10 de agosto 2023
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La fiscal general Ana Julio Guido y el fiscal general adjunto Julio González Sandoval fueron entrevistados este miércoles 9 de agosto de 2023 en la comisión especial de la Asamblea Nacional como candidatos a ocupar la jefatura del Ministerio Público, despejando su camino para la reelección, según fuentes vinculadas a esa institución.
Guido y González Sandoval permanecen en el cargo desde el 9 de abril de 2014 y han dirigido una institución que se ha subordinado al régimen de Daniel Ortega, persiguiendo y encarcelando a opositores, señalada por organismos independientes de violación de derechos humanos.
La comisión especial parlamentaria informó que recibió siete postulaciones. La mayoría son desconocidos y fueron propuestos por Ortega, el presidente del Parlamento Gustavo Porras—operador político de la dictadura—, el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Según una nota publicada en la página electrónica del Poder Legislativo, los otros “candidatos” son Griselda Consuelo Altamirano, Ramón Arsenio Espinoza, Julio César Lacayo, Gabriela Alejandra Somarriba García y Ana María Velásquez.
En la información oficial no se especifica quién propuso a quién, pero Ortega tiene un control total en la Asamblea con 75 diputados de su partido y 15 repartidos entre los colaboracionistas políticos "zancudos". El más conocido de los “candidatos”, después de Guido y González Sandoval, es el abogado Espinoza, vinculado al PLC, quien fue propuesto sin éxito en mayo de 2021 por esa organización para convertirse en magistrado del Poder Electoral.
“Es extraña esta elección, porque si él (Ortega) quiere, los deja ahí el tiempo que quiera. Ahora es constitucional que se mantengan en el cargo, si no los reeligen. El hecho que hayan incluido a Guido y salga que cumplen los requisitos, indica que la van a reelegir definitivamente y goza de la confianza del círculo en el poder”, admitió la fuente consultada.
A partir de la convocatoria para el cargo a fiscal general, publicada el 24 de julio de 2023, surgieron varias inquietudes sobre quién reemplazaría en el cargo a Guido y si el FSLN buscaría a alguien interno del Ministerio Público. Entre estos se mencionó al inspector general Douglas Vargas y al jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Javier Morazán, éste último a cargo de un equipo encargado de fabricar casos contra presos políticos.
Sin embargo, el FSLN disipó las dudas sobre ese camino y recibieron a Guido y González, quienes fueron “entrevistados”. La presidenta de la comisión especial formada para la elección del fiscal general, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, dijo que presentarán—sin especificar la fecha— un informe y un dictamen a la Primera Secretaría del Parlamento. Posteriormente será enviado al plenario, de acuerdo a los procedimientos.
Estados Unidos sancionó a Guido el 9 de octubre de 2020, por su responsabilidad en la represión contra opositores, y en noviembre de 2021 hizo lo mismo con el Ministerio Público como institución. La Administración Biden también castigó el 15 de julio de 2022 a 23 jueces y fiscales por “socavar procesos o instituciones democráticas”.
En un informe del Grupo de Expertos de derechos humanos de Naciones Unidas, presentado en marzo pasado, se hizo énfasis en la falta de independencia del Poder Judicial y una falta de apego a las garantías procesales “e incluso a acusaciones fabricadas por el Ministerio Público”.
Víctimas denuncian un sistema judicial “viciado”
Tres expresos políticos, de un grupo de 222 que fueron desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023, cuestionaron las actuaciones de la Fiscalía, la que consideraron subordinada a Ortega. En eso coincidieron los exreos de conciencia: Juan Sebastián Chamorro, Samantha Jirón y José Antonio Peraza.
Chamorro, exprecandidato a la presidencia encarcelado en 2021, dijo que los fiscales en general son fanáticos servidores de la dictadura y los describió como claves en el proceso de asegurar el veredicto de culpabilidad.
“Era bastante obvio la coordinación que había entre la fiscal en el caso nuestro, en el juicio, nosotros y el juez Félix Salmerón. A tal punto de que en algunos momentos ella se miraba muy oficiosa recomendando cosas o llamándoles la atención”, recordó Chamorro.
Salmerón es uno de los judiciales que forma parte de una maquinaria que condenó a centenares de presos políticos, procesos en los cuales fueron también útiles la Policía y los fiscales.
Jirón calificó como “viciado” todo el sistema de justicia y dijo que el Estado de derecho en Nicaragua es decadente, lo que afecta tanto a los presos políticos como a los comunes.
Según datos del mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas, cortados a junio de 2023, hay todavía 64 reos de conciencia en Nicaragua, tras el destierro masivo de febrero. Eso incluye a 10 que fueron confinados antes de 2018. El caso más notable es el del obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra en una celda de máxima seguridad en La Modelo en Tipitapa condenado el 10 de febrero de 2023 a 26 años y cuatro meses de prisión.
“Varias veces se ha mencionado que tenemos el segundo mejor marco jurídico de Latinoamérica y de los países de Centroamérica, pero tristemente no se aplica. O sea, en la práctica tenemos cero literalmente un Estado de derecho”, lamentó Jirón.
El analista político José Antonio Peraza, experto en temas electorales detenido también hace dos años, repudió que la subordinación de la Fiscalía a Ortega es extensiva a las otras instituciones del Estado. Rechazó los procesos judiciales fabricados por el Ministerio Público. “Era gente que no hallaba qué decir (…) Yo no soy abogado, pero te puedo decir que los fiscales y jueces estaban totalmente de acuerdo para condenarnos”, denunció el experto.
