10 de octubre 2022
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Unos 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar el próximo 6 de noviembre, como parte de un proceso electoral municipal carente “de toda credibilidad”, no solo por la “falta de idoneidad del sistema electoral y de quienes lo administran”, por el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también por la exclusión de la oposición política y la absoluta falta de libertades en el país.
Aún dentro de los márgenes de la legalidad, el proceso electoral ha sido “reducido a su mínima expresión, tanto en duración como en relevancia pública”, advierte Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), cancelado en la antesala de las elecciones generales de 2021, en las que Ortega y Murillo, se reeligieron sin competencia política.
Poco se sabe sobre este proceso que el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el Frente Sandinista, convocó tardíamente y en silencio. Pero en el que serán asignados 6088 cargos públicos, entre ellos 153 alcaldes, vicealcaldes y concejales municipales.
CONFIDENCIAL elaboró una guía con los principales datos para entender estas votaciones municipales, las primeras que elegirán autoridades locales, tras la Rebelión de Abril que hace cuatro años y medio demandó masivamente justicia, libertad y democracia, y fue respondida con una masacre, crímenes de lesa humanidad y la imposición de un Estado policial de facto.
1. Siete alcaldías tomadas manu militari
Estas votaciones están marcadas por la toma manu militari de siete alcaldías que, en las elecciones municipales de 2017, fueron asignadas al opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), despojado de su personería jurídica en agosto de 2021, y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), actual aliado del orteguismo.
En las alcaldías de El Cuá, El Almendro y San Sebastián de Yalí, posterior de la toma policial, fue izada la bandera del partido Frente Sandinista. Fotos: Cortesía y redes ciudadanas de Urnas Abiertas.
El asalto a las alcaldías fue ejecutado por la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el pasado 4 de julio, cuando decenas de oficiales irrumpieron simultáneamente en las comunas de CxL en San Sebastián de Yalí y El Cuá, en Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; y El Almendro, en Río San Juan. Dos días antes, fue tomada la alcaldía de Santa María de Pantasma, también en Jinotega.
Los alcaldes Óscar Gadea, de Santa María de Pantasma; Isidro Irías, de El Cuá; Noel Moreno, de San Sebastián de Yalí; Francisco Herrera, de Murra; y Reynaldo Galeano, de El Almendro; que fueron electos mediante sufragio universal, fueron destituidos por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) que se justificó diciendo que ya no tenían partido político.
En este periodo municipal que está por concluir también fueron tomadas por la fuerza las alcaldías de Mulukukú, en la Región Autónoma de Costa Caribe Norte (RACCN) y Wiwilí, de Jinotega; que eran administradas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). En ambos casos, los alcaldes Apolonio Fargas y Reyna Hernández, fueron obligados al exilio debido a la persecución política del régimen.
2. Reducción de plazos y omisiones en el calendario electoral
Con la reforma a la Ley 331, Ley Electoral, aprobada el pasado 5 de mayo por la Asamblea Nacional, se instauró un “proceso electoral exprés”. La convocatoria electoral fue realizada apenas el 16 de agosto, faltando dos meses y medios para el día de las votaciones. La reducción de plazos y las omisiones de actividades, son los dos aspectos más sobresalientes en el calendario electoral 2022.
La integración de los Consejos Electorales Departamentales (CED) y Regionales (CER) se redujo de quince a cinco días desde la notificación del CSE y la presentación de propuestas para los Consejos Electorales Municipales (CEM) de diez a cinco días. En consecuencia el tiempo en el cargo de los consejos electorales pasó de siete meses a 80 días para los miembros de los CED y CER, y de cinco meses y medio a 55 días para los miembros de los CEM.
El periodo de campaña electoral también se redujo de 75 a 30 días en elecciones nacionales y de 42 a 20 días en elecciones municipales. Como producto de estas modificaciones, el proceso electoral municipal 2022, desde la convocatoria hasta las votaciones, se redujo de seis meses (180 días calendario) a dos meses y tres semanas (82 días calendario), que van del 16 de agosto al 6 de noviembre.
El calendario electoral también omite la publicación del reglamento de observación o acompañamiento electoral, la verificación del padrón electoral, el reglamento de rendición de cuentas de los gastos de campaña electoral, la normativa de regulación para la acreditación de fiscales, el reglamento para funcionamiento de los centros de cómputos, y casi la totalidad de reglamentos y normativas necesarios para regular el proceso.
3. Quiénes participan en las elecciones
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) busca mantener su control político en 141 alcaldías que administra actualmente, por lo que ha consolidado su alianza con ocho pequeños partidos políticos y cinco movimientos que históricamente le han brindado respaldo a cambio de prebendas o cargos sin relevancia.
En la boleta electoral también aparecerán otros cuatro partidos políticos que en las votaciones generales pasadas apenas obtuvieron el 20.7% de los votos, según datos del Consejo Supremo Electoral.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que en las votaciones pasadas obtuvo el 14.3% de los votos, partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) el 3.11%, el partido Alianza por la República (APRE) el 1.7% y la Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) con el 1.69%. Además, el Partido Regional Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), que únicamente participa en las regiones autónomas de la Costa Caribe.
Analistas y opositores al régimen coinciden en que estos partidos “zancudos” no tienen intención real de competir, su único papel es contribuir con el FSLN a aparentar la “normalidad” de un proceso electoral multipartidista, pese a la falta de garantías y de competencia política.
4. El reciclaje de los candidatos a alcaldes eternos
El gobernante Frente Sandinista reciclará a 118 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en Nicaragua, según un análisis de datos realizado por CONFIDENCIAL a la lista de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales, inscritos para las votaciones municipales del 6 de noviembre de 2022, convocadas tardíamente y en silencio por el CSE, también bajo control del partido de Gobierno.
Los alcaldes del FSLN sancionados por EE. UU.: Sadrach Zeledón, de Matagalpa; Francisco Valenzuela, de Estelí, y Leónidas Centeno, de Jinotega. // Foto: Archivo
La lista de 118 candidatos a alcaldes reciclados incluye a 101 alcaldes que pretenden continuar en el cargo por otro período consecutivo; además once vicealcaldes y una secretaria municipal inscritos ahora como titulares; cuatro de cinco “alcaldes” que usurparon las alcaldías asaltadas al PLC y a CxL en octubre de 2020 y julio de 2022, y un alcalde electo en 2017 en la casilla de CxL que fue desconocido por ese partido, pero se mantuvo en el cargo y ahora aparece inscrito bajo la casilla del FSLN.
Además de los 118 candidatos a alcaldes reciclados, hay otros 83 candidatos a vicealcaldes del FSLN en busca de su reelección: 80 designados por el CSE en 2017, y cuatro que asumieron posteriormente en alcaldías intervenidas por operadores del partido de Gobierno. También hay una exvicealcalde electa en 2017 bajo la casilla de CxL, que ahora aparece inscrita por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), señalado como partido colaboracionista del FSLN.
Entre los candidatos reciclados se encuentra la fórmula integrada por la alcaldesa Reyna Rueda y Enrique Armas, en Managua; los tres alcaldes sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por dirigir la represión y masacre orteguista en sus departamentos en 2018, Francisco Valenzuela, de Estelí; Sadrach Zeledón, de Matagalpa; y Leónidas Centeno, en Jinotega.
5. Control bipartidista en los consejos electorales
El control partidario sobre el Poder Electoral tiene su expresión más visible en los magistrados, que están repartidos entre el FSLN y el PLC, pero también los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, y los encargados de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), son una expresión palpable del control total de los Ortega-Murillo, pues el PLC se ha plegado a las decisiones del FSLN.
Mediante la reforma electoral acordada por el FSLN y el PLC en 1999 se estableció en la Ley Electoral que los dos partidos con mayor número de votos en las elecciones generales, tendrían derecho automáticamente a nombrar al primer miembro en cada uno de los consejos electorales y JRV. Imponiendo por mandato legal una mayoría bipartidista en los órganos electorales, con un diseño que en la práctica garantiza el control al FSLN.
La presidenta del cancelado CxL, Kitty Monterrey, refiere en el documento Los órganos electorales: Control bipartidista a la medida de un partido que ambos partidos son acérrimos defensores de este diseño, que no existe en ningún otro sistema electoral y es absolutamente contrario a los principios de competitividad e imparcialidad que deberían caracterizar a los sistemas electorales.
“Los partidos del primero y segundo lugar en las elecciones nacionales, siempre y cuando actúen conjuntamente, se aseguran durante los cinco años siguientes mayoría absoluta en todas instancias electorales, desde los Consejos Electorales hasta las Juntas Receptoras de Votos, dejando pequeñas cuotas a los otros partidos o alianzas participantes”, subraya Monterrey.
6. La reducción del padrón electoral
En la antesala de estas votaciones el CSE eliminó del padrón electoral a más de 755 000 votantes, pasando de 4.4 millones de nicaragüenses empadronados para “la farsa electoral de 2021” a 3.7 millones de personas habilitadas para votar este año.
Información divulgada por el Poder Electoral el 26 de septiembre pasado, en su boletín informativo número seis, detalla que “el padrón electoral está conformado por 3 722 884 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses quienes se encuentran convocados a ejercer su derecho al voto, el 6 de noviembre próximo en los 153 municipios de país”. Pero no brinda ninguna explicación sobre los ciudadanos que fueron borrados del padrón.
La directora del observatorio Urnas Abiertas, Olga Valle, afirmó que la eliminación de ciudadanos del padrón electoral va en contra del crecimiento natural de la población nicaragüense. “Cada año el padrón debería de crecer en 100 000 personas —este ha sido su comportamiento histórico— este crecimiento tampoco se ve reflejado en las últimas cifras que nos da la autoridad electoral”, apuntó.
Para las votaciones de 2021, en las que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se reeligieron sin competencia política, el CSE también desapareció alrededor de un millón de personas votantes en el catálogo de electores.
El CSE también compactó los 3106 los Centros de Votación, al eliminar 5528 Juntas Receptoras de Votos (JRV), pasando de 13 459 JRV habilitadas en las votaciones generales de 2021 a 7931 (JRV) habilitadas este año.
7. La mínima propaganda electoral
El periodo de campaña para estas votaciones municipales está contemplado entre el 12 de octubre y el primero de noviembre, concluyendo cinco días antes del día de las votaciones, ya que en la última reforma electoral también se estableció que “que el 2 de noviembre del año en que correspondan elecciones no se haga campaña electoral y se respete la tradición del Día de los Fieles Difuntos”.
Los legisladores señalaron, en la exposición de motivos de la última reforma a la Ley Electoral, el objetivo de “simplificar el periodo de duración de la campaña” para ajustarlo “a la estrategia que sigue cada partido político participante”. Pero únicamente a los candidatos del FSLN se les ha visto realizando algún tipo de propaganda política.
El organismo Urnas Abiertas ha señalado que “la reducción de la campaña electoral, en un proceso bajo condiciones normales, podría restringir a la ciudadanía la oportunidad de conocer el plan de gobierno, los perfiles de los candidatos, los programas políticos, sociales y económicos propuestos por las futuras autoridades locales y la búsqueda del voto popular”.
Sin embargo, desde hace cuatro años Nicaragua se encuentra inmersa en una profunda crisis sociopolítica, por lo que esta reforma electoral “limita una vez más la posibilidad de la manifestación pública, derecho que el año pasado ya se vio limitado por las facultades que se le dieron a la Policía Nacional de autorizar o no los permisos a actividades partidarias”, precisó Urnas Abiertas.
8. Quiénes “acompañarán” el proceso
Nuevamente en las votaciones no estarán los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni de la Unión Europea, ni del estadounidense Centro Carter, porque el régimen los considera no gratos, y en la penúltima reforma a la Ley Electoral, aprobada el 4 de mayo de 2021, el partido de Gobierno sustituyó la observación electoral por la figura de “acompañantes”, cuyas funciones no están completamente claras.
El cambio de observadores a acompañantes “pretende mantener de manera ambigua este rol y cerrar las puertas a organizaciones calificadas para desempeñar la observación electoral”, señaló entonces el observatorio ciudadano Urnas Abiertas en escrito publicado en su sitio web.
El régimen no ha informado hasta el momento si invitará a alguna persona o institución para “acompañar” este proceso.
Durante la “farsa electoral” de 2021 el régimen acreditó a unos 170 ciudadanos, amigos del FSLN, de diversos países de América, Europa y Eurasia como acompañantes electorales.
En la esfera nacional, el CSE invitó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ambas instituciones controladas por el FSLN.
9. Opacidad del CSE
Para este proceso electoral el CSE recibió un presupuesto de 1465.7 millones de córdobas provenientes de las Rentas del Tesoro, pero el dinero y el proceso han sido administrados en total opacidad. La institución no ha publicado en el portal de contrataciones del Estado, ninguno de sus procesos de adquisición, así como su Programa Anual de Contrataciones (PAC), los cuales debió publicar desde el pasado mes de enero de acuerdo con el artículo 20 de la ley 737, Ley de Contrataciones del Estado.
Aunque el CSE no ha publicado información sobre la forma como está administrando los recursos del erario público, el presupuesto de la República 2022 detalla que de los 1465.7 millones de córdobas para el proceso electoral, 1431.5 millones son para gastos de administración y 34.1 millones para la adquisición de programas de software.
El monto asignado este año al CSE para las votaciones municipales es el doble de los 773.4 millones de córdobas que recibió para “la farsa electoral” del año pasado. Esto se explica porque en el presupuesto 2022 aparece el monto destinado para el reembolso a los partidos políticos que participaron en las votaciones de 2021. El reembolso por las votaciones de este año, será asignado en el presupuesto de 2023.
En agosto pasado, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas advirtió, sin dar detalles, que el CSE ordenó la producción de material electoral a la empresa Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa), en un proceso que —al igual que las votaciones— se realiza en total opacidad.
