18 de mayo 2024
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El dictador Daniel Ortega reapareció este 18 de mayo para "amenazar" a la banca nacional que, a su juicio, "parece cómplice" de las personas, medios de comunicación y organizaciones confiscadas por su régimen, a quienes calificó como "estafadores".
"Ahí están pegando brinco algunos bancos, que más bien parecen cómplices de los estafadores (...) se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables", dijo Ortega al finalizar un acto oficial por el 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino.
Por otro lado, Ortega reconoció que las propiedades confiscadas representan "varios millones" de dólares y se excusó diciendo que estos bienes "incautados" fueron declaradas propiedad del Estado "para beneficio de los pobres, para invertirlos en los programas sociales; desde vivienda, salud, educación, seguridad social".
Según el dictador, todas esas propiedades confiscadas "se movían en el lavado de dinero".
"Pero lo importante es que esa riqueza mal habida que estaba en manos de delincuentes, esa riqueza mal habida está en este momento en manos del Estado a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud", insistió en su discurso Ortega.
Confiscaciones superan los USD 250 millones
El intento de justificar las confiscaciones ocurre dos días después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), que calculó que las confiscaciones de bienes efectuadas en Nicaragua, tienen un costo de —al menos— USD 250 millones los que tendrán que pagar los ciudadanos, al constituirse en deuda pública.
La investigación denominada "la Nueva Piñata Ortega-Murillo" revela que las confiscaciones iniciaron en 2018, pero se intensificaron en febrero de 2023, a partir del destierro de un grupo de 222 presos políticos, y la desnacionalización de 94 ciudadanos que le seguiría poco después.
Durante estos seis años, el régimen ha confiscado viviendas, propiedades, medios de comunicación, oenegés, universidades, cámaras empresariales e iglesias.
Los autores del texto admiten que el cálculo de USD 250 millones para estas nuevas confiscaciones es muy preliminar, dada la falta de información disponible, tanto por la opacidad del régimen, como del temor de los afectados.
PGR: confiscados por delitos contra la "paz"
Al igual que Ortega, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó justificar las ilegales confiscaciones en Nicaragua, aduciendo que ellos simplemente han "recuperado para el pueblo de Nicaragua", centenares de propiedades que, valoran, eran "usufructuadas indebidamente" por particulares.
En una nota de la PGR, divulgada el viernes 17 de mayo de 2024, señalan que la "transferencia al Estado de Nicaragua" de centenares de propiedades, es el resultado de una serie de procesos penales relacionados con el "narcotráfico, lavado de dinero y la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberanía, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses".
Según la narrativa del régimen, el Estado de Nicaragua también habría "recuperado propiedades" que pertenecían a Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), debido al incumplimiento de la legislación que regula a los OSFL.
En estas situaciones "lo que ha prevalecido, es la restitución del Estado sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente, mediante subterfugios legales", se lee en la nota de la PGR.
