29 de diciembre 2021
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Daniel Ortega iniciará el 10 de enero de 2022 un cuarto mandato consecutivo “sin legitimidad”, luego de una reelección sin competencia política, que lo aísla aún más ante una comunidad internacional que reclama un diálogo para establecer reformas electorales que permitan unas nuevas elecciones presidenciales sin presos políticos, competitivas, justas y transparentes.
Sin embargo, el régimen de Ortega únicamente ha esbozado una hueca oferta de diálogo en boca del sancionado diputado del Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez, quien adelantó que habría un “diálogo” tras la reelección de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
“Después que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones, este 7 de noviembre, se abre un gran diálogo nacional, donde van a caber todos”, dijo Gutiérrez en el hemiciclo de la Asamblea Nacional el pasado 12 de octubre, cuando también patentó que sería un “diálogo” excluyente, en las condiciones del FSLN y con los interlocutores que Ortega decida.
“Si el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo, bienvenidos sean, qué bueno. Ya lo dijo el presidente Ortega también”, agregó Gutiérrez, dejando por fuera a la oposición.
Por su parte, las organizaciones opositoras en el exilio y de la diáspora igual sostienen que “no hay condiciones” para un diálogo con el régimen.
El pasado 7 de diciembre, a un mes de la farsa electoral, más de 35 organizaciones opositoras, de exiliados y de la diáspora nicaragüense rechazan categóricamente la posibilidad de un diálogo con el régimen, que se estaría fraguando para después del 10 de enero, una vez que Ortega nuevamente se “entregue” la banda presidencial a él mismo, como ha ocurrido desde 2012, cuando se reeligió rompiendo (primero) los candados constitucionales y encarcelando (ahora) a la competencia política y electoral en 2021.
Desde San José, Costa Rica, representantes de estas organizaciones señalaron que “nunca han existido condiciones” para dialogar con la pareja gobernante, que no dialogarán con un régimen “asesino” e “ilegítimo” y que no puede “oxigenarse” al régimen mientras existan, además, más de 160 presos políticos.
Unirse, reorganizarse, y la autocrítica pendiente en la oposición
De igual manera, la oposición arrastra varios desafíos, como la unidad, la urgente reorganización y la autocrítica de la que parece seguir rehuyendo, mientras en Nicaragua se extinguen los espacios de lucha, con la autocensura y el silencio agotando las opciones de resistencia cívica.
El exdiputado opositor actualmente en el exilio, Eliseo Núñez, estima que un buen inicio fue la hoja de ruta firmada en octubre pasado por varias agrupaciones. Sin embargo, admite que falta mucho camino por recorrer en una lucha contra Ortega que se ha vuelto atemporal.
Para la doctora María Asunción Moreno, experta en Derecho Penal y también en el exilio, este “es el momento” para que todas “las organizaciones opositoras, que creemos en la democracia, debemos de tener un diálogo franco, sincero y directo, con la finalidad de buscar una agenda que debe de ir dirigida a enfrentar al régimen Ortega Murillo para poder de verdad crear una opción en Nicaragua que nos permita enfrentar al régimen”.
Sin embargo, en un artículo de opinión publicado el 15 de diciembre, en CONFIDENCIAL, el politólogo Silvio Prado, advirtió que “se reeditarían los mismos desencuentros, entre otras razones, porque nadie se siente responsable por el fracaso anterior”.
“Hasta la fecha –escribió– ninguna de las personas que fue protagonista del fiasco ha asumido públicamente sus errores, ni sus poses arrogantes ni sus exabruptos excluyentes” y, continuó: “mientras no lo hagan no serán capaces de reconocer que ya no pueden ser interlocutores ni facilitar nuevos procesos de entendimiento”.
Prado sugirió que “deberán hacerse a un lado quienes no tengan una mentalidad amplia fruto de las lecciones extraídas de una experiencia tan traumática” y que, “sin una autocrítica seria, en que las partes reconozcan sus cuotas responsabilidad por el fracaso de los esfuerzos unitarios de 2021, difícilmente podrá superarse la lógica de suma cero en que se encerraron muchos de los protagonistas opositores”.
Para Prado, tampoco se trata de “hacer borrón y cuenta nueva, sino más bien capitalizar las buenas y las malas experiencias aún frescas”. Es decir, “se trata de entender algo tan sencillo como que ninguno podrá ganar por separado si no ganan todos”.
Ortega, mientras tanto, mostró cómo, una vez más, echó a andar su vieja maquinaria del fraude.
La ratificación de las fichas del FSLN
Con la vista puesta en las votaciones del 7 de noviembre, el régimen de Ortega y Murillo acomodó durante meses todas sus piezas hasta que puso en jaque a la oposición política. Reformó la Ley Electoral, nombró y ratificó magistrados electorales de su partido, encarceló a aspirantes a la Presidencia y únicamente permitió la participación de “candidatos” a su medida. No hubo torre que salvara a sus oponentes y en la víspera de las votaciones el orteguismo asestó el jaque mate.
El anhelo de un proceso electoral justo y transparente en Nicaragua fue lapidado seis meses antes de las votaciones generales. Cuando, el 4 de mayo de 2021, la Asamblea Nacional —controlada por el régimen de Ortega y Murillo— aprobó unas reformas electorales diseñadas a la medida del mandatario y nombró como magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) a conocidos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Al día siguiente de haber sido electos, los nuevos magistrados convocaron a elecciones generales y establecieron un periodo de seis días para presentar la solicitud de alianza de partidos políticos, cuando en las elecciones de 2016 el plazo fue de 70 días. La premura no sorprendió al gobernante Frente Sandinista que, contrario a la oposición, inscribió su alianza política sin mayores contratiempos.
La eliminación de la competencia
En la eliminación de la competencia política participaron todos los poderes del Estado. La Policía —en la víspera de la inscripción de candidatos presidenciales— arrestó a 40 líderes gremiales, empresarios, defensores de derechos humanos, campesinos y periodistas; entre ellos los aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre.
El argumento fue que supuestamente estaban siendo investigados por “traición a la patria”, en el marco de la “Ley de Soberanía”, y el Ministerio Público terminó acusándolos por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “lavado de dinero”. Y todos estos procesos continúan abiertos y siguen encarcelados, aunque ninguno ha sido condenado.
De igual manera, el CSE manipuló el calendario electoral para bloquear posibles alianzas electorales opositoras y despojó de su personería jurídica al Partido Conservador (PC), al Partido de Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL). El primero por anunciar que no participaría en las elecciones y los otros dos —que eran considerados los vehículos de la oposición— a través de zancadillas políticas.
Al PRD lo cancelaron porque un grupo de pastores evangélicos, que ni siquiera pertenecían al partido, expresaron al Tribunal Electoral su inconformidad con la gestión del reverendo Saturnino Cerrato, representante legal de la organización. Mientras que CxL fue cancelado porque la presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, denunció que su principal contendiente habría violado la “Ley de Soberanía” sin especificar cuál fue el hecho punible.
Oposición presa o en el exilio
Cuando los partidos políticos quedaron descalificados y sus potenciales candidatos encarcelados, los movimientos sociales aglutinados en la Coalición Nacional (CN) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) comenzaron a disgregarse, unos en el exilio, otros en casas de seguridad y muchos silenciados ante la escalada represiva y persecución en Nicaragua.
Las organizaciones opositoras que aún quedan en Nicaragua, en silencio y escondidas para eludir la persecución, cuidan de mantener viva su red de contactos. Aseguran que en este momento la lucha es por preservar la libertad, reorganizarse y trazar una estrategia para continuar enfrentando al régimen de Ortega y Murillo.
Con siete precandidatos presidenciales presos y una oposición encarcelada, perseguida, exiliada o silenciada ante el recrudecimiento del estado policial de facto, impuesto tras las protestas ciudadanas de 2018, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hizo acompañar de un séquito de cinco partidos políticos que aparentaban la “normalidad” de un proceso electoral multipartidista, pese a la falta de garantías y de competencia política, jugando el rol de “zancudos”, como se les conoce en la cultura política nicaragüense.
Votaciones marcadas por la abstención
La escasa participación en las votaciones del 7 de noviembre fue tal que las únicas aglomeraciones se dieron cuando los centros de votación aún no abrían las puertas, antes de las 7:00 a.m. No hubo filas porque la población no salió a votar. El observatorio independiente y multidisciplinario Urnas Abiertas registró un abstencionismo del 81.5%.
El abstencionismo contrastó completamente con los datos del Consejo Supremo Electoral —controlado por el régimen orteguista— que en sus informes estableció este renglón en tan solo un 35% y le asignó a Ortega y Murillo un 75.87 % del porcentaje de votos de estos comicios irregulares, aduciendo que más de 2.9 millones de ciudadanos, de los registrados en el padrón electoral, votaron a favor de la continuación del dictador y su esposa.
Así, el CSE proclamó a Daniel Ortega para un cuarto periodo presidencial consecutivo, el segundo junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; y una bancada de 75 diputados del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, confirmando de esta manera el control absoluto del orteguismo en ambos poderes del Estado.
En la lista definitiva de funcionarios electos, el CSE le quitó al partido Camino Cristiano Nicaragüense la única diputación que le había asignado al día siguiente de las votaciones y trasladó el escaño legislativo al Partido Liberal Independiente. El cambio se dio luego que el presidente de CCN y excandidato presidencial, Guillermo Osorno, denunció que las votaciones del 7 de noviembre fueron fraudulentas y reconoció que su partido no fiscalizó ni el 10% de los 3106 Centros de Votación (CV) habilitados a nivel nacional.
Además de los 75 diputados sandinistas, la Asamblea Nacional estará integrada por diez legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dos la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) dos el Partido Liberal Independiente (PLI), uno el partido Alianza por la República (APRE) y uno el partido regional Yatama.
