8 de julio 2021
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El Parlamento Europeo aprobó este jueves 8 de julio una resolución en la que solicita a organismos internacionales rastrear el dinero del régimen orteguista en el mundo, para proteger al sistema financiero internacional “frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores”.
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La resolución fue aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones; en la votación participaron 688 de los 705 miembros del Europarlamento. En el documento, los eurodiputados volvieron a demandar que la Unión Europea (UE), amplíe las sanciones específicas e individuales contra los violadores de los derechos humanos en Nicaragua, incluidos el presidente de la República, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, así como a “su círculo de allegados”.
En el décimo punto de la resolución se dispone: pedir “al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos”.
Es la primera vez que una resolución de la Eurocámara apunta hacia los fondos del régimen. Desde 2018, los eurodiputados han aprobado cuatro resoluciones sobre la situación nicaragüense.
Previo a la votación y en una entrevista con el programa Esta Noche, la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos explicó que “es preciso adoptar con contundencia medidas que puedan realmente identificar activos financieros en el extranjero, inmovilizarlos, y establecer muy claro cómo, si a costa de los fondos del presupuesto de Nicaragua, se están realizando negocios personales, negocios familiares”.
“Parece que (la pareja Ortega Murillo) quiere convertir al país en un negocio familiar”, aseguró la eurodiputada española, integrante del grupo parlamentario Renew Europe y portavoz de la Subcomisión de Derechos Humanos.
En un debate en el plenario del Europarlamento, el martes 6 de julio, Rodríguez comentó: “Ortega dice que está acostumbrado a que le llamen de todo, pero creo que no está acostumbrado, como todos los dictadores, a que desmontemos el tinglado de corrupción en que sustenta su régimen autoritario”.
La resolución “subraya que Nicaragua figura en la lista negra del GAFI desde octubre de 2020”.
El GAFI, creado en 1989 por los ocho países más desarrollados (G8), es un organismo mundial que desarrolla políticas para ayudar a combatir el blanqueo de capitales, y la financiación del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
Ampliar las sanciones
En el onceavo punto, la Eurocámara “pide al Consejo (Europeo) y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados”.
En una resolución del 8 octubre de 2020, el Parlamento Europeo ya había solicitado al Consejo ampliar las sanciones contra los funcionarios del régimen, incluidos Ortega y Murillo.
La UE sancionó el 4 de mayo de 2020 a seis altos cargos del régimen, entre ellos cuatro jefes policiales —el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, y los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Ramón Avellán—, y los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
En el debate del martes participó el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien adelantó que “en los próximos días plantearemos al Consejo (Europeo) la posibilidad de tomar medidas restrictivas al estilo de las que se han tomado ya en el pasado”.
Para que la UE imponga sanciones, primero Borrell debe presentar una propuesta, que es analizada en diferentes instancias de cada uno de los 27 países miembros del bloque y del Consejo Europeo, y luego se pasa a votación de los ministros de Exteriores, que debe ser unánime.
Josep Borrell, alto representante de Política Exterior de la UE. Foto: Efe
El jefe de la diplomacia europea alertó que “la situación (en Nicaragua) ha llegado a un extremo tal que los Estados miembros sin duda tendrán que estudiar acciones más que concretas que el ¡basta ya señor Ortega!. La situación lo merece”.
En las últimas cinco semanas, el régimen orteguista ha encarcelado a 26 dirigentes opositores, entre precandidatos presidenciales, activistas, periodistas y exguerrilleros.
Las últimas detenciones se ejecutaron la noche del pasado lunes 5 de julio, cuando la Policía Nacional arrestó sin orden judicial al precandidato presidencial Medardo Mairena; a los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas; y a los dirigentes universitarios Lesther Alemán y Max Jerez.
En la resolución, la Eurocámara “expresa su solidaridad con la población de Nicaragua y condena firmemente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses contra partidos de la oposición democrática y sus miembros, periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes, pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, así como contra sus familiares”.
“No afectar al pueblo”
Los eurodiputados establecieron que, en la ampliación de sanciones, se debe velar “especialmente por que no resulte perjudicado el pueblo nicaragüense”.
A la par, subrayó “la necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la Unión (Europea) a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y el pueblo de Nicaragua a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la Unión, entre otros, llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al Gobierno y a las autoridades, con el fin de mitigar el impacto de la covid‑19 y de la actual represión gubernamental e impedir que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria”.
“Recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su llamamiento para que, ante las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación”, según el onceavo punto.
Legitimidad de elecciones
Los eurodiputados advirtieron: “Para que el Parlamento Europeo reconozca las elecciones y el Gobierno resultante de ellas, deben aplicarse los cambios solicitados por la OEA y las organizaciones internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y las libertades que permiten un proceso electoral libre, creíble y equitativo”.
En el mismo punto, instaron al Gobierno de Ortega modificar “inmediatamente” la Ley Electoral, de conformidad con los parámetros internacionales solicitados por la Organización de Estados Americanos; nombrar “a personas imparciales en las distintas estructuras electorales”; restablecer las personerías jurídicas de los partidos Restauración Democrática (PRD) y Conservador (PC).
Así como garantizar “la presencia sin restricciones de órganos nacionales e internacionales de observación electoral, comprometiéndose al mismo tiempo a respetar la convivencia política tras las elecciones”.
En diciembre pasado, la UE desconoció los resultados de unas elecciones legislativas en Venezuela, al considerar que no fueron “libres, justas ni democráticas” y el escrutinio “no representó la voluntad del pueblo venezolano”, dijo en ese entonces Josep Borrell.
