28 de marzo 2022
A tres semanas del cuarto aniversario de la Rebelión de Abril de 2018, las organizaciones de nicaragüenses en el exilio iniciaron una jornada conmemorativa que, entre otras cosas, incluye plantones en las embajadas de países que se han abstenido de condenar la represión del régimen de Daniel Ortega, un foro de justicia transicional y una exposición fotográfica de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUJD) y la Asociación Madres de Abril (AMA).
La jornada se desarrolla en Costa Rica desde este lunes 28 de marzo hasta el 24 de abril. Tiempo en el cual los organizadores esperan que se unan exiliados en otros países de Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Además, están coordinando formas de protestas "creativas e innovadoras" dentro de Nicaragua, pero por razones de seguridad no pueden ser reveladas.
El momento cumbre de la jornada será el 19 de abril con una vigilia que se llevará a cabo en varias ciudades de forma simultánea, seguido de un concierto cultural en la Plaza Roosevelt, en San José, Costa Rica, previsto para el 23 de abril y finalmente una misa por la liberación de los presos políticos prevista para el 24 de abril.
De acuerdo con la madre de Abril (AMA), Susana López, la resistencia cívica ante el estado policial impuesto por el régimen de Daniel Ortega "continúa viva" y "sigue expresándose" dentro y fuera del país. Muestra de ello fue "el rechazo masivo a la farsa electoral del (pasado) 7 de noviembre del 2021" y "la dignidad" de los más de 170 presos políticos que pese a los tratos crueles "no aceptan firmar sentencias judiciales por delitos no cometidos, a cambio de mejorar las condiciones del encierro o una excarcelación", leyó durante una conferencia de prensa.
Solange Centeno, de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), también invitó a todos los nicaragüenses dentro y fuera del país, sin distingos ideológicos y políticos, "a impulsar actividades (de protestas) coordinadas y creativas" para evadir el estado policial y a sumarse a las actividades que "pronto estaremos convocando por la libertad de todos los presos y presas políticas en Nicaragua".
Policía amenaza a opositores para evitar protestas
La proximidad del cuarto aniversario de la Rebelión de Abril también tiene alerta a los operadores del régimen. Una habitante de un municipio del suroriente del país, a la que llamaremos “Karla”, denunció que fue citada a una delegación policial hace dos semanas para ser amenazada por un agente de inteligencia. “Todo lo que ocurra en el municipio o pueblos aledaños es porque vos tenés conexiones con otra gente. Todo va a ser responsabilidad tuya y en cualquier momento te mando a detener con la patrulla”, le habría dicho el oficial a la mujer.
“Karla” ha padecido el asedio policial desde 2018. Sin embargo, hace unas semanas, se recrudeció —con más patrullaje y una citatoria—. “Ellos (el Gobierno) están inseguros y se sienten amenazados”, “creen que en cualquier momento el pueblo se va a volver a levantar”, señaló. Por esa razón, considera que están más pendientes de quienes abiertamente se han declarado opositores.
Además de su casa, otras cinco familias en su municipio viven bajo el control policial. Al día, contabiliza cuatro visitas de la patrulla, incluyendo la noche y la madrugada. Están pendientes de todos sus movimientos, incluidos de las personas con las que se relaciona.
En la cita policial, el agente también la señaló de supuestamente financiar con 10 000 córdobas la compra de pintura para realizar acciones de protesta en su municipio y de mantener reuniones con opositores de Masaya y Carazo. Ella negó las acusaciones y argumentó que casi no salía de su casa.
La opositora asegura que la vigilancia policial ha limitado las formas de expresión en los territorios -pintas, papelillos, pegatinas, calcomanías, entre otros-, aunque, siempre hay personas que se arriesgan y buscan opciones para señalar su inconformidad con el régimen y mantener en la memoria el estallido social de hace cuatro años.
"Karla" señala que hasta ahora ha soportado cualquier tipo de amenazas, pero le preocupa que desde noviembre de 2021 a la fecha, en reiteradas ocasiones la Policía le ha mencionado la posibilidad de encarcelarla sin haber cometido ningún delito, solamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y disentir del Gobierno.
En 2021 el régimen orteguista encarceló a 68 personas, en su mayoría, entre mayo y noviembre, como parte de una arremetida contra los principales liderazgos políticos opositores y de sociedad civil. De este grupo, la mayoría fueron acusados por “menoscabo a la integridad nacional” y "propagación de noticias falsas"; 54 han sido condenados con penas de siete a trece años de prisión.