2 de febrero 2016
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Tres organizaciones internacionales publicaron sus respectivos informes del año 2015 en los que exploran el estado de la corrupción pública y el funcionamiento de la democracia en el mundo. Nicaragua sobresalió en los reportes de Transparencia Internacional, Freedom House y The Economist Intelligence Unit como un país agobiado por la corrupción “sistémica”, y denominado el Gobierno que encabeza Daniel Ortega como un “Régimen Híbrido”, “parcialmente libre”
El de Transparencia Internacional mide la percepción de la corrupción del sector público apoyado de encuestas (entrevistas a empresarios, periodistas y organizaciones vinculadas al tema). Pero además recurre a informes del Banco Mundial (BM), Foro Económico Internacional, World Justice Project (WJP) y International Country Risk Guide para analizar a 167 naciones. Con esa información la organización formuló un ranking en la que Nicaragua ocupó el puesto 130.
El informe de Transparencia Internacional utiliza una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) para elaborar el ranking de los más corruptos. Nicaragua obtuvo 27 puntos. En América Latina los que son percibidos como más corruptos son Venezuela, que ocupa el puesto 158, seguido de Haití, Paraguay y Nicaragua.
Dayra Valle, coordinadora de programa del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), y experta en el tema de transparencia pública y presupuestaria, comentó que en los últimos años Nicaragua siempre se ha mantenido en los últimos 30 países de este ranking. Explicó que el tema de la corrupción es complejo y lo dividió en “gran y pequeña corrupción”.
“Cuando le preguntas a alguien por su percepción de la corrupción, tiene en mente la pequeña corrupción que son coimas en tramites, etc., pero también ve la gran corrupción que involucra el dinero público, de grandes hechos que han salido a la luz pública y que repercuten en la sociedad”, dijo Valle.
Los resultados obtenidos por Nicaragua en el índice de Transparencia Internacional responden a dos elementos claves relacionados a la lucha contra la corrupción: el institucional y el ciudadano, de acuerdo a Valle. “Esto tiene tres etapas, prevención, detección-investigación, y la sanción”, dijo la especialista. Sin embargo, aunque existan todas estas buenas disposiciones, en la mayoría de los casos se impone la voluntad política de los gobernantes.
“Vos podes crear leyes, pero esos mecanismos deben funcionar… ¿qué está pasando con los órganos de prevención: Procuradoría, Contraloría, Ministerio de Hacienda y Crédito Público?”, interrogó Valle. “Con el tema del castigo los casos deben pasar por un sistema judicial tras una investigación económica, pero quedan estancados por amparos; es un tema institucional. Cuando preguntas por la percepción de todos estos elementos, tenemos debilidades”, agregó.
Los ciudadanos —refirió Valle— están castrados para detectar la corrupción, porque no existe acceso a la información pública ni sistemas de rendición de cuentas. “Hay que incentivar a la ciudadania para participar en las auditorias sociales, pero hay poca participación y es un círculo vicioso”, lamentó la experta.
El sociólogo Manuel Ortega Hegg recordó que el informe de Transparencia Internacional coincide con el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de 2014, cuyos resultados arrojaron que el 70% de los encuestados coincidieron que la corrupción estaba “muy o algo generalizada” en Nicaragua. “Una situación distinta es la que expone la encuesta de FUNIDES, que señala que hasta el 80% de los empresarios encuestados identifican la corrupción gubernamental como uno de los obstáculos principales para la realización de su trabajo”, acotó.
El informe de Freedom House también determina que la corrupción en en Nicaragua es “sistémica” y “amenaza a la democracia”. Mientras que The Economist Intelligence Unit define que “la corrupción tiende a ser generalizada y el estado de derecho es débil”.
“Es una mezcla de elementos: la capacidad institucional se construye. La creas no solo desde el punto de vista legal, sino la implementación de este marco normativo y eso pasa por un tema de voluntad política, que influye en no dotar a las instituciones de presupuesto para tramitar delitos de corrupción, capacitar a los funcionarios en ética pública o crear mecanismos de detección”, aseveró la coordinadora de programa del IEEPP.
El diputado opositor Armando Herrera, presidente de la comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional, denunció que el gobierno del comandante Daniel Ortega se “maneja con una estela de oscuridad”, por lo que le gustaría cuestionarlo en su espacio parlamentario. Sin embargo, reconoce que está imposibilitado. “Para poder llamar a un funcionario hay que tener la firma de todos los diputados, y estamos en minoría de 11 a 3, no voy a lograrlo, pero mi voy a desenmascararlo con la gente, los medios de comunicación para que vean que en vez de ser una comisión de probidad es una comisión de impunidad”, sostuvo el legislador.
Desde el IEEPP, Valle advirtió que la corrupción cada día es más “compleja en el mundo” con la irrupción del crimen organizado que permea a los Estados por medio de organizaciones criminales más grandes y organizadas.
"Destruccción de institucionalidad"
El informe de Freedom House dictaminó que la libertad en Latinoamérica registró mejoras, pero la democracia en Centroamérica y Venezuela afronta serios riesgos. El organismo calificó a Nicaragua como un país “parcialmente libre”, con un puntaje de 54 (0 siendo peor y 100 lo mejor). Esta es la valoración más baja del istmo, detrás de Honduras, que recibió 45.
Sobre Nicaragua, Freedom House explica que "al contrario de otros países de la región, donde las pandillas criminales, la violencia política y la corrupción sistémica son las principales amenazas a la democracia, en Nicaragua la principal amenaza es la dominación política e institucional del Partido Sandinista”.
“En los últimos años, los sandinistas han ganado un considerable control sobre las fuerzas judiciales y de seguridad, la abolición de los límites del mandato, y se muestra una intolerancia de la disidencia”, agrega el informe.
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez sostuvo que el concepto empleado por Freedom House de “dominación política e institucional” sobre el gobierno del comandante Ortega no se corresponde con la realidad del país. El jurista dijo que lo que existe es “destrucción de la institucionalidad”.
“Las instituciones funcionan conforme lo dice la Constitución y las leyes, pero lo que hay es una destrucción de la institucionalidad y una suplantación de las mismas por la voluntad política, ni siquiera de un partido sino de dos personas. El asunto es mucho mas grave”, reflexionó el constitucionalista, en referencia a la pareja presidencial.
Álvarez también consideró “corto” decir que el gobierno sandinista ha ganado considerable control sobre las fuerzas judiciales y de seguridad. A su juicio, el comandante Ortega tiene “absoluto, ilimitado e incuestionable control” sobre las fuerzas judiciales y armadas. “El juez, el secretario, oficial, magistrado que se le ocurra no cumplir con un mandato de Ortega simplemente lo echan fuera. Entiendo el lenguaje de Freedom House, porque primero parten de análisis normativos y parcialmente fácticos y eso los lleva a hacer una aproximación bastante aceptable pero que todavía es lo suficiente fiel y reflejo de nuestra realidad”, afirmó el abogado.
¿Régimen híbrido o autoritario?
The Economist Intelligence Unit cataloga en su informe cuatro tipo de democracias: “Democracias completas”, “Democracias defectuosas”, “Régimen Híbrido” y “Regímenes autoritarios”. De los 37 “Regímenes Híbridos” identificados en el mundo, Nicaragua es uno de ellos.
El EIU define a un “Régimen Híbrido” como un país donde “las elecciones tienen irregularidades sustanciales que a menudo les impiden ser tanto libres y justas. La presión del gobierno sobre los partidos de la oposición y los candidatos puede ser común. La sociedad civil es débil. Por lo general, hay hostigamiento y presión sobre los periodistas, y el poder judicial no es independiente”.
Sin embargo, para el constitucionalista Álvarez Nicaragua debería encajar en la categoría de “Régimen Autoritario”. El jurista citó a los politólogos Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter quienes establecen que un “híbrido” se refiere a la transición de un modelo autoritario hacia un régimen democrático, en cuya conversión se pasa por un autoritarismo liberalizado y una democracia restrictiva.
“Aquí ocurre lo contrario: venimos de un régimen relativamente democrático, que no fue perfecto ni nada por el estilo”, dijo Álvarez, en referencia a los gobiernos surgidos después de la derrota de la Revolución Sandinista en 1990. Las administraciones Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, a juicio de constitucionalista, propiciaron la independencia de las fuerzas armadas, la separación de poderes, reformas administrativas y elecciones aceptables en general.
“Es decir un proceso de transición dentro del cual habían elementos autoritarios del viejo modelo de los ochenta, un régimen híbrido”, aclaró Álvarez. “Pero cuando pasas de una democracia, imperfecta si queres, pero donde existía libertad de prensa, sistema de rendición de cuentas, una Contraloría que mas o menos funcionaba, participación política, autonomía en los departamentos… ves que ibas avanzando; pero ahora vos ves una involución”, sostuvo el constitucionalista en referencia al gobierno del comandante Ortega.
Según Álvarez, el orteguismo actual no representa una transición de “Régimen Autoritario” a una democracia que produce una fase de “Régimen Híbrido”, sino un “modelo democrático con todas sus imperfecciones a un sistema claramente autoritario”.
El ejemplo más claro para este jurista de que Nicaragua no calza en la definición híbrida son los fraudes electorales. “Desde el punto de vista conceptual, Freedom House y The Economist Intelligence Unit se quedan cortos. Habría pasarlo a caracterización de regímenes autoritarios. Lo mas exitoso que ha hecho el comandante Ortega es que todavía afuera creen que es una democracia con defectos o un Régimen Híbrido cuando realmente funciona como un régimen autoritario”, valoró Álvarez.
