23 de junio 2023
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Los cancilleres agrupados en la 53° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron por aclamación una resolución de condena en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, instándolos a “cesar todas las violaciones a los derechos humanos y respete los derechos civiles, políticos y religiosos de los nicaragüenses”.
La resolución, aprobada por unanimidad por los 32 representantes de Estados presentes —con la salvedad de Nicaragua y Venezuela que no participaron—, demanda también cesar la persecución contra “periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y comunidades religiosas, respetando el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica”.
Solamente la delegación de El Salvador solicitó añadir un “pie de página” señalando que este país “reafirma su posición de principios en materia de derecho internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro país”.
La propuesta de resolución, titulada como “La Crisis de Derechos Humanos en Nicaragua”, fue presentada por Canadá y pasó por varias revisiones de los representantes de los países miembros, un proceso polémico debido a un primer intento de la representación de Brasil de suavizar el documento, para que no fuera tan crítico con el régimen orteguista.
La resolución tuvo como Estados copatrocinadores a Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Chile y Costa Rica.
Última Asamblea de cancilleres con Nicaragua como miembro
Esta es la última Asamblea de cancilleres de la OEA en la que Nicaragua todavía es miembro. En noviembre de 2021, la dictadura denunció la Carta Constitutiva de la OEA e inició la salida del organismo, en un proceso que es efectivo en un plazo de dos años. La decisión orteguista se dio porque la Asamblea de cancilleres de ese año rechazó la legitimidad de las elecciones presidenciales que le dieron la reelección a Ortega.
La resolución demanda al régimen que libere de forma “inmediata e incondicional a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
También insta a que “el Gobierno de Nicaragua se abstenga de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y a que brinde información sobre la salud física y psicológica del obispo Rolando Álvarez, a quien —según la información recibida— se le mantiene aislado en instalaciones de máxima seguridad”.
El presidente brasileño, Lula Da Silva, aseguró este jueves 22 de junio de 2023 en Roma que, tras reunirse con el papa Francisco, intentará convencer a Ortega para que libere al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión.
La resolución de la Asamblea de cancilleres de la OEA en 2022 también demandó por unanimidad a la dictadura liberar “inmediatamente a todos los presos políticos” y “cesar la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica”.
En el texto aprobado este viernes 23 de junio de 2023, la Asamblea General de cancilleres “hace un llamamiento a los Estados miembros para que hagan todo lo posible para alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel”.
Solicitan además a que “el Consejo Permanente siga ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, recibiendo periódicamente información actualizada de la CIDH y de otros organismos expertos, y que considere todas las acciones adicionales que puedan ser conducentes al efectivo ejercicio de la democracia representativa, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país”.
Instan “al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua a que haga que la agenda para cualquier diálogo con las autoridades nicaragüenses sea lo más amplia posible en el marco del respeto a la democracia, el derecho internacional y el principio de no intervención”.
Los representantes de los Estados copatrocinadores; Antigua y Barbuda, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá intervinieron para hablar sobre la crisis de Nicaragua, además de Guyana.
Desdén de Ortega a la ayuda de la OEA
El embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, lamentó que Nicaragua haya respondido con “desdén” a las diversas iniciativas de la OEA para propiciar un diálogo y negociación que resolviera la crisis de derechos humanos que impera en el país desde 2018, y reiteró que este organismo debe insistir en buscar una salida a grave situación sociopolítica en el país.
La representante de Costa Rica, Alejandra Solano, remarcó el desacato de parte de la dictadura orteguista a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandando la liberación de diversos preso políticos, y recordó la persecución en contra de opositores, organizaciones de la sociedad sociedad y la Iglesia católica.
“Esta crisis política ha significado un drama humano para muchas familias nicaragüenses. Se han realizado confiscaciones ilegales de cuentas bancarias y apropiaciones ilegítimas de propiedades privadas, incluyendo la oficina de esta organización y la expulsión de su personal”, enfatizó la embajadora.
El embajador de Estados Unidos, Frank Mora, expresó la satisfacción de parte del Gobierno norteamericano del consenso logrado en la OEA “para pronunciarse de manera firme contra los graves abusos de los derechos humanos del Gobierno de Daniel Ortega en su proceso de destrucción de la democracia de Nicaragua”.
