23 de agosto 2019
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Dos coaliciones opositoras de Nicaragua solicitaron este jueves a la OEA "proceder a la brevedad posible" con el nombramiento de una comisión que ayude a solucionar la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y una economía en caída libre.
La petición fue hecha por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco en una carta enviada a la presidenta del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la embajadora de Granada Yolande Yvonne Smith.
En la misiva, cuya copia fue enviada a la prensa, ambos bloques opositores observaron que el Gobierno del presidente Daniel Ortega dio por clausurado el 30 de julio pasado la mesa de negociación que mantenía con la Alianza Cívica para buscar una salida a la crisis, pese al llamado de la OEA.
Resolución de Medellín
La 49 Asamblea General de la OEA aprobó una resolución en la que insisten en el reintegro a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus mecanismos.
En la resolución de Medellín, Colombia, se ordenó al Consejo Permanente de la OEA que "realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días", así como que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General, "si es el caso".
Además, ordenaron la creación de una comisión diplomática para ayudar a solucionar la crisis del país.
Sin embargo, casi dos meses después, aún no se conforma esa comisión.
Canadá y Chile
Por su parte, los embajadores de Canadá y de Chile ante el Consejo Permanente solicitaron este jueves a la Presidencia de ese organismo que se incluya el tema de la crisis nicaragüense en la próxima reunión del Consejo, de la cual todavía no hay fecha.
Ambas misiones pidieron también que en esa reunión el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presente un reporte sobre la situación actual de Nicaragua y los esfuerzos de la OEA para apoyar el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Ambos países son integrantes del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, que se conformó el año pasado para dar seguimiento a la crisis nicaragüense. Canadá sancionó, en junio pasado, a nueve altos funcionarios nicaragüenses, entre ellos a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo; el hijo de la pareja presidencial, Laureano Facundo Ortega Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; y el jefe de la Policía del régimen y consuegro de los dictadores, Francisco Díaz. Todos son señalados de violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Petición de opositores nicaragüenses
La Alianza Cívica y la Unidad Nacional solicitaron además la creación de esa comisión y que "inicie sus acciones diplomáticas tomando en cuenta la negativa del Gobierno de Nicaragua a continuar con el diálogo ya iniciado, cuya agenda acordada ha quedado inconclusa lo que ha profundizado la crisis política, económica, social, humanitaria y de derechos humanos que desde hace más de un año azota a nuestro país".
"En especial, respetuosamente solicitamos que se elabore un informe que contemple la negativa al diálogo de parte del Gobierno y la falta de voluntad para continuar las negociaciones con la Alianza Cívica, que pretendían encontrar una solución pacífica y efectiva a la grave crisis imperante en Nicaragua", señalaron en el documento.
Asimismo, advirtieron que el cierre del diálogo por parte del Gobierno desatiende lo resuelto por la Asamblea General.
Represión continúa
En ese contexto, denunciaron que el Estado ha continuado con su política de "represión y estado policial", mantiene en prisión a más de 120 opositores y obligado a miles de nicaragüenses a buscar refugio y asilo en el exterior.
A eso se suman las violaciones a derechos humanos, incluida la libertad de prensa y expresión, así como la falta de avances en las reformas institucionales que permitan revertir las alteraciones del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, agregaron.
Por tanto, en caso de crear la comisión y sobre la base de la negativa gubernamental para la continuidad de la negociación recomendada por la Asamblea General y ante el incumplimiento de los acuerdos alcanzados, piden considerar "no hacer uso por innecesario de la totalidad del plazo de 75 días" que han concedido a dicha comisión.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
