21 de diciembre 2022
AA
Share
El régimen Ortega-Murillo puso punto final este miércoles 21 de diciembre al nombramiento de Marcela Pérez Silva, viuda del fallecido comandante sandinista Tomás Borge Martínez, como embajadora de Nicaragua ante Perú, según el acuerdo presidencial número 184-2022.
Pérez Silva asumió ese puesto en junio de 2012, poco más de un mes después del fallecimiento de su esposo, quien fue su antecesor. Se desconoce si la cantante y actriz peruana será nombrada en otro cargo por la dictadura, de la que ha sido una acérrima defensora.
A las puertas del décimo aniversario del fallecimiento de Borge, a finales de abril pasado, por ejemplo, Pérez Silva ofreció una versión sesgada sobre la situación de Nicaragua en el marco de la inauguración de una muestra de fotografías que pretendía recordar el “legado ético” de Borge, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Para la exembajadora Pérez, la masacre de 2018 debe considerarse una victoria, cuando “el pueblo de Sandino, con Tomás como estandarte luminoso, logró derrotar el fallido golpe de Estado, orquestado desde Washington a través de sus oenegés (USAID, NED)”.
La funcionaria respaldó la tesis con que Ortega justificó una brutal represión contra manifestantes pacíficos que pidieron su renuncia y la de la vicepresidenta Rosario Murillo, tras el reclamo popular por una reforma inconsulta a la seguridad social.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 355 murieron en el contexto de las protestas y 2000 resultaron heridas. La cúpula de la Policía fue señalada de la comisión de delitos de lesa humanidad.
Le recomendamos leer: Obispo Silvio Báez: “Los tiranos de hoy siguen siendo como Pilatos, cínicos y crueles”
Los casos denunciados se encuentran, sin embargo, en la impunidad, mientras Ortega alega una supuesta intervención extranjera para sostener un estado de facto policial que ha conculcado los derechos de los ciudadanos. Nicaragua es hoy uno de los más graves casos en materia de DD. HH. en la región.
“La mayor victoria de Tomás es que, a pesar de lo que ellos quisieran, en Nicaragua reina la paz, custodiada por los centinelas de la alegría del pueblo: la Policía que Tomás fundó”, afirmó la exembajadora en abril pasado.
Borge es recordado por su pasado represivo en los ochenta, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior, pero también por su enriquecimiento producto de la venta de tierras de las cuales se apropió a final de la revolución y cuya venta aceleró después que Ortega asumió el poder en 2007.
Embajador en Colombia duró tres meses
En la misma Gaceta de este 21 de diciembre, Ortega comunicó otros cambios en el cuerpo diplomático, el más destacado de ellos, la remoción del embajador de Nicaragua en Colombia, Gadiel Francisco Arce Mairena, quien fue trasladado como ministro consejero con funciones consulares a Perú después de durar tres meses en Bogotá.
No se reporta tampoco el nombramiento de ningún embajador en Colombia, pero sí hay una nueva ministra consejera en ese país: Milagros del Carmen Urbina Rocha.
La relación diplomática con Colombia ha estado marcada por tensiones en los últimos años. El gobierno de Iván Duque denunció las violaciones de derechos humanos cometidas por Ortega contra los mismos nicaragüenses en su administración.
Su sucesor Gustavo Petro, desde que era candidato, cuestionó que en Nicaragua han sido encarcelados quienes hicieron la revolución, refiriéndose a la comandante Dora María Téllez, actual prisionera de conciencia.
En una reciente entrevista con la revista Semana, de Colombia, Petro dijo que Ortega rechazó una petición de liberación de los reos de conciencia. En la actualidad, hay al menos 235. Sus familiares han denunciado las graves condiciones a las que se encuentran sometidos. Han sido víctimas de aislamiento y torturas. También la relación entre ambos países está mediada por el diferendo de ambos países en la Haya, en que Nicaragua ha resultado ganador desde 2012, una sentencia que Colombia se niega a acatar.
