18 de noviembre 2023
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Nicaragua saldrá de la Organización de Estados Americanos (OEA) este domingo 19 de noviembre de 2023, convirtiéndose en el segundo país de América Latina que abandona voluntariamente el organismo –el primero fue Venezuela–. Esta salida dejará a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo más autoaislada de la comunidad internacional. Sin embargo, representantes de la OEA y Estados miembros sostienen que no cesarán su seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país. Además, Nicaragua seguirá vinculada al sistema interamericano a través de entes autónomos y especializados de la institución regional más antigua del mundo.
La salida de Nicaragua de la OEA se da al cumplirse dos años desde que el régimen Ortega-Murillo denunció la Carta Constitutiva del organismo. La dictadura argumentó supuestas y “constantes actitudes injerencistas” del organismo regional, relacionadas a la aprobación de resoluciones que condenaron sus atropellos contra el pueblo nicaragüense. En estos dos años, Nicaragua debió cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la OEA, aunque en la práctica simplemente se autoexcluyó.
Desde las protestas cívicas de abril de 2018, el Consejo Permanente de la OEA aprobó doce resoluciones sobre Nicaragua. En todas condenó la represión y en siete demandó la liberación de los presos políticos. Cinco de esas doce resoluciones fueron aprobadas en estos dos años desde que la dictadura anunció su salida. La última fue por consenso, el 8 de noviembre de 2023, indicando que la salida de Nicaragua “no deja sin efecto” las obligaciones legales y convenciones interamericanas que el país ha ratificado.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jacobstein, considera que “la decisión de Nicaragua (de dejar la OEA) es una movida fragante para socavar los esfuerzos de la OEA de demandar la rendición de cuentas por parte del régimen por sus continuos abusos a los derechos humanos”.
En entrevista con la Voz de América, el 17 de noviembre, el funcionario agregó que Estados Unidos, y la coalición de Estados miembros en la OEA, siguen evaluando cómo pueden “trabajar para presionar a Nicaragua a que cese la represión y restituya la democracia”. Un día antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó a la dictadura como una “amenaza” para Estados Unidos, y extendió por un año más la vigencia de la orden ejecutiva 13851, que establece sanciones para funcionarios y operadores orteguistas.
Jacobstein declaró que no prescribiría las fórmulas exactas para remover a la dictadura orteguista de las sanciones. “Pero ciertamente –agregó– se deben tomar medidas con respecto a la democracia, los derechos humanos y también con respecto a la preocupante relación entre el régimen de Ortega y Rusia”.
Al margen de lo que sucede en la OEA, en estos dos años el régimen endureció su postura frente al organismo regional. En abril de 2022, la Policía Nacional —bajo el mando de Ortega y Murillo— se tomó ‘manu militari’ las oficinas de OEA en Managua. Luego fueron confiscadas por la Procuraduría de la República y un año después, en febrero de 2023, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) inauguró un centro de estudios bautizado “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Brockmann”.
OEA seguirá monitoreando Nicaragua
El analista costarricense en asuntos internacionales, Carlos Murillo Zamora, explica que, una vez que se formalice el retiro, “Nicaragua pierde todos sus derechos y beneficios en la OEA. No puede participar en las reuniones de la organización, no puede reclamar algo que se discuta en los foros”.
Sin embargo, estima que este hecho no cambia la situación actual, porque Nicaragua “prácticamente no tiene ninguna relación con el organismo regional” desde finales de 2021.
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, valora que, con esta “jugada política”, el régimen se aísla más de la comunidad interamericana, pero recuerda que el organismo “ha asumido el compromiso de no olvidarse de los nicaragüenses”.
En la última resolución de la OEA sobre Nicaragua, el Consejo Permanente expresó que “continuará prestando especial atención a la situación en Nicaragua, haciendo sus mejores esfuerzos para promover y fomentar el pleno respeto de Nicaragua a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos del país”.
Al retirarse de la OEA se pierde el efecto vinculante de las resoluciones o declaraciones que el organismo pudiese hacer sobre Nicaragua, pero “sí se pueden seguir haciendo”, apunta el exembajador. Sin embargo, advierte que “si antes (la OEA) no lograba tener incidencia sobre Nicaragua, ahora que se retire va a ser mucho menos”.
Además de las resoluciones en el Consejo Permanente, la Asamblea General de cancilleres de la OEA también ha abordado la situación de Nicaragua. Desde las protestas cívicas de abril de 2018, esta principal instancia del organismo regional ha aprobado seis resoluciones sobre la crisis en Nicaragua.
Se suspende pago de la cuota de 11 000 dólares
La salida voluntaria de un país está contemplada en el artículo 143 de la Carta de la Organización o Constitutiva de la OEA. Este establece que “la Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba”.
En ese caso, continúa el artículo, “transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.
Las obligaciones a las que refiere la Carta son, primordialmente, el pago de la cuota de afiliación o de compromisos contraídos para aportar a misiones específicas de la OEA.
McFields —quien en marzo de 2022 se rebeló en contra del Gobierno, al que calificó como “una dictadura”, durante una sesión del Consejo Permanente— dijo que la cuota anual de Nicaragua es de unos 11 000 dólares, que hasta 2021 fue “siempre pagada a tiempo”. Sin embargo, desconoce si las de 2022 y 2023 fueron canceladas.
Régimen obligado a cumplir resoluciones
Pese a su salida, Nicaragua sigue obligada a respetar todos los derechos humanos reflejados en las normas consuetudinarias: todos los derechos humanos contenidos en las convenciones multilaterales de derechos humanos de las cuales es parte, y los principios generales del Derecho Internacional que aseguran la protección universal de la dignidad humana. Además, debería de cumplir con todas las resoluciones que en estos años desoyó.
La denuncia de la Carta de la OEA “no deja sin efecto las demás obligaciones legales por las cuales es responsable en virtud de su ratificación de otras convenciones interamericanas, en particular, pero no exclusivamente, aquellas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos”, indica la última resolución de la OEA.
Nicaragua fue uno de los miembros fundadores de la OEA en 1948. Ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1979 y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1991.
Desde 2018, los órganos representativos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han emitido más de 140 decisiones: 118 medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y 28 medidas provisionales por la Corte Interamericana (Corte IDH).
En la Corte IDH también se encuentran en trámite tres casos contenciosos contra Nicaragua: Caso Carrión y otros Vs. Nicaragua; Caso Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros Vs. Nicaragua; y el Caso Gadea Mantilla Vs. Nicaragua. Ante estos, el Estado está obligado a responder de manera integral.
Todos los juicios que están en proceso “deben continuar”, explica Murillo. Esto debido a que iniciaron cuando Nicaragua era signataria de la Carta de la OEA y por ende está obligada a responder.
Sin embargo, el 29 de marzo de 2023, el presidente de la Corte IDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, informó al Consejo Permanente de la OEA que el Estado de Nicaragua se encuentra en “desacato permanente” ante las resoluciones emitidas por ese tribunal.
Permanencia en el BID o la OPS, a pesar de salida
Sobre la permanencia de Nicaragua en los organismos especializados de la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del cual Nicaragua es miembro fundador, la denuncia de la Carta de la OEA no tiene repercusión alguna. Aunque sí es posible que estos entes “tomen nota” de lo sucedido y lo tengan en consideración al momento de brindar su cooperación técnica o aprueben créditos para el país.
“El BID es un organismo independiente y, por tanto, es previsible que, si bien sus gobernadores tomarán nota del hecho de que Nicaragua deja de ser parte de la OEA, cualquier acción que ellos vayan a valorar o considerar es algo que tendrán que adoptar y aprobar dentro de los estatutos del organismo”, explicó el abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y miembro de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, durante una entrevista en el programa Esta Semana.
Entre los organismos especializados de la OEA a los que Nicaragua continuará perteneciendo destacan: la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes; y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, debido a que estos gozan de total autonomía.
Para pertenecer a estos organismos especializados no es necesario ser Estado miembro de la OEA. Basta con suscribir un convenio entre el país y el organismo, subraya Murillo.
“No he escuchado o leído que Nicaragua haya dicho que se retira de todo el sistema interamericano, sino solo de la OEA. Interpreto que eso significa que va a seguir participando del IICA o de la OPS, porque en realidad con OPS es un trabajo conjunto OPS/OMS, y entonces habría que ver cómo lo va a manejar Nicaragua”, destaca el analista.
Además, se mantienen vigentes los tratados interamericanos e internacionales a los que el Estado de Nicaragua voluntariamente se ha sometido con su ratificación. Entre esos tratados destacan la Convención contra la Tortura y los dos pactos internacionales, sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Nicaragua puede reincorporarse cuando lo desee
Cuando el canciller Denis Moncada denunció la Carta de la OEA, aseguró que se trata de una decisión “indeclinable”. Sin embargo, los analistas coinciden en que el país podría ser reincorporado al organismo regional cuando haya un cambio de Administración.
Si bien es cierto que no existen antecedentes de países que se hayan retirado de la OEA y luego solicitado su reincorporación. El ejemplo de Cuba resulta interesante. En 1962 la isla fue expulsada de la organización regional y en 2009 se eliminó la resolución de expulsión.
“Cuba puede reingresar en cualquier momento cuando quiera, pero no le interesa hacerlo”, señala Murillo.
En el caso de Nicaragua, advierte Murillo, “lo más probable es que si hay un cambio, por la vía que sea, y desaparece el régimen Ortega-Murillo, todo indicaría que regresa al sistema interamericano como miembro pleno”.
