16 de noviembre 2021
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El régimen orteguista prepara su “respuesta” a una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA), que declaró “ilegítimas” las votaciones del pasado 7 de noviembre, para lo cual usará a todos los poderes del Estado, según avanzó el diputado orteguista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.
El Poder Legislativo —controlado por diputados orteguistas y colaboracionistas— es el que despuntará en esta estrategia conjunta por medio de una sesión plenaria que se realizará este martes, en la que aprobarán una resolución condenando la respuesta de los cancilleres aglutinados en la pasada Asamblea General de la OEA al proceso sin competencia política y bajo un clima de represión promovido por el orteguismo.
Porras anunció que esa misma resolución será replicada por el Poder Electoral, Ejecutivo y Judicial, todos subordinados al orteguismo.
“El objetivo de esta sesión plenaria es rechazar todas estas acciones injerencistas que violentan la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, por parte de ese desprestigiado organismo que es la OEA”, dijo Porras ante una batería de periodistas propagandistas del régimen.
Sesión de la OEA
El pasado 12 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega sufrió una derrota política en la Asamblea General de cancilleres de la OEA, cuando 25 países aprobaron la resolución que declaró “sin legitimidad democrática” las votaciones, en las que el caudillo sandinista se reeligió por tercera ocasión consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.
“También vamos a solicitar al resto de poderes del Estado a que nos continuemos manifestando para impedir que continúe esa actitud injerencista de este organismo (…) Además queremos llegar a un consenso para instar al presidente de la república para que denuncie la Carta (Democrática Interamericana) de la OEA”, añadió Porras.
Los cancilleres de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una “apreciación colectiva” de la situación del país, “de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, y que lo “tome las acciones apropiadas”, que pondrían al régimen de Ortega ante una posible suspensión del organismo.
Aunque Porras no mencionó nada sobre un retiro de Nicaragua del organismo regional, propagandistas de la dictadura en redes sociales han hecho eco del anuncio del diputado orteguista como una especie de principio de un proceso de salida del país como miembro activo de la OEA.
La resolución en la Asamblea General fue presentada por las delegaciones de ocho países: Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay. El único voto en contra fue el de Nicaragua, siete países se abstuvieron y uno se declaró ausente.
Según el registro de la votación, que anotó CONFIDENCIAL durante la transmisión, México, Honduras, Belice, Bolivia, Dominica, San Vicente y Granadinas y Santa Lucía se abstuvieron, mientras el país que estuvo “ausente” fue San Cristóbal y Nieves.
Salida tarda dos años
El mismo Ortega ha fustigado en diversas intervenciones a la OEA por su rol de condena al clima de violencia política y represión de Nicaragua, llamándolo incluso “una cloaca”.
“Somos miembros todavía, y de una vez por todas deberíamos de dejar de ser miembros de esa cloaca. Está claro que ese es un instrumento de dominación del imperio yanqui”, expresó Ortega, durante una intervención el pasado 24 de junio.
Según la carta de la OEA, el procedimiento de salida voluntaria de un país como miembro activo de la organización demora dos años, tiempo durante el cual el país mantendrá sus obligaciones y responsabilidades como cualquier otro miembro pleno de la organización. Además, Nicaragua también tendría que pagar cualquier pago pendiente que tenga con esa entidad.
El único caso de una salida de la OEA en su historia ha sido el de Venezuela, bajo la dictadura de Nicolás Maduro, uno de los principales aliados de Ortega. La representación de ese país ha sido ejercida por un funcionario de Juan Guaidó, al cual la mayoría de miembros del organismo reconocen como mandatario legal de Venezuela.
