11 de enero 2024
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La resurrección del Ministerio del Interior (MINT) tiene un trasfondo simbólico y no implica cambios novedosos en el aparato represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Analistas en temas de seguridad aseguran que, con esta acción, la dictadura pretende —principalmente— “intimidar” a la población que es percibida como opositora y “revivir” el fantasma de los años ochenta.
Destacan que los cambios legales aprobados recientemente son cosas que ya se venían realizando por la vía de hecho y que el régimen orteguista no necesitaba crear la figura del Ministerio del Interior para reprimir a la población o fortalecer su aparato de espionaje político.
“El cambio significativo es simbólico”, advierte el politólogo y excarcelado político, José Antonio Peraza. “Están tratando de revivir esa supuesta epopeya en defensa de la revolución que, en el fondo, revolución, constitucionalidad, significa (para el régimen) mantenerse en el poder”, subraya.
El Ministerio del Interior fue la institución usada por Ortega en la década de los ochenta para reprimir y silenciar a opositores políticos. Por esa razón, el politólogo valora que, con este resurgimiento, el régimen le está diciendo a la población: “Yo tengo control, yo estoy dispuesto a usar la fuerza represiva que ahora son la Policía, el Ejército, para reprimir a todo aquel que cuestione mi permanencia en el poder”.
El analista político y exdiputado ante la Asamblea Nacional, Eliseo Núñez, estima que el resurgimiento del Ministerio del Interior no implica grandes cambios en el día a día de los nicaragüenses perseguidos por la dictadura. “Todo lo que hoy está haciendo el llamado Ministerio del Interior se empezó a hacer en el país desde 2018, prácticamente”, enfatiza.
Núñez recuerda que con las leyes represivas aprobadas en 2020 y el encarcelamiento de los aspirantes presidenciales y los principales líderes de la oposición, el extinto Ministerio de Gobernación “daba señales de que se estaba conformando un sistema de represión del Estado y no un sistema de mantenimiento de la gobernabilidad”.
Un régimen con capacidad y vocación represiva
Peraza también indica que el régimen orteguista siempre ha tenido “capacidad y vocación represiva”, tal como ha demostrado en los últimos cinco años en los que, entre otras cosas, reprimió protestas dejando más de 350 asesinados, encarceló a un millar de manifestantes y líderes políticos, forzó al exilio a centenares de miles de nicaragüenses, cerró más de tres mil oenegés y desató una feroz cruzada contra la Iglesia católica.
“Esa vocación represiva y ese temor hacia la población lo ha tenido ya de manera intensa después de 2018”, advierte el politólogo. Los cambios más significativos son “desde el punto de vista del control social, del miedo social que Ortega quiere generar a su supuesto enemigo. Pero en realidad, el único enemigo que tiene Ortega es el pueblo de Nicaragua, que se siente confinado, se siente apresado en un sistema oprobioso y represivo que la mayoría de la gente lo rechaza”, enfatiza.
Mientras tanto, Núñez cuestiona la forma en que el régimen orteguista resucitó al Ministerio del Interior. Explica que el MINT, al estar subordinado a la Policía, automáticamente se convierte en un cuerpo armado, a pesar que la Constitución Política sólo establece dos cuerpos armados en el país, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
Sin embargo, “el régimen, para darle un piso de legalidad, puso al Ministerio del Interior debajo de la Policía, entonces lo que están haciendo es metiéndole más funciones a la Policía y, en buen nicaragüense, un chacuatol. No sabe si el jefe de la Policía es el jefe del ministro o el ministro del Interior es el jefe de la Policía”, comenta Núñez.
Rosario Murillo es quien manda
Pero, al margen de las formalidades legales, quien manda, tanto en la Policía como en el Ministerio del Interior, es la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, advierten ambos analistas en una entrevista que brindaron al programa Esta Noche, que se transmite en línea por la censura televisiva impuesta por el régimen.
“Estemos claros de quiénes son los operadores (de Murillo), Luis Cañas para todos los temas de represión civil y para los temas de operatividad es Horacio Rocha. Esos son los dos personajes que están manejando la Policía, pero ellos no son los jefes. La jefa es Rosario (Murillo) directamente. Estas dos personas operan porque Rosario dice”, apunta Núñez.
Mientras tanto, el jefe de la Policía y consuegro de los dictadores, el primer comisionado Francisco Díaz, ha quedado “prácticamente huérfano”, comenta Peraza. Lo han degradado a “una figura decorativa que no va a tomar ninguna decisión importante sobre los temas de seguridad, que son los que le importan a Rosario y a Ortega”, continúa.
A juicio del politólogo, Ortega y Murillo “quieren tener un control férreo y estar seguros de que (las Fuerzas Armadas) van a obedecer sus órdenes”. Estima que la parte jurídica es importante porque da la pauta de por dónde va el régimen, pero al final de cuentas, ellos “han encarcelado, robado, asesinado, secuestrado independientemente de lo que diga la ley”.
