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El "castigo" a las alcaldías opositoras

El recorte financiero golpea directamente a los pobladores porque las municipalidades no pueden ofrecer proyectos

El Gobierno de Daniel Ortega benefició con las transferencias municipales a las alcaldías controladas por el FSLN y castigó a otras. Carlos Herrera/Confidencial.

Wilfredo Miranda Aburto

6 de marzo 2017

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Los escombros tienen ya varios meses de estar siendo removidos por los vehículos y los peatones que transitan a diario por la calle. Lo que fue el inicio de una obra de adoquinado en el barrio Claudia Chamorro, en el municipio de Waslala, es ahora un proyecto paralizado. La polvareda que se levanta impacta en las casas y en el rostro de Jairo González Zamora, un campesino que cambió la bestia por la motocicleta para desplazarse a la finca.

González Zamora vive en el casco urbano de esta ciudad, ubicada en el Caribe Norte, en medio de agrestes parajes aledaños al Triángulo Minero de Nicaragua. Waslala —convertida en municipio apenas en 1989— es una ciudad que, paulatinamente, intenta cambiar su fachada rural.

“Aquí hace falta mucho para seguir avanzando”, afirma González Zamora, mientras empuña los ojos para protegerlos del polvo. “Es dañino para la salud, y aquí en Waslala tenemos muchas calles malas… pero parece que no hay recursos financieros”, lamenta.

El proyecto de adoquinado previsto por el alcalde liberal de Waslala, Luis Ramírez Gutiérrez, beneficiaría a los barrios Claudia Chamorro, 19 de Julio, 380 y El Progreso. Sin embargo, las obras solo arrancaron en la calle en la que González Zamora está estacionado junto a su motocicleta. La alcaldía no tiene recursos para ejecutar. Las transferencias municipales que el Estado de Nicaragua debe otorgarles por ley están estancadas desde hace años, y tampoco crecen al mismo ritmo de las demandas sociales de Waslala.


Waslala no,  Siuna o Matiguás sí

Moisés Herrera, director de planificación de la alcaldía, señala que en el barrio Claudia Chamorro estaba proyectada la construcción de dos mil metros lineales de adoquinado. Pero solo lograron adoquinar una cuadra, y la intercepción que conecta con el centro del pueblo quedó inconclusa: pequeñas pilas de adoquines a la derecha, arena por el otro, piedras por todos lados, y dos letreros verdes que avisan “no hay paso”, pero a los que nadie ya respeta.

“No pudimos lograr esa meta física por la falta de financiamiento… el recorte de transferencia que año a año ha venido haciendo el Ministerio de Hacienda”, justifica Herrera.

Hacienda es el ente estatal encargado de transferir las partidas presupuestarias a los 153 municipios de Nicaragua. En los registros actualizados para 2017, puede constatarse que las trece alcaldías gobernadas por partidos opositores registran un estancamiento o reducción en las asignaciones, contrario a las 140 municipalidades oficialistas, cuyos montos aumentan de forma exponencial.

El alcalde Ramírez Gutiérrez ha sido uno de los pocos que ha denunciado esta disparidad registrada en el último lustro. Según su criterio, esta repartición viola la ley de Transferencias Municipales, número 466. El edil compara Waslala con Siuna, municipios con las mismas características de población y recaudación, dos de los parámetros más importantes para calcular las transferencias.

En 2016, Waslala recibió 40 millones 809 mil 135 córdobas, mientras que Siuna obtuvo 66 millones 179 mil 389 córdobas, según el Sistema de Transferencias Municipales (TRANSMUNI). La alcaldía sandinista tuvo un incremento del 18.3%, mientras en la alcaldía opositora apenas aumentó 2.51%.

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Esta disparidad afecta de forma directa la capacidad del alcalde Ramírez para responder a las demandas sociales de este municipio productor de cacao, café y granos básicos. Una mañana de febrero, el edil celebró una reunión con líderes comunales de Waslala. Las solicitudes de los pobladores eran las mismas: caminos y puentes.

“La necesidad que tenemos ahorita son unas puentes para la carretera del Guayabo que conduce al Bocay.  Por lo menos, el puente grande que está pegado al pueblito nos da problemas en el invierno… los niños que vienen a clases se trancan allí, los vehículos”, cuenta Oscar Mendoza, líder comunal de Cuyalí Central.

El panorama no es distinto para 2017. El presupuesto aprobado refleja que Waslala recibirá 42 millones 558 mil 780 córdobas. En cambio, Siuna 76 millones 34 mil 780 córdobas. “Una diferencia casi del 50%”, reclama Anibal Sánchez, responsable financiero de la municipalidad liberal.

En los últimos cuatro años, Sánchez ha sistematizado el flujo de las transferencias. Recuerda cada dato y lo compara con otros municipios sandinistas, de características similares a Waslala. Cada vez que expone un porcentaje hierve de indignación. Matemáticamente —especifica enojado— no entiende cómo la Comisión de Transferencia, encabezada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), calcula los montos.

“Al fin y al cabo nadie da alguna explicación lógica”, fustiga el responsable financiero. Sánchez deja el asiento y entra a su oficina. Saca otro manojo de papeles, que tienen impresos tablas preñadas de números. Son los números que debieron ingresar como transferencia a Waslala. Son los números que, de ser reales en las arcas de la alcaldía, hubiesen contribuido con el adoquinado del caso urbano del municipio, o la construcción de puentes.

“Hay una fórmula con números exactos, en la que se debía respetar la población, territorio, índice de pobreza y la ejecución de los fondos del noventa por ciento, y, obviamente,  la transparencia”, explica Sánchez. “De 2007 a esta fecha, la fórmula la han venido manipulando, de tal manera que recetan de forma inadecuada montos a municipios que son iguales que Waslala”.

Otro ejemplo es Waslala versus Matiguás. En el presupuesto aprobado para 2017, la opositora aumentó sus transferencias 4%, mientras que la sandinista 8.72%.

La fórmula y la discrecionalidad

Ilustración: Olga Sánchez.

Ilustración: Olga Sánchez.

La mañana termina en Waslala. Los vendedores de frijoles recogen los granos que sobraron de la jornada. Los buses detienen su estridencia cuando el único semáforo del pueblo marca luz roja. Los comedores ya reciben los primeros clientes. Los estudiantes desfilan de azul y blanco; unos salen, otros van a clases. Es la dinámica de mediodía. Hoy, el alcalde Ramírez no tiene hambre. Tiene otra reunión que atender. Recuerda que en 2013 los diputados de la Asamblea Nacional legalizaron la forma dispareja en la que venía dándose la entrega de transferencias entre municipalidades sandinistas y opositoras.

Con 64 votos a favor, la bancada sandinista decidió otorgarle a la Comisión de Transferencia la discrecionalidad de asignar los recursos a los municipios, sin la necesidad de ceñirse a los cuatro parámetros establecidos por ley: Equidad fiscal, eficiencia en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), población y eficiencia en la ejecución.

Gilberto Lindo, experto en municipalismo, señala que la ley original —aprobada en 2003, durante la presidencia del ingeniero Enrique Bolaños, y que pretendía descentralizar recursos para otorgarle autonomía financiera a las 153 alcaldías del país — le daba un valor de 25% a cada parámetro.

Lindo fue parte de la formulación de estas leyes cuando en los años dos mil estaba en boga en Latinoamérica la descentralización de recursos, al amparo de la Autonomía Municipal, misma que ha sido demolida en el país por el gobierno del comandante Daniel Ortega, coinciden los especialistas en la materia.

En las discusiones sobre el modo de calcular las transferencias, fue acordado el principio del “chelín”, en referencia a la moneda de 25 centavos, llamada popularmente de esa manera en Nicaragua.

“El fin de esta distribución era no castigar a los municipios que no eran oficialistas en ese tiempo, cuando estaba Enrique Bolaños en la presidencia. Es decir, no afectar a municipios sandinistas”, apunta Lindo. El experto agrega que para evitar cuestionamientos sobre la transparencia en los giros que salen del Presupuesto General de la República hacia las alcaldías, anualmente se divulgaba en cada departamento la forma en cómo fue aplicada la fórmula, con el fin de dejar claro la distribución de las transferencias.

Sin embargo, con la reforma de 2013, todo cambió. Un porcentaje de las transferencias deberían ser destinadas a salud, agua y saneamiento. En otras palabras, la Comisión puede modificar el principio del “chelín”. A juicio de Lindo, no sería tan grave si publicaran en detalle los porcentajes destinados a cada parámetro establecido por ley, y las nuevas atribuciones impuestas por la reforma. Pero como con toda la información pública bajo el gobierno sandinista, el secretísimo es la norma.

“Todo queda a criterio de la Comisión. Es decir, que cada año puede cambiarlo. Puede decir que el 1% es para equidad, decidir el porcentaje que le dé la gana…”, critica Lindo, y añade molesto: “Pero esa Comisión no informa, no hace público qué porcentaje utilizó para cada criterio. Allí está fallando. Todo el mundo estaría feliz y contento si sabe en qué lo que están usando, pero no dicen”.

En 2013, el jefe de bancada sandinista, el diputado Edwin Castro, justificó la reforma con el argumento de no estar “con una camisa de fuerza, porque las cosas son cambiantes”. “Un municipio hoy es pobre, recauda más y de repente necesita menos ayuda del Estado para apoyar más al otro que no es más pobre”, dijo.

Si las cosas fuesen “cambiantes”, Lindo no se explica por qué los presupuestos municipales de las alcaldías sandinistas son tan parecidos. Por ejemplo, todos necesitan parques, como el construido en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega. Colorido, con juegos de diversión e internet inalámbrico. “A simple vista miras cómo hay una línea de orientación. ¿Cómo es posible que todos los municipios tengan o planteen las mismas necesidades?”, lamenta Lindo en nombre de la Autonomía Municipal.

IEEPP:  hay una tendencia 

Un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) preparado para Confidencial demuestra una tendencia a la baja en las transferencias para las 13 alcaldías opositoras. Leonardo Labarca, investigador de ese centro de pensamiento, expuso que entre 2011 y 2012, hubo un aumento de 24.25% para esas municipalidades. En 2013 la reducción marcó 13.42%.

De 2014 a 2017, la venida en picada pasó de 7.26% a 1.58%. “Allí entra lo que llama la atención un poco”, alerta Labarca. “Habría que ver qué criterios están modificando”.

Las suspicacias son más vehementes en los alcaldes opositores: Hablan de criterios políticos, en detrimento de la ley. “Transferencia de premios y castigos”, define Oscar Gadea Tinoco, alcalde de Santa María de Pantasma, una localidad abiertamente opositora al gobierno del comandante Ortega.

— ¿Por qué cree que se deba a motivos políticos — le preguntamos al edil en su pequeña oficina repleta de folios.

— Pantasma ha sido un municipio que ha mantenido ese ímpetu de democracia, y lo va a seguir demostrando. Fue una gente muy afectada en la guerra, y ahora esto golpea mas los sentimientos de las personas.

Al llegar a este punto de la entrevista, Gadea Tinoco pronuncia las palabras con solemnidad. Por el municipio que gobierna se mueven supuestos rearmados contra el gobierno sandinista, y están dispuestos a no perder la alcaldía en las elecciones locales de noviembre próximo, pese al viciado sistema electoral.

"La diferencia entre Pantasma y El Cuá"

  • Las transferencias a la alcaldía sandinista superan en  39% al municipio liberal.

Como en Waslala, el alcalde Gadea Tinoco maneja a mano el monto de las transferencias municipales, y lo que debieron haber crecido “si se entregaran apegados a la ley”.

Las comparaciones son inevitables en este tema. A Pantasma y a El Cuá los separan 40 kilómetros, y más de una hora de distancia sobre una carretera adoquinada, que zigzaguea sobre las montañas forradas de sembradíos de frijol y café. El paisaje parece haber sido pintado por Monet. Las tonalidades verduscas, marrones y amarillentas dominan. Mientras avanzamos, en el horizonte aparece, monumental, el Macizo de Peñas Blancas. La corteza terrestre exhibe su torso blanco. Divide a estos dos municipios similares en población y recaudación: Eso los convierte en Categoría “B”.

Sin embargo, pese a la similitud de estas municipalidades, las transferencias recibidas en 2016 evidencian una brecha. Pantasma recibió 32 millones 495 mil córdobas, y El Cuá 45 millones 472 mil. Una diferencia de 39%.

“El Cuá recibía 600 mil córdobas más que nosotros, pero a partir de 2013, hemos visto el gran desnivel. O sea, la contundencia con que han atacado a nuestros gobiernos”, reclama Gadea Tinoco.

La tendencia es igual en el presupuesto aprobado para 2017. La transferencia para El Cuá aumentó 5 millones 834 mil 687 córdobas. El opositor Pantasma tuvo un incremento de 1 millón 381 mil 326 córdobas.

“Hay un criterio en la reforma de 2013. Ningún municipio debe recibir menos que el año anterior… Eso, en términos adquisitivos, se reduce. No creces más. Te respetan eso, pero vas quedando casi en lo mismo, mientras los otros van creciendo. Ese es el planteamiento de Pantasma”, acota el experto en municipalismo, Gilberto Lindo.

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El alcalde Gadea dice que los principales afectados han sido los pobladores de Pantasma. Nos dirige a la comunidad Estancia Cora, un caserío ubicado detrás de un río pedregoso y sin corriente. Algunas casas son de latón y de taquezal. Al tocarlas, las de taquezal desprenden un polvillo fino que al aspirarlo causa picazón.

María Antonia Gutiérrez no pudo contener la emoción hace dos años, cuando Benito Figueroa, responsable de proyecto de la alcaldía de Pantasma, le anunció la construcción de 150 casas. El proyecto brindaría mejores condiciones a este asentamiento. Incluía el recarpeteo de las callejuelas, un parque y centro de salud. En la actualidad, la mujer lo que no puede contener es la decepción. El mismo funcionario de la alcaldía les anunció que la obra “ya no iba”.

“Nosotros nos alegramos porque íbamos a tener una vivienda nueva”, rememora Gutiérrez a la orilla del fogón, donde cuece frijoles y guineos cuadrados. El sol de la una de la tarde calienta el latón de la casita. Cuatro niñas siguen atentas la emisión de una telenovela en un pequeño televisor. La señal es interrumpida cuando el viento mueve una vieja antena remendadas con latas de gaseosa.

“En mi familia somos cinco, pero ahora está una hija y somos seis. Vivimos acosaditos”, dice la campesina, en referencia al hacinamiento que hay en el pequeño cuarto. Catres arrinconados, casi uno encima de otro, como dos placas tectónicas traslapadas. Gutiérrez y su marido, que en el día labora en una finca, básicamente no tienen intimidad. Un tablón los separa del cuarto de sus hijas.

Gutiérrez no sabe por qué se suspendió el proyecto. El responsable de proyectos de la municipalidad sí: “por razones meramente políticas”. El recorte en las transferencias, sumado a la desautorización del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

“Conforme a las transferencias y lo que recaudaste uno proyecta”, afirma Figueroa. El plan era que Pantasma pusiera una contra partida, INVUR otra, y el resto de dinero lo aportaría la oenegé American Nicaraguan Foundation (ANF). Sin embargo, el ente estatal bloqueó la obra de 150 viviendas.

Trabas a la ayuda internacional 

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La cooperación internacional ha sido un alivio para estos municipios que sufren la merma de las transferencias municipales. En Pantasma, la mayoría de las obras tienen el logotipo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE).

El alcalde Gadea aclara que en 2016 ejecutaron 80 millones de córdobas. 32 millones vinieron de las Transferencias, el resto salió de la recaudación y la cooperación, “que ha sido grande”, indica.

No obstante, el edil denuncia las trabas que el INIFOM y otras dependencias del Estado imponen cuando solicitan permisos para ejecutar proyectos financiados por la ayuda internacional.

El Papayal, una comunidad ubicada a 8 kilómetros de Pantasma, es el caso emblemático. Desde hace 16 años, Petronila Salgado se abastece de agua en una quebrada, donde emana el líquido filtrado por la montaña. Es una tarea ardua para esta mujer maciza, que dos veces al día sube una cuesta con un balde cargado.

“La agua me queda larguísima, a 400 varas, creo”, calcula Salgado a mano alzada. “La utilizamos para todo el agua, hasta para bañarnos, se gasta rápido”. En invierno es peor para esta campesina por el lodo resbaladizo. Su casa está ubicada sobre una montaña con todas sus laderas cobijadas por retoños de milpa de maíz. La posibilidad de que una tubería le ahorre el esfuerzo, es una anhelo diario para Salgado.

Lo mismo que para toda esta comunidad. La obra fue concebida desde hace 16 años. Pero hasta hace un par de años que la embajada de Japón decidió financiar el proyecto. Sin embargo, fue bloqueado por el gobierno central, denuncia Darlin Zeledón, responsable de adquisiciones de la alcaldía de Pantasma.

“Fue una decepción cuando nos dijeron que no lo permitían. En el FISE nos enviaron a Cancillería porque allí, supuestamente, nos darían autorización”, relató Zeledón.

Las gestiones del alcalde de Pantasma no cesaron. Al final, logró que el COSUDE financiara el proyecto. Consiguieron el permiso. Máximo Gago López, líder comunidad Pacayal, supervisa la construcción que inició a finales de 2016. La comunidad compró una manzana de tierra, sobre otra montaña, donde hay un ojo de agua capaz de surtir la necesidad. El plan contempla la construcción de un embalse en la cima de la montaña, y la instalación de tuberías hacia las casas bajo el concepto de gravedad.

“Él (Daniel Ortega) dice que está llevando proyectos a todos los rincones de Nicaragua y es mentira. El vital líquido que necesitamos nosotros no está. Entonces me dio tristeza a mí cuando nos negaron el proyecto. La gente me decía vos sos mentiroso, no sé cuánto”, expresa el líder campesino.

La alcaldía de Pantasma denuncia que el FISE siempre les pone trabas a los proyectos. Las revisiones de las propuestas son extendidas hasta seis meses, y si la entidad declara que la solicitud no cumple los requisitos, pasa medio año más en gestiones. En el caso de la cooperación, Zeledón describe que mucho de los fondos son gastados en trámites burocráticos.

“La desventaja es que de ese mismo fondo se debe de pagar el supervisor externo, el supervisor de la parte social, a diferencia de ejecutarlo directamente con COSUDE”, afirma Zeledón.

Nadie atiende a los alcaldes opositores 

Alcaldías

El encargado de proyectos de la alcaldía de Pantasma, y los alcaldes liberales Oscar Gadea Tinoco, y el de Waslala, Luis Ramírez. Carlos Herrera/Confidencial

Los alcaldes Waslala y Pantasma han llevado en repetidas ocasiones la queja sobre las transferencias municipales a distintas instancias gubernamentales, incluso cartas a la Secretaría del Frente Sandinista en Managua, donde despacha el comandante Ortega.

“En este momento AMUNIC, INIFOM solo son de nombre. Son organizaciones que están para usurpar recursos del Estado de Nicaragua, y que no están ejerciendo su función para la cual fueron creadas”, fustiga el alcalde de Waslala.

El edil liberal reclamó que antes del 2008, INIFOM brindaba capacitaciones y asistencia técnica. Sin embargo, afirma que desde esa época ningún funcionario ha llegado hasta Waslala.

El alcalde Gadea enseña en Pantasma decenas de documentos con sellos y firmas de recibido de instituciones regionales y nacionales, como el INIFOM, AMUNIC, Ministerio de Hacienda y la Contraloría.

Confidencial tampoco obtuvo respuesta por parte del INIFOM, ni de Amaru Escobar, representante de ese ente en Jinotega.

La única que ofreció una declaración fue la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Rosa Navarro Sánchez. Reconoció que recibieron la solicitud de los alcaldes, pero fue rechazada por no cumplir “requisitos”.

“Ellos introdujeron un documento que no reúne los requisitos, vamos a estudiarlo, porque creo que todos los municipios tienen que recibir el mismo presupuesto en Nicaragua”, dijo la nueva legisladora, quien exhibió desconocimiento del tema.

Para el alcalde Gadea, la intencionalidad política es clara: “La intención es doblegarnos. Decir que nuestras alcaldías no llevan desarrollo, y para que en las elecciones voten por alcaldes que sean tendencia de su gobierno”, expresa.

En el Pacayal, el campesino Gago Lopez, celebra por fin la realización del proyecto de agua potable y saneamiento. Al igual que los alcaldes, y los expertos no encuentra explicación al recorte de transferencias, y a las trabas a los proyectos.

— ¿Por qué creen que suspendieron el proyecto tanto tiempo? — le preguntamos a Gago, que carga un machete en el cinto.

— Hombré, desconocemos. ¿Será por qué nosotros somos liberales? No entiendo por qué nos cortaron ese proyecto.[/destacado]

 


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Wilfredo Miranda Aburto

Wilfredo Miranda Aburto

Periodista. Destaca en cobertura a violaciones de derechos humanos: desplazamiento forzado, tráfico ilegal en territorios indígenas, medio ambiente, conflictos mineros y ejecuciones extrajudiciales. Premio Iberoamericano Rey de España 2018.

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