30 de septiembre 2020
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Dirigentes opositores de Nicaragua han denunciado, por separado, que son víctimas de asedio constante de la Policía Nacional, en el marco de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.
"El nicaragüense no tiene paz social, no tiene tranquilidad, porque los verdugos acechan a la ciudadanía. Nos sentimos secuestrados en nuestro propio país, nos sentimos amenazados. En vez de estar asediando aquí, deberían combatir a la delincuencia, el pueblo de Nicaragua está hastiado de tantas amenazas", sostuvo el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
Nicaragua cumplió este 28 de septiembre dos años desde que en 2018 se estableció un estado policial de facto, cuando la Policía Nacional prohibió las marchas contra el Gobierno de Daniel Ortega a través de las cuales se expresó el reclamo popular de justicia, democracia y libertad entre abril y septiembre de aquel año. Desde entonces, la Policía negó el permiso a siete marchas convocadas por opositores, estudiantes, empresarios, mujeres y defensores de derechos humanos, y ha mantenido una vigilancia y asedio constante contra la ciudadanía.
Persecución de la Policía como "bandas delictivas"
El académico Félix Maradiaga dijo a periodistas que permaneció recluido cinco días en un hotel de Managua, debido a que agentes de la Policía Nacional mantuvieron rodeado el lugar.
Este miércoles salió del hotel para participar en una conferencia de prensa de la Coalición Nacional, a la que pertenece como miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, y fue seguido en todo momento por los oficiales a bordo de patrullas y motocicletas, según documentaron medios de prensa.
"Esto demuestra una vez más las ansias de la dictadura para evitar la organización y fortalecimiento de la Coalición Nacional", dijo Maradiaga, que fue señalado por la Policía Nacional de organizar "bandas delictivas" y de "alterar la paz" en Nicaragua en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron hace más de dos años.
Félix Maradiaga durante una protesta en octubre de 2019, en Managua. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
A juicio del académico, la policía mantiene un asedio constante en su contra para no permitir que siga organizando a las bases de la Coalición Nacional, que se ha presentado como la gran fuerza política que enfrente a Ortega en las elecciones de 2021.
"¿Qué es lo que la dictadura quiere hacer?, quiere cansarnos. Esto es una lucha de resistencia", comentó.
Maradiaga fue director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), una organización allanada en septiembre de 2019 y a la que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le retiró la personalidad jurídica.
Vigilancia constante contra opositores
Mientras tanto, el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, dijo que desde el sábado sufre persecución policial desde su casa a los lugares a donde vaya.
Este miércoles también salió de su residencia y fue seguido por agentes a bordo de patrulla y en el camino fue retenido por un grupo de agentes que le pidieron sus documentos y luego lo dejaron seguir su camino, según un video que compartió a los periodistas.
Juan Sebastián Chamorro (de camisa blanca) golpeado durante el asedio policial en los alrededores de Metrocentro, en diciembre de 2019. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
Tanto Maradiaga como Chamorro se dirigieron, por separado, a la residencia de la Embajada de Italia en Nicaragua, donde sostendrán una reunión.
Este martes, también el líder del Movimiento Campesino de Nicaragua, Medardo Mairena, denunció que se vio obligado a dormir en la sede de una ONG defensora de los derechos humanos para evitar ser detenido, tras, según dijo, ser "perseguido" por una patrulla de la Policía en la víspera.
"Ayer fuimos perseguidos por una patrulla de la Policía. Desconocemos cuál es la razón. Hacemos responsable, una vez más, a este régimen de lo que nos pueda suceder", denunció Mairena en una conferencia de prensa en la que confirmó que durmió en la sede de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por temor a ser capturado.
"Dormimos aquí porque no somos de Managua, y sabemos que detrás de la Policía están los paramilitares (civiles armados afines al Gobierno). Sabemos de lo que son capaces, no solamente secuestrar, sino torturar, también asesinar, porque es lo que han hecho todo este tiempo", sostuvo Mairena, originario del municipio de Nueva Guinea, en el Caribe sur.
Recordó que cuando fue capturado en 2018, tras el estallido social que comenzó en abril de ese año, sufrió torturas y malos tratos, así como una condena de 216 años de cárcel, que finalmente no se cumplió debido a una Ley de amnistía promovida por el Gobierno.
El líder campesino Medardo Mairena en la firma de los estatutos de la Coalición Nacional, en junio de 2020. // Foto: Nayira ValenzuelaMairena afirmó que "en las últimas semanas la agresión hacia los campesinos ha incrementado, la militarización en los territorios es parte de la persecución que nos han dado, en las últimas visitas que hemos realizado a los territorios, hemos sido perseguidos y humillados en los retenes".
La denuncia de Mairena coincidió con otros casos similares hechos públicos por diferentes grupos opositores en las últimas dos semanas.
"Aun siendo nicaragüense vivimos como si estuviéramos exiliados, pedimos a la comunidad internacional que nos ayude a salir de esta dictadura", resaltó el dirigente rural, quien además responsabilizó a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de lo que le pueda suceder.Decenas de excarcelados opositores también han denunciado que son víctimas de asedio policial.
La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, no ha explicado los motivos de esa vigilancia a los opositores.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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