6 de septiembre 2022
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El papa Francisco oficializó este martes 6 de septiembre la destitución de monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag como nuncio apostólico en Nicaragua. La decisión llega seis meses después que el religioso polaco fuera expulsado del país por orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos seis meses representan, además, el periodo más largo en los últimos 40 años que Nicaragua no tiene un representante oficial de la santa sede.
“El santo padre ha nombrado nuncio apostólico en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mauritania a su excelencia monseñor Waldemar Stanisław Sommertag, arzobispo titular de Maastricht, hasta ahora nuncio apostólico en Nicaragua”, informó el Boletín Oficial de la Santa Sede.
La nota vaticana revela que, pese a su expulsión el pasado 6 de marzo, monseñor Sommertag se mantenía oficialmente como nuncio en Nicaragua, y que su destitución abre la posibilidad del nombramiento de un nuevo representante papal en el país, que le tocaría lidiar con las crispadas relaciones entre la Iglesia católica nicaragüense y la dictadura.
La expulsión del nuncio fue el inicio de una serie de actos represivos contra la Iglesia católica en Nicaragua, que hasta el momento ha dejado al obispo Rolando Álvarez bajo arresto domiciliario; a siete sacerdotes, dos seminaristas y un laico encarcelados, 18 religiosas sacadas del país y el cierre de una decena de medios religiosos. Además, la Policía Nacional ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias.
Sobre la situación de la Iglesia nicaragüense, el papa Francisco expresó el domingo 21 de agosto su “preocupación y dolor por la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones”.
La última vez que Nicaragua estuvo más de seis meses sin un representante oficial del Vaticano fue en 1980. Ese año, el nuncio Gabriel Montalvo Higuera fue destituido del cargo el 18 de marzo, y su relevo —el cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo— fue anunciado hasta el 25 de octubre, según la base de datos de catholic-hierarchy.org
Desde esa fecha se designaron seis nuncios apostólicos para Nicaragua, que generalmente tardaban días o semanas entre el retiro y nombramiento. En ese período, la elección de Fortunatus Nwachukwu fue la que más tardó: cuatro meses. Su antecesor, monseñor Henry Józef Nowacki, fue destituido el 28 de junio de 2012, y Nwachukwu fue nombrado el 12 de noviembre del mismo año.
Las relaciones entre Nicaragua y la Santa Sede nacieron en 1908 y monseñor Sommertag fue el vigésimo representante diplomático del Vaticano en el país.
Expulsión de Sommertag
La expulsión del nuncio se fraguó como consecuencia de, al menos, cuatro incidentes provocados por el régimen, entre el 10 de enero y el 5 de marzo de 2022, revelaron a CONFIDENCIAL varias fuentes vinculadas a Sommertag.
El 10 de enero, fecha de la autoproclamación de Ortega como presidente, el nuncio viajó a Roma —donde sostuvo una audiencia privada con el papa—, lo que generó “un fuerte reclamo” de Ortega y Murillo.
El religioso polaco regresó al país a finales de enero. A su llegada al aeropuerto, Sommertag no pudo dirigirse de inmediato a su residencia, porque autoridades del Gobierno lo trasladaron a la Cancillería, donde se reunió con la vicecanciller Arlette Marenco, quien le advirtió que no hiciera ninguna declaración pública sobre la situación de los presos políticos.
El tercer incidente se produjo después del 24 de febrero, tras la expulsión del embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, declarado non grato por el Gobierno, cuando el nuncio organizó un evento virtual para despedir al diplomático colombiano, lo que provocó un nuevo reclamo de las autoridades nicaragüenses.
El cuarto incidente y detonante de la expulsión ocurrió el sábado 5 de marzo, cuando el representante del papa fue seguido por policías, al salir de su residencia. Tras la tensión generada por el acoso policial, monseñor Sommertag tuvo un intercambio telefónico con un alto funcionario del Gobierno, quien le transmitió que debía salir del país en un plazo perentorio.
