24 de octubre 2022
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La “renuncia por motivos de salud” de la magistrada Ileana Pérez, en medio de pugnas entre Rosario Murillo y Daniel Ortega, abrió las puertas el viernes 21 de octubre a un reacomodo de fichas del partido de gobierno en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que perdió su independencia desde hace décadas, según analistas consultados.
El máximo tribunal de justicia cuenta en la actualidad con diez magistrados, quienes ejercen sus cargos desde el 10 de abril de 2014. Cuatro de los magistrados se desempeñan en funciones administrativas: la presidenta Alba Luz Ramos, el vicepresidente Marvin Aguilar y en el caso de los magistrados Juana Méndez y Virgilio Gurdián, estos son parte del Consejo de Administración y Carrera Judicial.
“Eso significa que seis magistrados administran lo jurisdiccional: la sala civil, penal, lo civil (que estaba en manos de Ileana Pérez) y lo contencioso administrativo”, comentó un abogado bajo condición de anonimato, para quien es inminente que el FSLN dé paso al nombramiento de nuevos funcionarios.
Eliseo Núñez: Ortega pasa control a Rosario Murillo
Mientras se espera que el martes el plenario conozca y apruebe la renuncia de Pérez, quien previamente había sido democionada por intervención de la Secretaría del FSLN, el exdiputado opositor Eliseo Núñez advirtió que lo que se está dando es la consolidación de la sucesión a favor de Murillo en el Poder Judicial, porque Ortega le está “pasando el control de la Corte”.
Núñez indicó que ese poder del Estado estuvo en manos antes de personajes como el comandante Bayardo Arce y el coronel retirado Lenín Cerna, cercanos operadores del dictador sandinista, y un cambio, en el sentido de fortalecer a Murillo, significaría que las lealtades tendrían que migrar.
“Habrá otro jugador ahí. No estoy claro que el vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar, pueda seguir jugando un papel porque ese es de Ortega”, comentó Núñez en breves declaraciones, en las cuales también cuestionó el proceso anómalo cómo salió Pérez de la CSJ.
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Según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL, la democión de Pérez se debió a un coletazo de los viejos casos de corrupción en que supuestamente estuvo involucrada. Aunque actualmente la exfuncionaria se encuentra en su casa, bajo custodia policial, desde febrero pasado fue llevada a la prisión policial El Chipote para que respondiera por la propiedad de un narcotraficante, la cual fue asignada a su hermano, quien entonces se desempeñaba como juez de lo civil en la localidad de Rivas.
La dimisión se da además tras el arresto inesperado del vocero de la CSJ, Roberto Larios Meléndez, también leal a Ortega. Días antes, “por órdenes superiores” fueron destituidas la directora de Relaciones Internacionales y de Protocolo, Katia Jaentschke y Ruth Tapia Roa, respectivamente.
La exdirectora de Relaciones Internacionales es hija del exvicecanciller Valdrack Jaentschke, actual “ministro consejero” de Nicaragua en Costa Rica, mientras Tapia Roa fue secretaria de Defensa. También representó por un breve tiempo a Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y fue embajadora ante Francia.
La intervención del FSLN en la CSJ se intensificó cuando la cúpula del partido le quitó la semana pasada a la magistrada Ileana Pérez el control que ella ejercía sobre la jurisdicción de Rivas y Granada.
El sistema de justicia suele administrar en estos departamentos casos de valiosas propiedades costeras y de narcotráfico, una medida que dejó a la magistrada tambaleando en el cargo.
“Veo grave el tema de la Corte Suprema de Justicia. Olvidate un momento lo corrupta que pueda ser la Ileana Pérez, y de que Daniel (Ortega) es el que manda todo, pero el hecho de que un oficial obligue a renunciar a un magistrado significa que la Policía está en una posición absoluta de poder”, lamentó Núñez.
El exfuncionario judicial Yader Morazán coincidió en señalar lo arbitrario del proceso de salida de Pérez, de quien recordó que tiene inmunidad mientras los legisladores no acepten su renuncia.
Otra versión sobre destitución de magistrada
Según Morazán, la magistrada Pérez cayó en desgracia luego de las quejas de maltrato, externadas por militantes sandinistas a El Carmen (la residencia de Ortega).
Sobre este caso en particular, Morazán no ofreció detalles durante una entrevista este domingo al programa televisivo Esta Semana. “Eso fue algo que ella la magistrada no midió a la hora de tomar esa decisión (maltrato a militantes). A partir de eso, comienza la persecución en su contra y toman las medidas sacándole los actos de corrupción que se conocían desde hace tiempo”, alertó.
Igual que ha pasado con otros magistrados que se han separado del FSLN, el abogado agregó que el orteguismo también persigue al círculo cercano de los funcionarios. Según él, los últimos acontecimientos han provocado que muchos funcionarios judiciales hayan quitado ya de sus despachos las fotografías que presumían con Pérez.
“Existe un temor generalizado en la institución”, confirmó. Morazán suele recibir información de la Corte Suprema de Justicia. Además de las destituciones, la “renuncia de Pérez” y el arresto de Larios, se han dado otros casos de intervención partidaria en el Poder Judicial.
Según él, uno de esos casos es el del exdirector del Instituto de Medicina Legal Zacarías Duarte y su pareja, a quienes el régimen les prohibió supuestamente salir del país y les quitó sus pasaportes.
“La lealtad se está buscando a través de la represión y la misma represión que vemos en las calles se mira también en los poderes del Estado”, agregó. Morazán dijo que se barajan ya nombres de sustitutos de Pérez: los magistrados de apelaciones Octavio Rothschuh y Edgar Altamirano, ambos con notables expedientes como verdugos de los presos políticos.
Además: El eslabón represivo del orteguismo en el Tribunal de Apelaciones
El abogado de derechos humanos, Gonzalo Carrión, afirmó que se muestra una vez más que no existe institucionalidad en el país, sino que la función pública está sujeta a la voluntad del régimen.
Recordó que varios factores hacen que el país siga perdiendo, pero mencionó en especial la falta de rendición de cuentas. Este poder del Estado se encuentra desmantelado como otras instituciones del gobierno. “Están serruchando lo poco que queda de alguna columna de esa ruina llamada Corte Suprema de Justicia”, dijo.
