26 de noviembre 2018
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Al impedir que los nicaragüenses puedan manifestarse en espacios públicos --como lo hizo a través de la Policía contra la convocatoria de este domingo-- el régimen de Daniel Ortega expone el estado dictatorial en el que está sumido el país, evidencia la “desprotección total de la ciudadanía”, y cómo su mandato se ha agotado, sostienen abogados expertos en Derecho Constitucional.
“El comandante Ortega tiene una vocación antidemocrática, y, en la medida que ve en riesgo su poder cierra todos los espacios políticos (…) Al negar el permiso para realizar la marcha queda aun más en evidencia la naturaleza dictatorial, restrictiva de los derechos y el estado de salvajismo que estamos ahorita”, sentencia el jurista Gabriel Álvarez, al referirse a la renuencia de la Policía Nacional de permitir la marcha feminista prevista para este domingo, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer.
El experto en Derecho Constitucional sostiene que la manifestación pacífica es un derecho contemplado en la Constitución Política de Nicaragua y al privar a los nicaragüenses de este derecho, también se viola la Constitución.
El también abogado y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, valora que “definitivamente la Constitución no existe", para Ortega, pues actúa como si esta fuera "letra muerta".
"Ortega ya no gobierna"
"Para mí --agrega Pallais--, Daniel Ortega ya no gobierna porque el gobernante juega en torno a la Constitución que fue hecha a su medida. Una camisa que Ortega acomodó a su visión totalitaria, pero ya esa misma camisa que se hizo, ya le explotó. Ya no negocia, ya no toma iniciativa, es un bribón que lo único que tiene es la fuerza para imponerse y va a durar lo que esa fuerza le permita mantenerse en el poder”.
Ambos juristas, entrevistados en el programa Esta Semana, aseguran que aun en un sistema dictatorial, los ciudadanos saben cuáles son las pocas libertades civiles que tienen, pero en Nicaragua no es así.
“Las leyes dictatoriales establecen que el ciudadano no tiene derecho a lo que en otro país puede tener. El cubano, por ejemplo, sabe a qué atenerse, sabe cuáles son sus reducidos espacios o esferas de libertad. En Nicaragua no existe eso, no sabemos cuándo la Policía decide que sos o no sos delincuente”, reclama Álvarez.
El régimen de Ortega ha encarcelado a más de 600 personas que se unieron a las protestas que iniciaron el 18 de abril. Todas están siendo acusadas de terrorismo, perjuicios al Estado, asesinatos u otros delitos. Según denuncian sus familiares y organismos de derechos humanos, estos reos políticos son torturados en las cárceles y también se les ha negado el acceso a la salud de calidad.
Ortega se verá obligado a buscar una salida
A pesar que no hay voluntad por parte del Gobierno en buscar una salida pacífica a la crisis que se vive en el país, tanto Álvarez como Pallais, aseguran que en la medida de lo posible se debe buscar una solución dentro del marco constitucional.
“La crisis nos está desbordando a todos porque la crisis avanza aceleradamente y hay falta de voluntad de sentarse a encontrar una salida que le conviene al Frente Sandinista porque para asegurar su subsistencia, sus principios, sus ideas debe lograr que esta crisis no les explote”, dice Pallais.
En un posible escenario en que Ortega renuncie, concuerdan los expertos, quien debe asumir la presidencia interina sería el presidente de la Asamblea Nacional y en las próximas 72 horas debería designar a alguno de sus miembros para terminar el período presencial, según lo establece la Constitución Política.
“Él (Ortega) no puede seguir gobernando. No tiene ninguna iniciativa política y esa resolución policial de no dejar marchar. Es una manifestación de la fuerza bruta que pretende disfrazar la impotencia del comandante Ortega para gobernar. Entonces, lo que está claro es que Ortega va a verse obligado –ojalá que por criterio racionales y no por la fuerza de los hechos- a buscar una salida”, dijo Álvarez.
Convocarán a otra marcha
A pesar que la Policía Nacional impidió que la Unidad Nacional y las feministas realizaran la marcha prevista para el 25 de noviembre, fecha que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, aseguraron en conferencia de prensa que esta semana convocarán a otra marcha.
“Estamos en 16 días de activismo en contra de la violencia y por los derechos humanos de toda la ciudadanía. En estos 16 días de activismo nosotros vamos a señalar una fecha y vamos a llevar nuevamente una carta de notificación a la Policía Nacional para cumplir con ese requisito administrativo”, dijo Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres.
Por su parte, José Dolores Blandino, afirmó que el documento que presentarán ante la policía será solo para informarles que saldrán a marchar y no para pedir permiso. “Yo no estoy firmando un papel para pedir permiso. Yo estoy comunicando al Gobierno que vamos a marchar. Aquí dice mucho que vamos a pedir permiso, pero es un derecho que ellos no nos pueden quitar”.
Asimismo, negaron las acusaciones que hizo la Policía Nacional de provocar “actos vandálicos y de terrorismo”. Y dijeron que continuarán manifestándose.
“No renunciamos en ningún momento a seguir movilizándonos. No renunciamos a seguir expresándonos y a seguir demandando el cese a la violencia. Cese a la represión. Para nosotras la respuesta del régimen es miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Los ciudadanos que estamos en la Unidad Nacional Azul y Blanco, en la Articulación de feministas y en otros espacios ciudadanos le hemos dicho a este gobierno exigimos que halla libertad, paz, que no halla violencia ni represión”, concluyó Ana Quiroz, miembro de la Articulación Feminista.
