5 de octubre 2019
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El dictador Daniel Ortega amenazó con denunciar a sus opositores ante la justicia internacional y aseguró que ya está trabajando en ello. “Si aquí habría que llevar a Corte Penal Internacional alguna es a los criminales que promovieron estos crímenes”, dijo Ortega. Luego enfatizó: “Estamos trabajando, estamos documentando, no crean que ya ellos nada, están felices y tranquilos como para seguir intentando hacerle más daño al pueblo”, advirtió.
Ortega pronunció su amenaza durante la conmemoración del 140 aniversario del natalicio del héroe nacional Benjamín Zeledón; sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha ratificado el Estatuto Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, por lo que la denuncia del dictador nicaragüense no tendría cabida en ese tribunal.
El mandatario entizó que van a fortalecer el marco jurídico legal para “librar esta batalla” y espera que “esto les permita entrar en razón a los nicaragüenses que están en estas actitudes de traición a su pueblo, de traición a la patria”.
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Según Ortega los líderes de la oposición que han viajado a Estados Unidos reciben financiamiento “que viene de los impuestos del pueblo norteamericano”, todo con el objetivo de participar en campañas “para dar la imagen de un país en el que no existe ni paz ni estabilidad”.
Durante su discurso retórico sobre la "ocupación yankee", el dictador reclamó: “Vemos el desfile de los vendepatria, como se aumentan los vuelos y el financiamiento para que estén viajando continuamente a pedir que se agreda al pueblo nicaragüense, y lo hacen tranquilamente y se toman la foto allá con los representantes del Gobierno norteamericano y se empeñan en mostrarla aquí para hartarse de que ellos son los elegidos por el yankee”, dijo.
A finales de septiembre, una delegación de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco viajó a Washington para reunirse con congresistas norteamericanos y miembros de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Ortega prohibió el ingreso al país a mediados de septiembre. La Comisión busca que el Gobierno de Ortega reinstale el diálogo nacional en busca de una salida pacífica a la crisis nicaragüense. En la gira a Washington, la comitiva opositora también aprovechó para demandar sanciones específicas contra operadores políticos de la dictadura que actúan como cómplices de la corrupción y las violaciones sistemáticas contra los derechos humanos de los nicaragüenses.
Ortega dejó ver su temor a las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de su régimen e hizo suyas las palabras del otrora obispo de León, Simeón Pereira y Castellón (q.e.p.d), quien en 1912 pedía “un entendimiento” entre Nicaragua y Estados Unidos. “Se lo decimos a los Estados Unidos… a pesar de todo lo que ha pasado, de todo el daño que han provocado, creemos aún ventajoso que haya un entendimiento entre nuestra patria y la nación estadounidense, pero que este sea siempre sobre la base de la equidad y de los mutuos intereses”, subrayó Ortega.
Además, Ortega lamentó que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no se parezcan en nada al obispo Pereira y Castellón. “Pudiesen por lo menos decir queremos la paz, no queremos sanciones, el pueblo sufre, no, nada de eso. Por lo menos cuando sacan sus comunicados que salen con la firma de todos, nunca se manifiestan”, se quejó. La semana pasada, los obispos de la Conferencia Episcopal denunciaron la criminalización de la protesta cívica y persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua.
"Protestar –dijeron los obispos en su mensaje– ha derivado en acciones que atentan contra la vida humana, coartan la libertad de las personas y ciegan el conocimiento de la verdad, de los hechos y de nuestra historia desde el 18 de abril de 2018”.
A mediados de 2019, el régimen canceló el diálogo nacional suspendido desde mediados de mayo por la Alianza Cívica, tras el asesinato del preso político Eddy Montes, en la cárcel La Modelo. La dictadura de Ortega también mantenía empantanada la negociación con su falta de compromiso para restablecer las libertades públicas de Nicaragua, mientras exigía que la oposición demandara el cese de las sanciones contra su Gobierno. Desde el estallido de la crisis nicaragüense, que ha dejado al menos 328 muertos confirmados, diez funcionarios del Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidente Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega Murillo, han sido sancionados por los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
En su intervención, Murillo también reiteró el discurso antimperialista y proclamó una serie epítetos en contra de quienes se oponen a su régimen, en un afán de descalificar los reclamos de justicia por los más de 325 asesinatos que dejó la represión en contra de la Rebelión de Abril.
“Reitero que los traidores son plagas y ahí están, son comejenes que se reproducen, hongos, bacterias que se reproducen”, dijo Murillo. Luego de criticar a la oposición, la funcionaria quiso mostrarse muy segura y expresó: "Estamos seguros que los párrafos que describirán las circunstancias y los momentos que hemos vivido como pueblo en los cuarenta años de revolución (cuarenta aniversario del triunfo de la revolución), que esos párrafos brillantes van a ser retomados en el futuro como ejemplo de la capacidad de lucha y de triunfo, de la valentía, de la dignidad”, subrayó.
