27 de julio 2016
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Los nicaragüenses "no han tomado en serio" los riesgos de la polémica Ley de Seguridad Soberana, aprobada a mediados de diciembre por la Asamblea Nacional, e incluso muchos desconocen su impacto y consecuencias, según los resultados de una evaluación realizada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que en junio pasado impartió una serie de tres talleres sobre el tema.
Juristas, expertos en derechos humanos y miembros de la oposición han advertido en reiteradas ocasiones que la Ley de Seguridad Soberana, aprobada por la mayoría oficialista del Parlamento, amenaza los derechos de asociación, manifestación y movilización en Nicaragua.
Sin embargo, una encuesta previa a las capacitaciones que brindó la CPDH, reveló que a seis meses de su aprobación, nueve de cada diez nicaragüenses conocían "poco" o "nada" de la misma, y únicamente un 8.9% indicó conocer mucho sobre esa legislación.
Además, un 32.5% de quienes aseguraron que habían escuchado de la Ley afirmaron que este les protegía en ejercicio de sus derechos a la libertad de asociación y protesta pacífica, contrario a las amenazas que la CPDH y otros organismos sostienen que la misma representa.
Urgen ampliar y profundizar capacitaciones
Carla Sequeira, directora de Asesoría Jurídica de la CPDH, considera que "la población requiere una capacitación masiva para conocer la Ley de Seguridad Soberana". Según Sequeira, los talleres que impartió la Comisión son un primer esfuerzo en esa dirección, pero cree que hace falta involucrar a más personas y profundizar los conocimientos.
Los talleres fueron impartidos a un total de 150 miembros de diferentes organizaciones cívicas, políticas y religiosas en las ciudades de Juigalpa, Matagalpa y Managua.
De acuerdo con la evaluación de la CPDH, después de los talleres facilitados, el porcentaje que afirmó conocer poco o nada de la Ley se redujo de 91.1% a 75.5%, mientras el porcentaje que aseguró conocerla mucho casi se triplicó, al aumentar del 8.9% al 22.6%.
También luego de las capacitaciones, casi la totalidad de los entrevistados, específicamente un 92.7%, reconoció que la Ley limita o vulnera sus derechos a la libertad de asociación y protesta.
Denis Darce, abogado de la CPDH, insistió en una conversación con Confidencial, que "lo peligroso de esta Ley es el nivel de generalidad que llevan las definiciones. Es decir, lo que la Ley menciona como riesgo, amenaza, atentado a la seguridad soberana, que son definiciones demasiado generales que conllevan a aplicar la ley con un amplio margen" y esto perjudica los derechos de los ciudadanos.
Sequeira y Darce coincidieron en que hasta la fecha no han conocido un caso concreto de algún ciudadano que haya sido detenido usando esta ley, pero exhortan a que cualquier ciudadano haga la respectiva denuncia.
La directora de Asesoría Jurídica también reiteró que "la Ley viene a reforzar el comportamiento hostil del Estado en contra de la protesta pacífica, que ya es un modos operandi del gobierno para cercenar derechos constitucionales".
A juicio de Sequeira y Darce, este es el tipo de comportamientos que se pueden observar en las detenciones contra las protestas en Mina El Limón, del año pasado, o las recientes detenciones de empleados de una zona franca que exigían derechos laborales. "El detalle es que el gobierno no lo dice, no lo informa", criticó Sequeira.
