14 de diciembre 2021
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Nicaragua es el país de mayor riesgo para invertir en Centroamérica, debido a la inestabilidad generada por las políticas represivas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y las sanciones de la comunidad internacional que buscan presionar a la dictadura para que establezca un diálogo y respete las libertades públicas de los ciudadanos, sostiene un informe de la agencia de análisis de riesgo Control Risks.
La agencia, asentada en México, compartió con clientes y medios de comunicación su informe de análisis “Panorama de sanciones en Centroamérica 2022”, que incluye su punto de vista sobre qué podría ocurrir en la región el año entrante, principalmente con el avance y consolidación de proyectos autoritarios, cuyos principales exponentes son Nicaragua y El Salvador.
Nicaragua, el país más de riesgo en la región
El mapa de riesgo de sanciones Control Risks establece que Nicaragua califica como un “riesgo extremo” de ser afectado por sanciones durante 2022, mientras que en los casos de El Salvador, Honduras y Panamá y Guatemala califican como “riesgo medio”, y Costa Rica y Belice como “riesgo bajo”.
El riesgo extremo, de acuerdo a esta agencia de análisis, significa que “existe un amplio apoyo dentro de la comunidad internacional para las sanciones, basado en que el comportamiento del país transgrede significativamente las normas internacionales y representa importantes amenazas para la seguridad mundial y regional. Las sanciones integrales prohíben efectivamente las transacciones y las actividades en los sectores económicamente más importantes del país, incluyendo al sector bancario”.
“Los riesgos de sanciones limitan severamente la inversión o las operaciones en la mayoría de los sectores del país y representan riesgos críticos de cumplimiento, reputación y operación para las empresas. La aplicación de las sanciones, en particular por parte de EE. UU. y la Unión Europea es muy estricta y proactiva, y tanto EE. UU. como la Unión Europea intentan disuadir transacciones con la jurisdicción. Este país expone a las organizaciones a importantes riesgos sancionatorios indirectos, debido a sus relaciones comerciales con países sancionados”, añade el análisis de Control Risks.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza han encabezado la disposición de sanciones a una cuarentena de funcionarios gubernamentales, dos entidades públicas (el Ministerio Público y la Policía Nacional) y nueve empresas privadas vinculadas a operadores del régimen.
Además de las sanciones particulares y a negocios del régimen, Estados Unidos aprobó en 2021 la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Ley Renacer), que endurece las sanciones contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a la vez solicita al presidente estadounidense, Joe Biden, revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).
“Los riesgos de sanciones limitan severamente la inversión o las operaciones en la mayoría de los sectores del país y representan riesgos críticos de cumplimiento, reputación y operación para las empresas”; establece el análisis de Control Risks.
Sanciones limitan inversión en Nicaragua
Valeria Vásquez, analista de riesgos para Centroamérica de Control Riskss, explicó que el panorama de sanciones en Centroamérica (principalmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) se ha visto deteriorado en los últimos meses.
Esto en gran parte al grave deterioro democrático y a los abusos que los Gobiernos cometen constantemente, principalmente en aspectos como violación de los derechos humanos, libertades civiles y acciones enfocadas en desmantelar la democracia.
No obstante, Vásquez enfatiza que la situación de Nicaragua es la más grave de la región, principalmente porque es evidente que el proyecto político del orteguismo busca consolidar una dictadura y que, a la fecha, no existen evidencias que indiquen que haya un cambio de postura al respecto, pese a la presión de las sanciones y la protesta de la comunidad internacional.
“Nicaragua, es una dictadura consolidada, con dos objetivos: la institucionalización de su dictadura y eventualmente el establecimiento de una dictadura dinástica. EE. UU. y el resto de la comunidad internacional lo saben, y es por esa misma razón que el régimen de sanciones seguirá aumentando a todo aquel (individuo o institución) que sea cómplice de Ortega-Murillo. Sin embargo, hasta el momento las sanciones a Nicaragua no han tenido el impacto deseado. Incluso, ha sido todo lo contrario, la represión y los ataques antidemocráticos han continuado”, explicó Vásquez.
La analista explicó que el acercamiento de Daniel Ortega a Rusia y China busca precisamente contar con un respaldo a medida que el cerco de las sanciones se estreche en 2022 y lo aísle financieramente del mundo.
“Lejos de obligar a Ortega a hacer concesiones, las sanciones lo llevaron a intensificar su discurso antimperialista y eludir las sanciones con el apoyo de aliados internacionales (como el reciente establecimiento de relaciones con China). El objetivo de la comunidad internacional es presionar al régimen para que haga algún tipo de concesiones (sea liberación de presos políticos o garantías constitucionales). Sin embargo, pareciera que Ortega y Murillo tampoco cambiarán su postura”, apuntó Vásquez.
Restricciones comerciales agravan crisis económica
Vásquez señala que el clima de sanciones, además de afectar el clima de negocios, también implicará mayores restricciones de tratos con Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua. Igualmente, afectaría el acceso al financiamiento de organismos multilaterales.
“El impacto que esto tendría en la ya debilitada economía nicaragüense es significativo. EE. UU. es el principal socio comercial de Nicaragua. Con una crisis política sin señales de terminar, la economía nicaragüense seguirá decayendo a un ritmo acelerado. Las sanciones también limitarían el financiamiento externo (tanto para Nicaragua como para empresas que tienen operaciones e inversiones en el país), particularmente de instituciones donde EE. UU. tiene un gran poder de voto como el Fondo Monetario Internacional. Banco Mundial”, añade.
En ese sentido, Vásquez advierte el riesgo de que el régimen endurezca las restricciones económicas, con tal de evitar problemas como la fuga de capitales del sistema financiero.
“Los bancos multilaterales están cada vez más pendientes y al tanto de la situación de Nicaragua, y no consideran rentable y oportuno seguir financiando activos en el país. Esto también le quita capacidad al Estado de tener un presupuesto de inversión pública, lo que añade al deterioro general. El entorno de riesgo político seguirá siendo un desafío a medida que la economía continúe deteriorándose. En respuesta a los problemas económicos --insiste la analista--, el régimen probablemente endurecerá aún más su control sobre la economía en un intento por mantenerla a flote”.
