2 de diciembre 2015
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El “Miércoles de Protesta” número 34 se realizó mientras la bancada orteguista en la Asamblea Nacional aprobaba en lo particular la Ley de Seguridad Soberana que, a juico de diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), “garantiza discrecionalidad” al régimen del comandante Daniel Ortega para “contener el malestar social”.
No solo es el denominado “Miércoles de Protesta”, que demanda elecciones libres y transparentes cada semana cerca de la sede del Consejo Supremo Electoral (MRS), y que es custodiado por fuerzas antimotines y asediado por turbas asociadas a la Juventud Sandinista, sino son las protestas en la Mina el Limón, por los enfermos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y las marchas contra la concesión canalera, enumeró Ana Margarita Vijil, presidenta del MRS.
Para el diputado del PLI, Pedro Joaquín Chamorro, esta ley merma los derechos a los ciudadanos, y le da la potestad al gobernante “para aplicar un estado de emergencia tácito que ya existe en Nicaragua”. “Hemos retrocedido muchos años en cuanto a la defensa de los derechos ciudadanos”, aseguró.
Vijil se refirió a los “presos políticos” del régimen orteguista, pero aseguró que no solo es el concejal Omar Lola, a quien la jueza encargada de su causa le concedió libertad condicional.
“No solo Omar Lola del PLI es preso político. Hay más: los del IRC, los sindicalistas de la mina El Limón. No nos olvidemos que la lucha por presos políticos sigue. Obviamente es una reacción que el régimen siente por la movilización social”, dijo Vijil.
El diputado del PLI, Eliseo Núñez, agregó como represalia del gobierno la desaforación este primero de diciembre de dos parlamentarios de su bancada, por participar en el “Miércoles de Protesta”.
“Desde que el FSLN se robó las elecciones para tener 63 votos, nadie tiene inmunidad en esa Asamblea (Nacional). La tarjeta de inmunidad para lo más que puede servir es para sacar una licencia de conducir cuando no tenés”, sostuvo Núñez, y advirtió que las desaforaciones no los intimidan.
Chamorro afirmó que la bancada oficialista aprobó la desaforación violando la ley Orgánica de la Asamblea Nacional, que establece el derecho a la defensa de los diputados señalados. “Estos diputados tenían la oportunidad de 20 días para hacer su alegato y demostrar ante la Comisión Especial que no había mérito para enjuiciarlo”, criticó.
La protesta número 34 se llevó a cabo sin contratiempos en medio de los aires festivos de diciembre. Las consignas por comicios libres y la repartición de boletas con el mansaje impreso de sanear el sistema electoral eran oídas y recibidas por los conductores que cada miércoles transitan por Metrocentro. Unos hacían gestos de aprobación y otros condenaban a los manifestantes con insultos. El retrato de un país polarizado y dividido.
El presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, el diputado Luis Callejas, aseveró que el mensaje que el gobierno de Ortega les manda es que puede “echarlos preso” por mantener la protesta. “Pero aquí estamos, demandando elecciones libres y transparentes. Demasiada sangre se ha derramado en este país por no tener elecciones libres”, dijo.
Según Núñez, el comandante Ortega ya ni puede evadir la exigencia de elecciones transparentes. “No creo que le sea indiferente a estas alturas pero definitivamente la oposición, nosotros, debemos idear una forma de levantar la presión. Esta protesta ha funcionado cómo ha estado diseñada: con poca gente para ser sostenible en el tiempo”, dijo.
El ex candidato presidencial, Edmundo Jarquín, dijo que las respuestas que Ortega da al “malestar social”, son las reacciones típicas de un régimen represivo”.
