27 de octubre 2020
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Los 70 votos del gobernante Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobaron sin oposición la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como "Ley Mordaza", que pretende regular el contenido en internet y acallar las voces críticas de los adversarios de Ortega que hacen denuncias de violaciones contra los derechos humanos en Nicaragua.
La Ley establece penas que van desde los dos hasta los ocho años de cárcel por la comisión de distintos delitos, entre ellos la propagación de noticias falsas, la divulgación de información confidencial de las instituciones del Estado o el acceso no autorizado a las páginas web del Gobierno para la modificación u obtención de información.
La Ley faculta al Gobierno en su artículo 39, para que el Gobierno pueda solicitar a las empresas proveedoras de servicios “recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, así como el tráfico de datos en tiempo real”.
Una ley para uso discrecional
Diputados liberales en el plenario reiteraron las advertencias de analistas y abogados sobre cómo la Ley es ambigua sobre las definiciones de noticias falsas o qué es un ciberdelito y, por tanto, representa un peligro para todos los ciudadanos del país y los medios de comunicación.
"Lo que hay que ver en estas leyes es el tema de la discrecionalidad de decidir qué es un ciberdelito y dónde y a quién se perseguirán con esos ciberdelitos, que, en esta Ley, junto con las otras (Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Cadena Perpetua), buscan promover ese temor de persecución , bien fundado, que está teniendo la población de Nicaragua", criticó la diputada liberal Azucena Castillo.
Sin embargo, el también orteguista Carlos Emilio López, defendió la Ley al igual que su colega Wálmaro Gutiérrez, promotor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, alegando que no está diseñada para la persecución, sino para modernizar la legislación nicaragüense y "proteger a las familias".
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"Al menos los diputados de la bancada del Frente Sandinistas de Liberación Nacional, el objetivo que tenemos cuando legislamos sobre este tipo de delitos no es crear una figura para desarrollar una persecución o una cacería de brujas, como se ha querido aquí transmitir aquí en el plenario", defendió Gutiérrez.
Por su parte, López aseguró que "se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales, a los que crean y difunden falsas noticias creando alarma, temor, zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público, la salud o la seguridad soberana como cuando dijeron que los tanques del Ejército estaban en Managua reprimiendo y era falso, o como cuando dijeron que una avioneta andaba en Managua, Masaya y Carazo rociando veneno. ¡Mentira! Nunca ocurrió. Como cuando dijeron que miles y miles de nicaragüenses estaban contagiados y miles y miles de muertos por causa del covid. ¡Falso!".
Las última referencia a la que hace alusión López, también incluiría los reportes divulgados por el independiente Observatorio Ciudadano COVID19, que desde el inicio de la pandemia realiza un monitoreo independiente de los casos sospechosos y muertes asociadas a la covid en el país, ante la negativa del Minsa de revelar los datos reales sobre el avance de la pandemia.
Los sandinistas también dejaron claro que las críticas y cuestionamientos en las redes sociales serán perseguidas, aunque se refieren a ellas como calumnias.
"Estamos legislando para que se nos respete en las redes sociales, porque en algunas redes se acostumbra calumniar, amenazar", dijo la diputada Maritza Espinales.
Consulta entre actores afines al orteguismo
La Ley fue "consultada" únicamente con sectores afines al régimen orteguista, principalmente los medios de propaganda, cajas de resonancia de los mensajes de Ortega y Murillo. Según los orteguistas, esta Ley fue consultada con los magistrados Alba Luz Ramos y Marvin Aguilar, así como con la fiscal Ana Julia Guido, y la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales Urbina.
También aseguran que se consultó con miembros de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), aunque a ninguna de estas consultas se permitió el ingreso de los medios de comunicación independientes.
En la lista de medios consultados sí figuran todos los de la propaganda orteguista: Canal 2, 4, 6, 8, 13, La Nueva Radio Ya, Radio La Primerísima, e incluyen en esta lista a la Red de Jóvenes Comunicadores y el Ministerio de Gobernación.
También aseguran que dentro de la ahora Ley, están incluidos los aportes que fueron enviados de forma escrita por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos y de la Dirección General de Análisis y Seguimiento Presupuestario Económico de la Asamblea Nacional.
Durante la discusión en el plenario, el diputado orteguista Edwin Castro también aseguró que recibieron por escrito los aportes de la Cámara Nicaragüense de Internet de Telecomunicaciones (Canitel), aunque no figura en la Ley ni se sabe cuáles fueron esos aportes.
"Y si no sabían, porque parece que mis colegas del PLC no están aquí en la Asamblea, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios a la Ley por escrito, los cuales también fueron vistos e incorporados. De tal manera que sí hubo consultas a los operadores privados", defendió Castro por las críticas de que la Ley solo se consultó entre sectores sandinistas.
La Ley entraría en vigencia 60 días después que sea publicada en La Gaceta, Diario Oficial, según lo que establecieron los diputados orteguistas en el artículo 48 de la misma.
