Beatriz Pascual Macías
28 de julio 2018
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Washington.- El Gobierno de Daniel Ortega podría enfrentarse en los próximos días a la creación de una "comisión especial" en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) o a la congelación de préstamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informaron a la agencia española Efe fuentes diplomáticas.
Esas son dos de las acciones que están considerando ocho de los 34 países que son miembros activos de la OEA: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. Por el momento, la opción que más fuerza ha ganado es la creación de una "comisión especial" que dependería del consejo permanente de la OEA y que daría seguimiento a la crisis en Nicaragua, la más sangrienta desde los años ochenta, con al menos 300 muertos, según cifras de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La creación de esa "comisión especial" se haría mediante la aprobación de una resolución, que podría votarse la semana próxima y requeriría el apoyo de 18 países. Si se da el visto bueno a su creación, la comisión estaría compuesta por un máximo de 12 Estados miembros y podría llegar a designar una misión para que visite Nicaragua; lo que necesitaría el consentimiento del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cada vez más crítico con la OEA.
Presión económica a Ortega
Según las fuentes diplomáticas, otra de las alternativas es incrementar la presión económica contra Ortega mediante el bloqueo de préstamos BID, que actualmente tiene una cartera activa de 624 millones de dólares para Nicaragua.
El directorio ejecutivo del BID, donde están representados sus 48 integrantes, tiene la última palabra para suspender los desembolsos a un Gobierno prestatario y, hasta ahora, esa cuestión relativa a Nicaragua no ha sido discutida, dijo uno de los portavoces del organismo.
La última vez que el BID congeló temporalmente los fondos a un país fue en 2009, después del golpe de Estado en Honduras que depuso a Manuel Zelaya como presidente.
Aparte de estas dos opciones, existe una tercera vía "más dura", que está impulsando Estados Unidos y que consiste en la aprobación de una resolución para determinar que en Nicaragua se ha producido "una alteración del orden constitucional", que afecta "gravemente su orden democrático".
Aplicar la Carta Democrática
Esa declaración iniciaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla un proceso gradual en sus artículos 20 y 21, que va desde las gestiones diplomáticas hasta, en caso de fracasar estas, la suspensión de Nicaragua de la OEA, con lo que dejaría de participar en sus programas y actividades.
La OEA ya intentó suspender a Venezuela del organismo, pero fracasó al no lograr los 24 votos que son necesarios.
El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz, fue el primero en aludir en público la idea de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, debido a la posibilidad de que se haya vulnerado una de sus "columnas vertebrales", que es "la garantía y el respeto a los Derechos Humanos".
González Díaz hizo esas declaraciones el 18 de julio, cuando la OEA aprobó una resolución de condena a la violencia en Nicaragua; y desde entonces Washington ha recogido el testigo, aunque con una postura más dura, afirmaron las fuentes diplomáticas.
Varios países temen que la aplicación de la Carta acabe por "arrinconar" a Ortega y provocar que niegue la entrada en territorio nicaragüense de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA que está jugando un papel muy importante en el diálogo nacional mediado por la Iglesia.
"El sentimiento entre algunos países es que no queremos ser nosotros quienes cerremos esa puerta", resumió una de las fuentes consultadas por Efe.
La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene la OEA y solo se ha aplicado a dos naciones: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado contra Zelaya; y Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.
Esta semana se cumplieron cien días del inicio de las protestas contra Ortega, un movimiento que comenzó por unas fallidas reformas de la seguridad social y que se ha convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder.
