9 de octubre 2018
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La abogada y defensora de derechos humanos, Mónica López Baltodano, tuvo que salir del país y refugiarse en Costa Rica ante amenazas de muerte por parte del partido de Gobierno, denunció a través de un video en las redes sociales.
“Considerando el riesgo inminente, como familia hemos tenido que tomar medidas urgentes frente a un régimen despiadado y criminal, por lo que me he visto obligada a desplazarme forzosamente y tener que salir de Nicaragua”; dijo López Baltodano. Por todo ello y mi condición de perseguida política, ya he solicitado la condición de refugiada ante el Estado costarricense.
López Baltodano es parte de la miembro de la Articulación de Movimientos sociales y ahora de la Unidad Azul y Blanco. Durante varios años fue la asesora legal del movimiento campesino anti canal. La joven abogada y ambientalista es hija de la ex guerrillera Mónica Baltodano y Julio López Campos, quienes semanas atrás habían denunciado que querían involucrarlos como participes de un tranque en la ciudad de Diriá, en Granada.
La familia de López Baltodano ha estado denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega durante estos cinco meses de represión. También han participado activamente en las marchas azul y blanco. El tío de la defensora de derechos humanos, Ricardo Baltodano, fue apresado por la Policía Nacional y es procesado por “terrorismo”.
Según la denuncia de López Baltodano, las amenazas de muerte que ha recibido aclaran que ella es “un objetivo político de una red de sicariato de la dictadura”:
El 27 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a López Baltodano y su familia.
“La Comisión considera que la información presentada demuestra que los derechos a la vida e integridad personal de Mónica López Baltodano y de su núcleo familiar, quienes son susceptibles de identificación, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”, justifica la medida cautelar.
El relato de López Baltodano recabado por la CIDH indica que a través de “una persona de confianza” ella habría tenido conocimiento de un mensaje verbal de un exjefe policial que indicaba que la familia López Baltodano "podría ser afectada por una red de sicariato que la convertiría en un objetivo político del gobierno”. Según la solicitud, la propuesta beneficiaria sentiría temor a sufrir un atentado contra su vida o incluso a ser detenida de forma arbitraria por parte de las autoridades del Estado.
Asimismo, informaron sobre una agresiva escalada de detenciones arbitrarias y criminalización a defensores por parte del Gobierno actual en contra de los liderazgos territoriales y defensores de derechos humanos.
López Baltodano dijo que exiliarse ha sido una de las decisiones mas dolorosas, pero que “la distancia no es claudicación”.
