25 de diciembre 2020
AA
Share
El secretario del Departamento Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió que su país "no tolerará amenazas a la democracia de Nicaragua". Tras la aprobación y posterior entrada en vigencia de la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, con la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende inhibir a la oposición azul y blanco participar en las elecciones generales de 2021.
El diplomático estadounidense hizo un llamado al régimen de Ortega para que "cambie de rumbo, respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, y permita elecciones libres y justas". En caso contrario, enfatizó, "Estados Unidos no dudará en imponer más consecuencias (sanciones)", que hasta la fecha han afectado a "miembros de la familia de Ortega y del círculo íntimo corrupto".
Pompeo, además, enfatizó que la implementación de la nueva legislación nicaragüense "socavará aún más las instituciones y procesos democráticos en el país" y al prohibir que las figuras de la oposición participen en las elecciones convertiría "las elecciones de 2021 en una “elección” solo de nombre".
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a miembros del círculo de Ortega para obligarlo a implementar reformas democráticas antes de las elecciones presidenciales del siete de noviembre de 2021. Sin embargo, el régimen las ha ignorado y ha continuado aprobando leyes que restringen aún más los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Durante los últimos meses la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó leyes punitivas que han despertado preocupación entre organismos de derechos humanos. La anexión de cadena perpetua retroactiva en el artículo 37 de la Constitución Política, junto a la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos conforman el tridente que para la comunidad internacional buscan acallar a la oposición y restringir más libertades.
En el discurso de clausura de la XXXVI Legislatura de la Asamblea Nacional, el pasado 15 de diciembre, el diputado Gustavo Porras, dejó entrever que en la agenda parlamentaria, no están unas reformas electorales en este momento. “Nuestra primera tarea es trabajar el artículo 37 (de la Constitución) y luego pasar a la reforma del Código Penal”, dijo el presidente del organismo legislativo. El 10 de noviembre, la bancada sandinista modificó ese artículo y agregó la excepcionalidad de cadena perpetua cuando se comentan “crímenes de odio”. El Código Penal todavía establece 30 años de cárcel como pena máxima.
Sin embargo, el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, dijo durante una entrevista en el Canal VosTV, propiedad del Grupo Empresarial Pellas, que habrá una reforma electoral en mayo de 2021, una fecha que coincide con el plazo que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio al régimen. Sin embargo, Arce afirmó que se haría en esa fecha porque son los “plazos formales” para realizarse, y no porque haya una resolución de la OEA que así lo demanda.
No obstante, Arce tampoco profundizó en el contenido de esos cambios ni si implicará un cambio en los magistrados del Consejo Supremo Electoral.
A principios de noviembre, fuentes vinculadas al gobernante Frente Sandinista revelaron a CONFIDENCIAL que Ortega creó un grupo de trabajo para diseñar un proyecto de reformas a la Ley Electoral, enfocado estrictamente en aspectos de “orden técnico”.
