Nicaragua: La salida de Ortega es constitucional

El canciller Denis Moncada abandonó el miércoles el plenario del Diálogo Nacional, tras seis horas de discusiones estériles, con una grave acusación: la agenda que presentaron los obispos, dijo, pretende “desmontar el Estado Constitucional legítimamente electo. Es una ruta para un golpe de Estado”. De esta manera el Gobierno se cerraba a discutir la única alternativa para salir de forma pacífica de la crisis que vive Nicaragua, y que pasa por la aprobación de una Ley Marco que establezca las condiciones para una transición ordenada.

El punto cuatro de la agenda presentada por los obispos para la democratización del país establece la aprobación de una Ley Marco para la transición y gobernabilidad democrática, que permita la implementación de los acuerdos políticos del Diálogo, que incluirían el adelanto de las elecciones, establecer un calendario electoral, nombrar garantes internacionales y nuevas autoridades de los poderes e instituciones del Estado.

“Esta es una solución política a un problema político”, afirma el jurista Óscar Castillo. “No rompe el orden constitucional, por lo contrario, plantea procedimientos de orden legal”, agrega. El jurista explica que este tipo de mecanismo ya se ha usado en otros momentos de tensión política en Nicaragua, aunque no en todos los casos ha sido legítima o legal. Mencionó, por ejemplo, la Ley Marco aprobada en 2005, cuando el país estaba sumido una crisis política por la amenaza de reformas a la Constitución que restaban poderes al Ejecutivo y que impulsaba desde la oposición el Frente Sandinista, con Daniel Ortega al frente, contra el entonces presidente Enrique Bolaños.

En ese entonces el Estado estuvo prácticamente paralizado y la solución encontrada a la crisis fue un acuerdo discutido por casi ocho horas entre el mandatario y el caudillo del Frente. Se trataba de una Ley Marco que congelaba las reformas constitucionales, permitía aprobar leyes económicas de interés para organismos internacionales y le daba legitimidad al caudillo sandinista, empeñado en regresar al poder, “presentándose ante la comunidad internacional como quien puede garantizar una tregua, como quien conoce y sabe mover los hilos del poder. Con eso, vende mejor la imagen de candidato potable, la que no tiene”, explicó la revista Envío, editada por la UCA, en un amplio análisis publicado en noviembre de 2005.

Castillo asegura que aquella Ley Marco fue ilegal, aunque sirvió para solucionar una crisis política que mantenía en jaque al Ejecutivo de Bolaños y paralizado al Estado.

Asamblea Nacional debe aceptar renuncia

Cairo Manuel López, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional en 1996, coincide en que, aunque la Ley Marco “violentaría algunos cánones formales” desde el punto de vista teórico del Derecho Constitucional, en el pasado ha servido para “superar crisis políticas” de la historia nicaragüense.

Según él, es “una solución política que hay que orientarla dentro de los cánones establecidos en la Constitución”.

Si la pareja presidencial renunciara, para López y el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, el primer paso es que la Asamblea Nacional acepte la renuncia y, que en un plazo de 72 horas, su presidente, Gustavo Porras, asuma de manera interina el poder para escoger, dentro del seno de la Asamblea, a la persona que concluiría el período de Gobierno.

“Esa es una salida perfectamente constitucional y políticamente adecuada, no hay ningún impedimento para pensar que eso no pueda funcionar. Si el presidente (Ortega) no lo quiere aceptar o quiere utilizar a sus personeros para calificarlo como de golpe de Estado, eso no tiene más evidencia de que no quiere ninguna salida pacífica a esta crisis”, sentencia Álvarez.

Para López, los puntos planteados por la Conferencia Episcopal, son una “especie de ruta, un protocolo, un camino a seguir, para lograr el objetivo principal: la democratización de Nicaragua”.

“El primer paso es la salida del presidente Ortega del poder, el segundo paso es de qué manera se va a hacer la transición, puede ser a través de un actual diputado de la Asamblea Nacional, podría, a través de una Ley Marco, nombrarse una junta de Gobierno provisoria, transitoria, que prepare las condiciones para llegar a democratización y una vez sean aprobadas estas reformas constitucionales pasar a un proceso electoral donde el pueblo decida y escoja a su futuro gobernante”, insiste el exdiputado y jurista.

Falta voluntad política

En la crisis actual, los obispos de la Conferencia Episcopal aceptaron ser mediadores de un Diálogo Nacional que abordara “desde la raíz” el problema político de Nicaragua, que no es más que el retroceso democrático causado por Ortega. Para el jurista Castillo eso pasa por profundas reformas que deben ser discutidas en el plenario del Diálogo y luego de hallar un consenso plasmadas en una Ley Marco. Esa es la ruta, dijo.

“Se deben recoger todos los acuerdos políticos, establecer garantes (principalmente internacionales) para que esos acuerdos se cumplan y establecer la calendarización de los procesos, que incluye el adelanto de las elecciones”, explica. Para Castillo es la mejor solución a la crisis, dado que el modelo político del presidente Ortega se agotó y hay una fuerte presión popular para que deje el poder. “Una opción viable es que se reduzca el periodo del presidente y se adelanten las elecciones”, aconseja.

“Estas reformas deben hacerse lo más pronto posible y pasan por la voluntad política del presidente: él es el único que puede orientar a la Asamblea lo que debe hacer”, explica Castillo en referencia al control político que ejerce el caudillo sobre el Poder Legislativo.

Castillo acude a otro ejemplo: El Diálogo Nacional convocado por Ortega en 1989, en plena crisis política de su Gobierno, desgastado por la guerra de la Contra. Durante 23 horas el presidente se reunió en el Centro de Convenciones Olof Palme con 21 partidos políticos y representantes del COSEP. Tras 53 intervenciones y un debate acalorado, las partes llegaron a una serie de acuerdos que pasaban por establecer un proceso electoral limpio. “Los acuerdos se dieron el cuatro de agosto y en septiembre ya había una convocatoria a elecciones” y la reforma constitucional plasmó el recorte del período presidencial. No había tiempo qué perder. Lo mismo sucede ahora. “El país no puede esperar dos o tres años. La Iglesia y la Alianza Cívica ya lo han planteado con claridad”, dice el jurista.

A finales de abril se difundió una propuesta de Ley Marco preparada por Oscar Carrión, consultor jurídico, que establece doce artículos, entre ellos el adelanto de las elecciones generales, la aprobación de reformas electorales que incluyan las recomendaciones hechas por la OEA y la Unión Europea, destitución de los magistrados del Poder Electoral. Los acuerdos finales deben salir de la mesa del Diálogo Nacional, suspendido indefinidamente por los obispos tras la falta de consenso entre el Gobierno y la Alianza Cívica, lo que demuestra que el presidente Ortega no está dispuesto a ceder a pesar de la presión en las calles. La salida pacífica a la crisis, insiste el jurista, pasa por la voluntad política del mandatario.

Asamblea Nacional debe aceptar renuncia

Cairo Manuel López, exdiputado y expresidente de la Asamblea Nacional, coincide en que, aunque la Ley Marco “violentaría algunos cánones formales” desde el punto de vista teórico del Derecho Constitucional, en el pasado ha servido para “superar crisis políticas” de la historia nicaragüense.

Según él, es “una solución política que hay que orientarla dentro de los cánones establecidos en la Constitución”.

Para López, los puntos planteados por la Conferencia Episcopal, son una “especie de ruta, un protocolo, un camino a seguir, para lograr el objetivo principal: la democratización de Nicaragua”.

Fe de errata: En una versión inicial de este texto se decía que el autor de una propuesta de Ley Marco era el doctor Oscar Castillo, pero en realidad la autoría es del consultor jurídico Oscar Carrión.