1 de junio 2018
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La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, condenó los actos de represión y violencia ordenados por el Gobierno de Daniel Ortega contra la marcha pacífica en honor a las madres de las víctimas de la masacre durante las protestas y declaró que la única salida es seguir en las calles “en rebelión” ante lo que calificó como una dictadura.
“Estamos en una situación en la que se hace necesario aplicar el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que cuando un Gobierno cierra todos los espacios, la ciudadanía tiene el derecho a la rebelión”, declaró Núñez durante el programa televisivo Esta Noche.
Para la defensora de derechos humanos, estamos llegando al punto en que lo único que les queda a los nicaragüenses “es que sigamos en las calles”, porque solo a eso Ortega “le tiene miedo”, porque “sabe lo que se puede lograr con un levamiento pacífico”.
“La lucha está en la calle, Daniel Ortega nunca ha entendido de leyes, nunca ha entendido de diálogo, a él lo único que lo hace ceder es la calle, porque es lo único que él conoció”, manifestó.
Un ataque planificado
Núñez afirmó que los agresión a la denominada “madre de todas las marchas” fue un “ataque combinado” entre las fuerzas policiales, las turbas orteguistas de la Juventud Sandinista y fuerzas paramilitares afines al Gobierno.
“No se puede pensar que fue un encuentro casual, la gente venía con un espíritu pacífico muy pocas veces visto (…) Entre ambas marchas había una distancia considerable y no tenían posibilidad de coincidir; así que la agresión fue montada y es evidente que los agresores vinieron expresamente a agredir la marcha”, precisó.
Aseguró que “solo en una mente tan perversa pueden anidarse este tipo de sentimientos y acciones” contra los miles de manifestantes que recorrían pacíficamente las calles de Managua.
Sin embargo, expresó que esto “no fue una sorpresa” sino “una muerte anunciada” cuando días antes el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, llamó a todos los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones a “defender con toda la fuerza” al presidente Ortega.
Recordó la ocasión en la que el Procurador General de la República, Hernán Estrada, se presentó ante el Cenidh el 13 de noviembre de 2008, apenas una semana después de las elecciones municipales, y externó un mensaje amenazante.
“Si el Jefe de Estado y líder político del Frente Sandinista, Daniel Ortega, dispusiera llamar a sus partidarios a las calles no quedaría piedra sobre piedra en este país, sobre ninguna emisora, sobre ningún canal de televisión o medio de comunicación que lo adverse. Hay que agradecerle que no lo ha hecho, por la sabiduría y la serenidad del gobernante que tenemos”, manifestó en aquel entonces.
Mostró su fuerza represiva
Ante 44 días de asedio a los manifestantes, Núñez dijo que el ataque a esta última manifestación es un claro mensaje de Ortega de querer demostrar su fuerza represora. “Lo que pretende es demostrar lo que dijo en su discurso de que aquí nadie se va de Nicaragua, aunque él si se cree el dueño de Nicaragua y que nadie se puede meter (con él)”, explicó.
La presidenta del Cenidh informó que de inmediato pusieron la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero cree que Ortega está ganando tiempo y es “contradictorio” cuando por un lado acepta la visita de la CIDH y firma un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) de instalar un Grupo Internacional de Expertos Independientes para la investigación de los hechos de violencia desde el 18 de abril; pero por otro sigue reprimiendo a la población.
“Pusimos las denuncias y ellos ya saben que Daniel hace práctico aquel pensamiento que dice: firmar me harás, cumplir jamás”, indicó.
Deben ponerle condiciones
Núñez estimó que los organismos internacionales deben “analizar las condicionalidades, los requerimientos y las exigencias” que deben pedir ante la investigación de ese grupo de expertos internacionales.
“Ortega pretende ganar seis meses de tiempo, que es el tiempo que trabajará ese tribunal de expertos (…) pero con su proceder creo que ni el diálogo ni otros mecanismos pueden empezar a trabajar bien en el ambiente que ha creado en el país”, aseguró.
Explicó que ellos tendrán “facultades para hacer todas las investigaciones y servir de coadyuvantes para que autoridades judiciales cumplan su función”.
Ante la falta de “efectividad frente a un Poder Judicial que no tiene independencia, que no tienen respeto por su investidura” a las víctimas les podría quedar recurrir a instancias internacionales.
“Espero que no lleguemos a eso, que se apliquen los mecanismos legales para que Daniel Ortega salga del país, con toda su familia y con las personas que le hacen el trabajo sucio”, manifestó Núñez.
