3 de septiembre 2021
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Una frontera imprecisa entre la opacidad y la corrupción caracteriza la gestión administrativa del Consejo Supremo Electoral (CSE), uno de los cuatro poderes del Estado de Nicaragua, cuando restan dos meses para las votaciones presidenciales que han estado marcadas por la represión desde finales de mayo pasado cuando el régimen de Daniel Ortega inició con la detención arbitraria de opositores hasta sumar 36, entre ellos siete aspirantes a la presidencia.
Según la página de compras del Estado, el CSE solo ha transparentado el 32% de las contrataciones —40 de 125 planificados durante 2021—, lo que significa que deberá ejecutar una gran mayoría entre los meses de septiembre y octubre, y los primeros días de noviembre, cuando se realizará una cantidad de actividades relacionadas con los comicios previstos para el 7 de noviembre.
A partir de este dato inquietante, los expertos en contrataciones locales advierten que la ineficiencia puede ser una primera explicación de la baja ejecución, pero también sostienen que puede ocurrir un ocultamiento de información con fines corruptos.
El reglamento de la Ley 737 o Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público establece el principio de publicidad y advierte que las instituciones deben mantener resguardados los expedientes correspondientes a los procesos, a los que el público en general podrá acceder conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública.
¿Camioneta de lujo para traslado de material electoral?
Una contratación sui generis ocurrió en junio pasado. Menos de un mes antes de que los papeles fueron tramitados, el CSE había estrenado como presidente y vicepresidente a los magistrados sandinistas Brenda Rocha y Cairo Amador, y entre los primeros procesos bajo su administración se encontraba la compra de una camioneta bajo la modalidad de contratación simplificada, que en el sistema legal nicaragüense se aplica a aquellas adquisiciones que son contratadas con carácter de urgencia en contextos de emergencia.
CONFIDENCIAL llamó a su teléfono al magistrado electoral Cairo Amador, quien prometió recabar información sobre el tema, pero al cierre de la edición fue imposible lograr una versión institucional.
Brenda Rocha y Cairo Amador, presidenta y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, durante una entrevista con teleSUR. Foto: Tomada de El 19 Digital
El proceso de la compra de la camioneta quedó registrado bajo el número 11-2021, la invitación para la misma se realizó el siete de junio de 2021 y cuatro días después ya se había adjudicado. El costo fue de 74 000 dólares. Entre la documentación, se puede leer que, según la solicitud del responsable de transporte de la institución, la compra debía realizarse, entre otras razones, para mejorar la flota vehicular del CSE de cara a las elecciones de 2021, pero también para “asegurar la fluidez del envío y recepción del material electoral”.
Un experto en contrataciones, que ha pedido que su nombre se mantenga en reserva, no se explica la urgencia de esta contratación en específico, tomando en cuenta que en 2018 se habían realizado compras también de vehículos en la institución.
De acuerdo con el colectivo Transparencia Nicaragua, a cuyos miembros no se pudo ubicar para este reportaje, ese año de crisis política por la represión del régimen contra las protestas de opositores, el Tribunal Electoral adquirió 19 camionetas y 14 motos por un monto de 566 000 dólares.
El exdiputado opositor Eliseo Núñez, exmiembro de la comisión económica entre 2011 y 2016, sonríe cuando escucha el argumento de que con la camioneta de lujo se trasladaría material electoral. “Acaso es un camión”, riposta. Lamentablemente, para él, se trata de uno de los casos de opacidad que hacen que el CSE sea visto como una “caja negra”, que refleja las malas prácticas del partido de Gobierno en las distintas instituciones del Estado.
Núñez dice que si el CSE no tiene publicada la información de sus contratos es una muestra de que la institución se caracteriza por la falta de planificación, lo que le resulta incomprensible cuando los plazos para la celebración de cada uno de los comicios—sean nacionales, municipales o en la costa caribe—están claramente establecidos.
“¿Cómo no vas a saber que tenés que comprar vehículos nuevos?, ¿cómo no sabés que vas a comprar material de oficina para procesos electorales?, ¿cómo no vas a saber que tenés que comprar hasta los chocolates?”, insiste Núñez.
Las subdivisiones y los contratos de emergencia
El experto consultado bajo condición de anonimato explica que se percibe lentitud en la ejecución de lo programado para 2021, porque prácticamente las contrataciones se han concentrado en el trimestre de mayo, junio y julio, mientras en el primer trimestre estuvieron lentas, pero además identifica prácticas que suelen ser contraproducentes a los intereses del Estado como la contratación simplificada —justificando emergencias— y las subdivisiones de compras.
Para explicar su punto sobre las subdivisiones usa el ejemplo de la compra de misceláneos (donde inicialmente se habló de adquirir chocolates), y recuerda que se hicieron compras sobre productos similares en dos procesos antes. “¿Por qué no hicieron una sola compra, si podían tener una mejor oferta que beneficiara a los intereses del Estado?”, pregunta y luego agrega que la respuesta más probable es que se haya eludido algún tipo de procedimiento.
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Se trata de otra de las prácticas administrativas en el Estado, que tiene que ver con evitar los niveles de rigurosidad de los procedimientos en las contrataciones a partir de los montos establecidos en las compras. La Ley de Contrataciones Administrativas del Estado establece tres tipos de contrataciones: compras menores (para aquellas de 500 000 córdobas o menos), licitación selectiva (entre 501 000 y tres millones de córdobas) y licitación pública (para aquellas mayores de tres millones de córdobas).
“Cada procedimiento lleva más rigurosidad. Cuando eludís el procedimiento es que querés hacerlo más direccionada (la compra)”, dice el especialista. Según el artículo 25 de la Ley 737, este tipo de subdivisiones se encuentran prohibidas.
Núñez: Urge transparentar también los ingresos
Además de oscuros contratos, el exdiputado Núñez considera que el CSE es una “caja negra” donde se deben transparentar los ingresos que percibe la institución en servicios que presta a la ciudadanía y cuyo dinero entra a las arcas de la institución bajo el concepto de “rentas con destino específico”, entre ellos el caso de las cédulas cuya emisión cuesta 300 córdobas por cada una, es decir poco menos de diez dólares.
“Mirabas un presupuesto conglobado en el caso del CSE, pero no mirabas un presupuesto sobre los ingresos del CSE que deberían de haberse visto registrados. Si vos tenés una reposición de cédulas de 100 000 en un año, más o menos, estás hablando de aproximadamente 30 millones de córdobas, es decir casi un millón de dólares y nadie sabe nada qué pasó con ese dinero”, explica Núñez.
Para la abogada Martha Patricia Molina, en todas estas situaciones irregulares resulta cuestionable el papel de la Contraloría General de la República (CGR) —controlada desde 2014 en su totalidad por el FSLN—. Esta institución admite en sus informes que ha disminuido la fiscalización de las 252 entidades que hay en el país.
Conforme con los documentos oficiales de la CGR, la institución pasó de fiscalizar 170 instituciones —81 gubernamentales y 89 municipales— en 2019 a 148 —76 gubernamentales y 72 alcaldías— en 2020, lo que para Molina refleja la debilidad de controles existentes en el Estado, los cuales permiten abusos como el de la previsión de comprar chocolates en el CSE como quedó registrado en su Programa Anual de Compras de 2021.
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Núñez sostiene que la compra de estos dulces fue una tarea asumida por el CSE después que los partidos lo entregaban a sus estructuras desde 2001 para paliar el hambre en las largas jornadas electorales que iniciaban a las cinco de la mañana y terminan a la una o dos de la madrugada del día siguiente.
Sin embargo, la abogada Molina insiste en que la misión del CSE no es organizar cumpleaños y que no le encuentra lógica a que se planifique la adquisición de este tipo de productos (Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería) por un monto cercano a los 200 000 dólares--como estaba planificado este año--, menos aún que se ejecuten este tipo de acuerdos bajo la modalidad también de contratación simplificada.
En los registros del tribunal electoral quedó con el número 24-2021 bajo el nombre de “adquisición de productos misceláneos para abastecer los CED (Consejos Electorales Departamentales), los CER (Consejos Electorales Regionales), los CEM (Consejos Electorales Municipales) y las oficinas centrales del CSE para las elecciones generales de 2021” y no incluyó los chocolates como se programó inicialmente.
Núñez agregó que este tipo de dulces eran colocados por las autoridades del CSE en las maletas electorales, que son un kit de tinta, almohadillas, lapiceros y otros materiales de oficina, útiles para el día de las votaciones. A dos meses de las presidenciales, sin embargo, el Tribunal Electoral no convoca aún a la licitación para las “maletas” ni para las boletas electorales.
El experto en contrataciones prevé que se abran procesos de urgencia y con ello —lamenta— “una puerta grande para la corrupción”.
