7 de septiembre 2021
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Nicaragua no es Venezuela, ni Afganistán, pero el columnista del Miami Herald Andrés Oppenheimer alcanza a compararnos con ambas naciones: con la sudamericana, por los niveles de represión estatal en contra de los ciudadanos, que dejó más muertes acá, sea que se las mida en términos relativos o absolutos. Y con la asiática, para mostrar los diferentes raseros con que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mide a algunas naciones.
Desde el estallido de la Rebelión de Abril, el surgimiento de conflictos políticos o desastres naturales, ha servido para distraer la atención de la comunidad internacional –desde las multitudinarias protestas en Colombia o en Chile, hasta la retirada estadounidense de Afganistán, el terremoto en Haití y las protestas en Cuba, con la pandemia de covid-19 como común denominador global.
En ese período, el mundo ha tenido muchas razones para olvidar los “masivos abusos” de Daniel Ortega, “contra los derechos humanos” de los nicaragüenses. “Según Human Rights Watch, más de 300 nicaragüenses murieron y 2000 resultaron heridos por policías y matones paramilitares en protestas contra el Gobierno en 2018”, detalla el periodista.
En comparación, señala que la represión dictada por el régimen de Nicolás Maduro, mató a menos de la mitad de esa cifra, destacando la diferencia poblacional: 32 millones en Venezuela; 6.3 millones en Nicaragua, con lo que la proporción se magnifica por un factor de más de cinco.
“Y aunque el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha permitido que algunos líderes de la oposición permanezcan fuera de la cárcel, para mantener una fachada de apertura política, Ortega de Nicaragua, en los últimos meses, ha ilegalizado a todos los principales partidos de la oposición y ha encarcelado a los siete principales contendientes presidenciales del país”, a los que les ha imputado cargos por falsos delitos de traición a la patria, o blanqueo de capitales, entre otros.
Daniel Ortega sigue recibiendo dinero
En ese contexto, recordó que el 23 de agosto, el régimen anunció que había recibido un paquete de asistencia financiera de 353.5 millones de dólares de parte del Fondo Monetario Internacional, y que “ese y otros préstamos de organizaciones regionales ayudarán a Nicaragua a aumentar sus reservas extranjeras a un récord histórico de más de $3.6 mil millones, dijo el Gobierno”.
Al revisar las opciones de la comunidad internacional para tratar con Ortega, el comentarista señala que “la Organización de Estados Americanos debería suspender a Nicaragua bajo la Carta Democrática Interamericana.... Eso tendría un gran impacto, porque es un país pequeño que depende en gran medida de la ayuda internacional”.
A lo largo del primer semestre, la Administración de Daniel Ortega recibió casi 9200 millones de córdobas con el supuesto de que se usarían para combatir el covid-19, ayudar a las víctimas de los huracanes Eta y Iota, además de construcción de carreteras y reparación de escuelas, entre otros, sin que países y organismos multilaterales -prestatarios o donantes- tomaran nota de la situación de inseguridad en que viven los ciudadanos, por causa de la represión estatal.
“En segundo lugar, el FMI debería dejar de dar dinero a la dictadura de Ortega. El desembolso reciente, bajo el paquete especial de derechos de giro del FMI para ayudar a los países a combatir la recesión causada por la pandemia, va directamente al Banco Central de Nicaragua. Eso significa que el régimen de Ortega puede usarlo para lo que quiera”.
“El FMI puede negar tales desembolsos a países que son graves violadores de los derechos humanos cuando la mayoría de sus países miembros deciden no reconocer al Gobierno de un país, me dijeron fuentes cercanas a la institución financiera. El FMI negó recientemente esos fondos a Afganistán después que los talibanes asumieron el poder y lo había hecho antes, con la dictadura de Venezuela. ¿Por qué Nicaragua consiguió un pase?”, se pregunta el columnista.
Definir criterios más éticos
En efecto, el 18 de agosto de 2021, el portavoz del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, dijo que “como siempre es el caso, el FMI se guía por las opiniones de la comunidad internacional. En la actualidad, existe una falta de claridad dentro de la comunidad internacional con respecto al reconocimiento de un Gobierno en Afganistán, como consecuencia de lo cual el país no puede acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG) u otros recursos” del Fondo.
Al respecto, el politólogo y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Alberto Cortés, explicó que “en el caso… del FMI, está claro que no hay un criterio en el que el tema de la gobernabilidad democrática, o la crisis social, jueguen o tengan un peso en la definición de qué proyecto se aprueba o no, al otorgar financiamiento a un país que vive una situación como la que pasa Nicaragua, con un gobierno claramente autoritario, que viola su propio Estado de Derecho”.
“Ese es uno de los temas que la banca multilateral tiene que revisar en el futuro: avanzar a la aprobación de una serie de principios, en la que el tema de los derechos humanos debería estar incluido como parte del análisis que se hace a la hora de aprobar programas, proyectos o donaciones”, añadió.
Finalmente, Andrés Oppenheimer opina que “Estados Unidos y otros países podrían incluir a los funcionarios nicaragüenses sancionados en la llamada Lista de Prohibición de Vuelo. Una base de datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntos terroristas a los que no se les permite abordar vuelos que vuelan hacia o sobre el país. Otros países podrían hacer lo mismo”.
“Depende de todas las democracias acabar con la racha de buena suerte del tirano nicaragüense”, concluye el periodista.
