Los realineamientos en el Frente Sandinista

El 10 de enero recién pasado, se realizó la consagración oficial del régimen continuista y dinástico de la familia Ortega Murillo. Un acontecimiento pobre en celebraciones con un evento central con escasos invitados internacionales de peso, la ausencia de la Conferencia Episcopal en pleno y la asistencia de contingentes de jóvenes empleados públicos instruidos de previo a mostrar “alegría y disciplina”. No hubo fiesta en los vecindarios, ni música, ni piñatas, ni cohetes, ni fuegos artificiales.

Así transcurrió la “toma de posesión” de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, designados presidente y vicepresidenta por un Consejo Supremo Electoral, bajo su absoluto control, farsa y fraude electoral de por medio, uno de tal magnitud, que a la fecha no han podido publicar cifras de las juntas receptoras de votos y municipales.

No se trató de un acto de masas, sino de una puesta en escena debidamente organizada para mandar mensajes diversos.

La coronación dinástica

El acto de toma de posesión lució a un Ortega, concentrado en recordar su período de gobierno en los ochenta y de oposición en los noventa. Volvió, sin mayores estridencias,  sobre la responsabilidad de los Estados Unidos en la pobreza y las limitaciones de Nicaragua, por las intervenciones del siglo XIX y XX, llamándolos “sembradores de cizaña”. Guardó silencio sobre su gestión en los diez años transcurridos desde su retorno al poder en el año 2007, con la sola excepción de lo que se ha vuelto uno de sus temas repetitivos, la entrega de plantas eléctricas por el presidente Hugo Chávez F., en ese mismo año y el esquema de alianza con el gran capital.

Aludiendo un largo rato a Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral, partió de reconocer que nadie se había quejado de él cuando los fraudes se cometían contra el Frente Sandinista. Una defensa que implícitamente aceptó el comportamiento sistemáticamente doloso del funcionario.

Aunque por momentos parecía errático, su largo discurso estuvo orientado a demostrar que aunque otras elecciones, previas a las de 2006, también fueron fraudulentas, jamás desconocieron sus resultados, ni trataron de desestabilizar a los gobiernos establecidos.  Más allá de la veracidad o falsedad histórica de su planteamiento, Ortega, sin decirlo, mostró la herida profunda de la carencia de legitimidad y legalidad de su gobierno. No se refirió a la abstención, al masivo rechazo ciudadano del 6 de noviembre del año pasado, ni rechazó las acusaciones de fraude electoral.  Simplemente alegó, entre líneas, que los nicaragüenses en general y la oposición, en particular, debemos  aceptar su régimen, sin mayores aspavientos.  Ese fue el eje del evento. Buscar aceptación nacional e internacional.

Ortega, fiel a su condición de no electo, obvió mencionar y aludir a los grandes problemas de los nicaragüenses: el desempleo, la carestía de la vida, la inseguridad en el campo, el precio de la energía eléctrica y los combustibles, la corrupción y la discriminación de que son objeto los nicaragüenses en las instituciones.  Ni una palabra sobre los desafíos del sistema de salud y de una educación con calidad, para mencionar los más importantes.

Si el único objetivo del discurso de Ortega era la búsqueda de legitimación, hay que decir que fracasó en su intento. Pasado el acto de toma de posesión, Ortega y Murillo continúan en el poder con el mayor rechazo popular que hayan experimentado y en la máxima condición de aislamiento internacional, aún entre la mayoría de la izquierda latinoamericana y del resto del mundo.

Gustavo Porras abraza a Daniel Ortega tras su investidura. Carlos Herrera/Confidencial.

La instalación definitiva del murillismo

Si bien es cierto, se trata de un régimen continuista, también lo es que se han producido cambios sustantivos en su modelo, evidentes en los primeros nombramientos y decisiones.

La Asamblea Nacional que se ha instalado el 9 de enero pasado está ampliamente dominada por el orteguismo oficialista. El Frente Sandinista se adjudicó un total de 71 diputados: 14 nacionales, 56 departamentales y el ex vicepresidente Omar Hallesleven que asume un escaño. Es la cifra de resultados parlamentarios más elevada de la historia para un partido político. Una súper mayoría nombrada para convertirse en una verdadera aplanadora al servicio de las necesidades de la pareja Ortega-Murillo, apropiados completamente del Poder Ejecutivo.

La configuración parlamentaria se cerró con las designaciones realizadas a candidatos y candidatas de los partidos que participaron de las elecciones de noviembre, conocidos popularmente como “zancudos”, a quienes en total se les distribuyeron 21 escaños.

Al PLC se le asignaron 14, 3 nacionales y el resto departamentales. Se agrega Maximino Rodríguez, a quien se le asigna el escaño correspondiente al candidato presidencial del segundo partido en resultados. Al Partido Liberal Independiente (PLI) se le asignaron dos escaños. Uno a cada uno de los partidos siguientes: Partido Conservador, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y el APRE. Yatama consiguió uno.

Con esa composición claramente dominada por el oficialismo y con una participación de partidos subordinados, la Asamblea Nacional deja de ser un espacio de debate o concertación, entre el poder político y la oposición, pasando a ser simplemente una caja de resonancia de las decisiones de la familia Ortega. La composición actual de diputados y diputadas, entre quienes se encuentran acusados de corrupción, se ha traducido rápidamente en mayor descrédito para ese órgano.

El papel del parlamento queda reducido a la mera figuración, a una institución que será utilizada para tratar de guardar las apariencias de pluralismo, sin capacidad ni posibilidades de ejercer soberanamente las atribuciones que le concede la Constitución. Los diputados y diputadas ya saben, por la expulsión de los diputados opositores del MRS y el PLI, el año pasado, que no pueden emitir opinión contraria o simplemente divergente del régimen e incluso de sus propios líderes de partido. Desde mediados del año pasado, han dejado de tener como papel representar a sus electores, para pasar a representar a sus dirigentes. Es el certificado de defunción de cualquier parlamento.

En el seno del oficialismo se ha producido un alineamiento que se convierte en el signo de los tiempos, del ascenso del murillismo.

Rosario Murillo al ser juramentada como vicepresidenta por Gustavo Porras. Carlos Herrera/Confidencial.

La elección de Gustavo Porras, médico internista y antiguo diputado, como presidente de la Asamblea Nacional, es el hecho más relevante y decidor. Porras ha sido un operador político del círculo incondicional de la familia Ortega Murillo, que ha visto crecer su protagonismo y poder desde la década del noventa. Profusamente utilizado por Ortega como vocero contra los empresarios, los medios de comunicación, los organismos financieros internacionales y la oposición, Porras se ha caracterizado por su lenguaje altisonante y amenazante.

Desde su posición como secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, se encargó de manipular las luchas reivindicativas para ejercer presión y desestabilizar al gobierno de la presidenta Chamorro y las sucesivas administraciones liberales. Desde 2007, se ha encargado de controlar y anular las demandas económicas, sociales y legales de los trabajadores afiliados a los sindicatos del FNT, para satisfacer el interés de Ortega de ofrecer a los empresarios el control de la fuerza de trabajo, los salarios y las condiciones laborales. Su saldo: cero huelgas, salarios estancados, legislación regulatoria de las tercerizaciones y del primer empleo, engavetada.

En su gestión como sindicalista oficialista, Porras ha estado a cargo de confrontar y deslegitimar a la Central Sandinista de Trabajadores que ha pretendido actuar con cierta independencia, fuera de su circuito. También ha asegurado la persecución a toda fuerza sindical independiente, y a los trabajadores y trabajadoras afiliados a ellos, siendo especialmente severo cuando se ha tratado de las organizaciones de empleados públicos, trabajadores de salud y de educación.

Desde el ascenso al poder de Ortega, en 2007, ha venido copando el control de las  instituciones del área social y ha cumplido tareas de severo interventor en distintas instituciones. Ha fungido como ministro real del Ministerio de Salud, en donde ha manejado, entre otras, la decisión sobre los nombramientos, incluyendo la ubicación de los médicos en las plazas de las unidades de salud. En el INSS colocó a uno de sus leales, Roberto López, como presidente, quien ha estado bajo su dirección, participando con especial dedicación en el negocio de importación de medicamentos.

Porras tuvo un papel decisivo en la adopción de la nueva fórmula de cálculo de las pensiones a los jubilados, que resultó en una dramática disminución de su monto y en la prolongación, de hecho, del tiempo que un trabajador o una trabajadora, debe cotizar para obtener lo que hubiese resultado con la fórmula anterior a la reforma de 2013.  Esa ha sido la consecuencia más grave de su desempeño como sindicalista y patronal simultáneamente, en las que ha sido sacrificado sistemáticamente el interés de los trabajadores.

Su nombramiento confirma que la designación de Rosario Murillo como vicepresidenta y sucesora de Daniel Ortega no es un acto de mera formalidad o eventual, sino que tiene y tendrá repercusiones dentro del Frente Sandinista y en las instituciones del Estado. En el oficialismo se consagra el grupo de los incondicionales frente a quienes han coqueteado con posiciones privadas o públicas distanciadas de Murillo. En ese grupo se inscribe la mayoría de quienes participaron de la lucha contra la dictadura somocista y que aún quedan en sus filas, antiguos amigos de Ortega casi completamente relegados de todo espacio de poder político y otras figuras necesarias en períodos anteriores, como Omar Hallesleven.

El exjefe del Ejército de Nicaragua, Omar Halleslevens, en una comparencia en la ONU. Foto: Cortesía.

La candidatura de Hallesleven, ex jefe del Ejército de Nicaragua, a la presidencia de la Asamblea Nacional era impulsada discretamente por un sector del oficialismo. Al desecharla, se le margina como intermediario de un sector de la oficialidad del Ejército que lo consideraba representativo de sus intereses y opiniones. Hallesleven es de la generación de la lucha contra la dictadura que Murillo quiere fuera de los negocios políticos e institucionales.

En la composición de la junta directiva de la Asamblea Nacional, el orteguismo premió al PLC con la designación de María Haydee Osuna, una leal de Arnoldo Alemán, como tercera vicepresidenta, cancelando las aspiraciones del ex candidato presidencial, Maximino Rodríguez. En una tercera secretaría fue ubicado el diputado de ALN, Alejandro Mejía Ferreti, a quien el orteguismo le debe el prestar la estructura de su partido, para controlar las juntas receptoras de votos en varias elecciones pasadas.

Alemán quedó consagrado como aliado principal, reconocido ampliamente por su inalterable subordinación a Ortega. Su ausencia en el acto de toma de posesión es un acto de maquillaje inaugurando una etapa en la que tratará de aparecer como opositor real.

En un acto sin precedentes, Ortega ordenó a su esposa vicepresidenta tomar la palabra previo a su alocución en el evento de toma de posesión. Un gesto de simbolismo característico de la personalidad y ambición protagónica de Murillo, quien había preparado todos los detalles de la actividad, definido los invitados y la música, aprobado la escenografía y escrito la “promesa de ley”.  El momento culminante, que establece al murillismo, como facción dominante en el orteguismo, no podía pasar en silencio.

Con el nombramiento de Porras, Murillo consolida su control sobre un ámbito de acción institucional que anteriormente, bajo la presidencia de René Núñez T., era coordinado por el propio Ortega.

Murillo ya se ha hecho cargo, también, de la relación cotidiana con el COSEP y se espera que los cambios y ajustes en los nombramientos apunten a un fortalecimiento de su posición en el Estado, incluyendo la relación con los militares. El tiempo del mientras tanto ha terminado. A partir de ahora, Murillo ejercerá el poder plenamente como sucesora y gobernante designada.

En la otra acera del Frente Sandinista

A quienes Ortega se refería en su discurso reclamando por no aceptar su designación, era al Frente Amplio por la Democracia, que el propio 10 de enero, por la mañana, dejó clara su posición de no reconocer como legítimo a su gobierno y de continuar demandando la convocatoria a nuevas elecciones nacionales inmediatas, con cambios sustanciales en el Poder Electoral y plenas garantías para la participación pluralista y el ejercicio del voto ciudadano libre y sin adulteraciones. El FAD ha hecho llegar esta posición a Luis Almagro el Secretario General de la OEA, cuyo compromiso de hacer público el informe de la OEA sobre el proceso electoral nicaragüense, vence el 15 de enero próximo.

El FAD ha convocado, repitiendo las palabras de Pedro Joaquín Chamorro, a una “resistencia cívica y organizada” contra el régimen, ha condenado todo tipo de pactos actuales o futuros.  Para esa alianza que agrupa fuerzas políticas y sociales diversas, su objetivo, como lo afirmó Chamorro, “no es medrar de lo antiguo, medrar del sistema, medrar del gobierno, sino cambiar el gobierno y transformar el sistema”.  Esa alianza ha convocado a sus líderes territoriales para definir su estrategia para el presente año, de la que ya han sido dichas las líneas principales.

Del otro lado, Ciudadanos por la Libertad ha iniciado la organización y elección de sus juntas directivas municipales bajo la supervisión del Consejo Supremo Electoral con el objetivo de obtener personalidad jurídica que le haga posible participar de las elecciones municipales.  Eduardo Montealegre, su líder, ha renunciado a recuperar la personalidad jurídica del PLI, que le fue arrebatada por una decisión de Ortega ejecutada en el sistema judicial. Ciudadanos ha sufrido un golpe con la retirada de quien fue su candidato a la presidencia, Luis Callejas, afirmando que no cree en la búsqueda de personalidad jurídica y participación en las elecciones municipales, sin antes resolver los temas esenciales del derecho a elegir de los nicaragüenses.

Entre las fuerzas sociales organizadas, el movimiento campesino ha tenido el principal protagonismo en los últimos años, con las luchas contra la minería a cielo abierto en Rancho Grande, departamento de Matagalpa y contra la construcción de un canal interoceánico.

Líderes campesinos que se oponen a la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua. Carlos Herrera/Confidencial.

El movimiento campesino ha comenzado el año 2017 con la movilización de varios miles de personas en distintas comunidades ubicadas en la ruta del proyectado canal interoceánico.  En El Tule, Altagracia y La Fonseca se han realizado las marchas número 83, 84 y 85 en defensa de sus tierras, el lago Cocibolca y la soberanía nacional, demandando la derogación de la Ley 840 que otorgó la concesión canalera a la empresa HKND.  Mientras, el 10 de enero se preparaban las condiciones para el acto de toma de posesión de la familia Ortega Murillo, en La Fonseca, comunidad que lidera Francisca Ramírez, se congregaron más de dos mil personas a realizar su protesta.

El gobierno de Ortega ha desplegado campañas de desprestigio, amenazas, represión, ocupación de bienes y acciones de todo tipo, contra el movimiento campesino anti canal y su liderazgo, que constituyen uno de los fenómenos sociales más relevantes de los últimos tiempos.  La participación reivindicativa y política del campesinado en Nicaragua, estuvo asociada tradicionalmente a los distintos conflictos armados, pasados los cuales volvían a sus labores y a una posición de marginación de los centros de toma de decisiones en el país. Esta es la primera circunstancia en que el campesinado se articula para defender sus intereses ambientales, económicos y sociales, de manera consistente en expresiones de lucha cívica sostenida.

Contrario al modelo de alianzas con los grandes empresarios desplegado con toda intención y dedicación por Ortega y su esposa y al protagonismo y participación cedida a ellos, el movimiento campesino no ha podido contar con el oído abierto de las instituciones públicas, ya no digamos en la relevante posición otorgada a los grandes empresarios. El Ortega que se declaró amigo de los grandes empresarios en el acto de toma de posesión, es el mismo que se ha declarado enemigo de los pequeños y medianos empresarios que se expresan en el movimiento campesino anti canal.

Está claro que sin importar la justeza y fuerza del movimiento campesino, Ortega y su esposa no están dispuestos a dar por cancelado el proyecto de construcción de un canal interoceánico, ni a derogar la Ley 840, pese a que cada vez más queda en evidencia que la proporción de fantasía del proyecto era mucho mayor que la de realidad.

Ortega seguirá apostando en los próximos meses a lograr un pacto con una de las fuerzas políticas en la oposición; tratará de montar a la OEA en un mecanismo de observación restringida para legitimar las elecciones municipales y hará todo lo que esté a su alcance, para lograr que la política exterior de la nueva administración en los Estados Unidos no le sea desfavorable, tratando de neutralizar las fuerzas del Congreso que le son adversas.

A lo interno, Murillo continuará acumulando poder dentro del FSLN y en el Estado. En el futuro inmediato, el poder de la familia Ortega Murillo, ahora con cobertura institucional total, será usado para dar un mayor impulso a la acumulación de capital y el control de sectores económicos en sus manos, motivados ahora en mayor grado por la percepción de su propia debilidad, que fue dejada al descubierto el 6 de noviembre pasado.