funcionarios policiales, sino a las contrataciones de la Fiscalía, adonde han sumado a sus filas a otros ex oficiales, a los cuales el especialista no identificó.
“El resultado es el cercenamiento absoluto de la autonomía funcional de la Fiscalía, que se ha convertido en el brazo jurídico de la Policía Nacional y no es el representante de las víctimas, y responde a los intereses corporativos e institucionales en este ámbito político partidario”, lamentó Orozco horas después de la sentencia en el caso de las Jagüitas.
“La condena” de los 9
La sentencia establece las siguientes penas: El capitán Zacarías Salgado, jefe del operativo antidrogas, fue condenado a 11 años de prisión. La jueza también sancionó a Salgado a 20 años de inhabilitación y otros 20 de prohibición para usar armas de fuego en una tarde larga que para los abogados de las víctimas fue considerado como la continuación de "una burla de la justicia".
En el caso del teniente Oscar José Vargas Rugama, la judicial le dictó una pena de seis años con inhabilitación y prohibición de uso de armas de fuego mientras dure la condena, mientras que al otro teniente José Alejandro Fonseca Salmerón se le impuso nueve años de prisión con inhabilitación y prohibición de uso de armas de fuego también mientras cumpla la condena.
Según la sentencia, las balas disparadas por Vargas mataron a la niña Aura Marina Reyes Ramírez, mientras Fonseca Salmerón es señalado de los casos concretos de las muertes de la joven Katherine Anielka Ramírez Delgadillo y lesiones en perjuicio de la niña Miriam Natasha Guzmán.
El suboficial mayor Javier Alejandro Saldaña Torres fueron nueve años por "homicidio imprudente" en el caso del niño José Gamboa Ramírez y "lesiones imprudentes gravísimas" contra el niño Axel Antonio Reyes Ramírez.
Los suboficiales mayores César Augusto Medrano y Harrison Osmar Ramírez Medina, y los suboficiales Osman Ricardo García Hüeck y Ernesto Alexander Urbina López recibieron dos años de prisión por "exposición de personas al peligro por imprudencia".
El suboficial Miguel Ángel Ramos Cortez fueron cuatro años por exposición de personas al peligro y daños.
Abogados apelarán sentencia
Los familiares de las víctimas y de los acusados no asistieron a la lectura de las sentencia. Los abogados de la familia informaron que apelarán las penas y cuestionaron severamente que ni siquiera se haya mencionado en el documento el lugar del cumplimiento de las mismas.
El abogado Carlos Alemán, tío de Milton Reyes, cuestionó que hasta ahora el cumplimiento se ha realizado en la Dirección de Auxilio Judicial y no han sido enviados al Sistema Penitenciario por razones de la misma seguridad de los oficiales. "Los tendrías ahí en Auxilio Judicial gozando de la buena vida, los están tratando muy bien", aseguró.
"Es desastroso, si habrá una palabra más fuerte no lo quiero decir. Para la familia confirma que se están coligiendo las instituciones para no llegar a la verdad: que hubo una actitud dolosa", dijo Alemán que ha reclamado públicamente y ante la juez la nulidad del proceso en su conjunto.
Alemán señaló que la imposición de penas mayores a los cinco años demuestra la tesis de su equipo que era una juez de distrito y no una local la que debió conocer el caso como finalmente hizo Ampié, pese a que había pedido que se declarara incompetente desde el principio.
