17 de octubre 2021
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El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información y financiamiento a la política, son temas en los que Nicaragua registra muy pocos avances desde 2018 —cuando fueron aprobados los Compromisos de Lima, en el marco de la VIII Cumbre de Las Américas—, aseguran el Observatorio Ciudadano de Corrupción y el Foro Ciudadano de las Américas, que han incluido al país en un informe de seguimiento a dichos compromisos pese a que este no es un Estado suscriptor.
Gina Romero, de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), explicó que independientemente que el Gobierno de Nicaragua no haya suscrito los acuerdos de Lima, “la sociedad civil tiene el derecho, y en algunos casos casi la obligación moral, de tomar estos acuerdos —que son acuerdos colectivos— para poder hacer un ejercicio de seguimiento”.
Es así que fue elaborado el informe: “De lucha contra la corrupción a la lucha contra la oposición”, un análisis de la sociedad civil que no pierde de vista el contexto de inestabilidad, marcado por violaciones a los derechos humanos, supresión de libertades, presos políticos, represión contra la sociedad civil, cierre de ONG, pandemia de covid-19 y el proceso electoral.
Para el seguimiento fueron seleccionados 19 compromisos clasificados en cinco categorías: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información y derechos humanos; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional.
El análisis consiste en la revisión de medidas concretas tomadas por el Gobierno. Para esto construyeron 64 preguntas que fueron respondidas mediante solicitudes de información, entrevistas, consulta a reportes de medios de comunicación, informes e investigaciones adelantadas en la materia.
Aplazados en gobernabilidad democrática
Gustavo Amaya, del Foro Ciudadano de las Américas, señaló entre los principales hallazgos que desde 2018 Nicaragua solo registra un avance del 0.25% en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, 0.33% en transparencia, 0.33% en financiamiento a la política, 0.67% en cooperación jurídica internacional y 0.76% en prevención a la corrupción en obras públicas.
“Estamos frente a un Estado completamente opaco y un régimen que está violentando todos los preceptos de la cosa (administración) pública, del interés de los ciudadanos y la protección de sus recursos”, comentó Amaya durante la presentación del informe.
Por otro lado, el documento señala que la represión del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el contexto electoral, que incluye un combo de leyes inconstitucionales que criminalizan cualquier intento de protesta y oposición política en Nicaragua, hace prever que "la situación a corto y mediano plazo seguirá siendo cruenta y violatoria a los derechos humanos" de la población nicaragüense.
"Si bien la mirada de muchos países y organizaciones internacionales está puesta en lo que ocurre en el país, el régimen ha demostrado que la presión internacional, los informes presentados por diversos y prestigiosos organismos, como el GIEI, CIDH, OACNUDH, Amnistía Internacional, no son suficientes para frenar la estrategia del Gobierno de sepultar cualquier oposición política", se lee en el informe.
Advierten sobre un nuevo punto de quiebre
Sobre las votaciones del próximo 7 de noviembre, el Observatorio advierte que serán "un nuevo punto de quiebre en una sociedad que desde hace mucho tiempo no conoce la tranquilidad", debido a que el proceso no se ha desarrollado de forma transparente.
A menos de un mes de las votaciones "no está claro de dónde se están financiando los (partidos políticos) que están haciendo la parodia de elecciones presidenciales", enfatizó Amaya.
Además, la contrarreforma electoral aprobada por el régimen "obstruye la libre participación de la población en el proceso electoral, al mismo tiempo que ignoró las 18 reformas propuestas por grupos opositores y organismos internacionales", dice el informe.
Por otro lado, la puesta en vigencia de Ley de Agentes Extranjeros resta la posibilidad de contrapesos democráticos, ya que la práctica de normar el financiamiento de la política en Nicaragua, ha sido en los últimos años "para debilitar a la oposición política, no para luchar contra la corrupción", agregan.
Entre las recomendaciones el Observatorio indica que, una vez se produzca un cambio de Gobierno, se deben mejorar aspectos como confidencialidad en la búsqueda de información pública, protección a las personas denunciantes, autonomía política y financiera de todas las instancias involucradas en la investigación, acusación y judicialización de los casos de corrupción.
