La cruzada contra las redes sociales

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público han sido hasta ahora los únicos consultados en el supuesto “debate nacional”, que fue convocado por la vicepresidenta Rosario Murillo, con el objetivo de identificar regulaciones a las redes sociales, y que ahora se justifica como una revisión a las leyes que protegen a las familias, las mujeres y la niñez y adolescencia, tras la agitada crítica que el anuncio generó entre los nicaragüenses.

La comparecencia de los funcionarios a puerta cerrada en la Comisión de la Familia, en la Asamblea Nacional, ha dejado en evidencia las contradicciones del Gobierno sobre el tema, y también como este se refiere a una “consulta nacional”, cuando en realidad hace una prolongación de su monólogo oficial, coinciden especialistas en medios de comunicación, redes sociales y temas de la mujer.

Los analistas, entrevistados en el programa de televisión Esta Semana, advierten que el Gobierno buscaría un pretexto para censurar los escasos medios independientes del país y las plataformas de debate en las redes sociales, mientras durante años se ha hecho de “la vista gorda” con los abusos de la cobertura de la nota roja en los mismos medios oficialistas, que denigran a las personas.

Murillo modera su discurso en 24 horas

Las reacciones en contra las regulaciones a las redes sociales fueron inmediatas a la intervención que Murillo acostumbra al mediodía en los medios oficialistas, encendiendo el lunes las alarmas desde las mismas redes sociales que insinuó regular.

Murillo habló “de cómo en redes sociales de repente se viraliza una noticia sobre un secuestro (…) entonces, son costumbres o actitudes que antes no se daban y tenemos que analizarlas”, tras considerar que las redes estarían “influenciando negativamente” a los nicaragüenses y expresar su “preocupación” por el supuesto aumento de las “noticias falsas”.

Sin embargo, lo que Murillo llamó “protección”, de inmediato se leyó como un deseo de aumentar el asedio a la libertad de expresión. Previamente, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz, ya habían expresado por separado sus críticas y preocupaciones por los “excesos” en las redes sociales.

Al mediodía siguiente, Murillo intentó calmar la crítica. “En ningún momento nadie ha planteado, no se ha planteado un debate que lleve a limitar de ninguna manera ese intercambio”, dijo. Pero la queja no ha cesado y el debate sigue encendido.

“Hay un doble discurso. Es fácil agarrarnos del tema del cuido y la protección de la niñez y el tema del femicidio, tomando en cuenta cómo se han incrementado estos casos y la saña, pero en la práctica los canales de la familia de Gobierno tienen por norma la nota roja indiscriminada, que no respeta los derechos ni la vida de las mujeres ni la niñez. Para mí no hay un interés legítimo sobre proteger. El tema del ciberacoso no es un tema de redes, es algo que sale de los mismos medios de comunicación del Gobierno”, critica la periodista y coautora de El blog de tu madre, Maryórit Guevara.

En un panel durante el programa Esta Semana, el periodista e investigador en comunicación, Alfonso Malespín, señaló que esa cobertura de nota roja ha empeorado en los últimos años y que incluso medios departamentales han copiado la receta, o sustituido la cobertura de temas sociales pro sucesos, en su desesperada búsqueda por atraer audiencias.

“Esta lucha por el rating, la falta de publicidad y el temor a caer en el ojo de las autoridades ha hecho que más medios se involucren en la cobertura de la nota roja”, lamenta.

El abogado, experto en marketing digital y director del medio online de sátira y entretenimiento Bacanalnica, Manuel Díaz, considera que la verdadera preocupación del Gobierno estaría fundamentada en cómo hoy la información se consume a demanda, fuera del control de los medios tradicionales y del mismo Gobierno. “Esta preocupación es por el alcance (de las redes) que crea agenda. Si algo grande sucede en redes sociales, esa es la agenda”, sostiene el especialista.

En la queja de la vicepresidenta y primera dama, el efecto de la cobertura de la nota roja, que se fomenta desde los medios controlados por sus hijos y aliados, no se ha abordado.

En noticias falsas, el Gobierno hace escuela

Malespín estima que en la supuesta preocupación del Gobierno, y ante una realidad de violencia que desmiente el discurso oficial de ser el país más seguro de Centroamérica, en realidad “vemos que hay una falta de efectividad en las políticas de Estado, falta de acción por parte de las autoridades, sobre todo del Poder Judicial (ante los delitos de violencia), mientras la sensación de impunidad está aumentando”.

“Yo creo que eso sí está preocupando a la señora Murillo”, valora.

El experto agrega que “todo comienza con el modelo de comunicación incontaminada que mueve el Gobierno y todo lo que sale de ese modelo es un riesgo para poder validar su discurso diariamente. Además, se le olvida (al Gobierno) que quien ha movido el tema de las noticias falsas es el mismo Gobierno”.

Como ejemplo, cita el supuesto meteorito que el Gobierno afirma que cayó en los alrededores de la Fuerza Aérea en septiembre de 2014, después de que los pobladores de las zonas aledañas reportaran una explosión.

“Otras noticias inverósimiles son la del satélite de Nicaragua, que nunca despegó, pero que está patrocinando un festival de música de ópera”, añade en relación a la empresa Nicasat-1, visible entre los patrocinadores oficiales del Festival Pucciano, que nuevamente ha protagonizado esta semana el hijo tenor de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, junto a artistas internacionales de ópera.

¿Cuál propuesta de reformas?

Mientras el debate continúa en los pocos medios independientes del país y las mismas redes sociales, los funcionarios del Gobierno que han desfilado por la Asamblea Nacional y otras autoridades se niegan a aclarar qué tipo de reformas realizarán a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779) y a los Códigos de la Familia, de la Niñez y la Adolescencia, el Código Penal y el Código Procesal Penal.

“Sí creemos que la mayoría de la legislación debe ser revisada. (Pero) no hubo una propuesta, no traemos ninguna iniciativa (de ley), ni mucho menos como se había especulado. (…) No se habló nada de eso (del ciberacoso). Estrictamente hablamos de la familia”, afirmó el magistrado Solís, contrario a lo expresado previamente por la magistrada presidente Alba Luz Ramos.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, autor del libro “#Evangelio de Hoy”, que reúne tweet sobre su labor pastoral desde esa red social, manifestó justamente por la misma vía que el Estado no debe controlar ni censurar las redes sociales pues terminará limitando la libertad de expresión; tampoco debe erigirse como árbitro moral de las personas pues terminará imponiéndose sobre ellas por la fuerza”.

Código Penal no necesitaría reformas

El exprocurador general de la república y abogado experto en Derecho Penal, Alberto Novoa, sostiene que el Código Penal, recientemente reformado, “ya contempla protecciones hacia el bien jurídico llamado honor y la integridad, en contra la violencia sicológica de todo tipo y el maltrato infantil”.

Por lo tanto, desde su punto de vista no se necesitan grandes reformas al mismo. Sin embargo, debido al “comportamiento del Gobierno para castigar lo que no le gusta”, si preocupa que se cree un nuevo tipo penal “demasiado abierto”, que quede sujeto a la interpretación para castigar incluso casos políticos.l exprocurador general de la república y abogado experto en Derecho Penal, Alberto Novoa, sostiene que el Código Penal, recientemente reformado, “ya contempla protecciones hacia el bien jurídico llamado honor y la integridad, en contra la violencia sicológica de todo tipo y el maltrato infantil”.

“Crearían un nuevo tipo penal, modificando el delito de acoso, agregando el acoso cibernético. También pueden incorporarlo dentro de delitos informáticos. O crear un nuevo tipo aparte, que incluya la noticia falsa, o una modificación a la legislación contra injurias y calumnias, pero desde el punto de vista Penal no deberían haber transformaciones sustanciales”, sostiene.

Novoa resalta que el problema es que “con la manera de guardar el buen vivir, puede ser un tipo penal tan abierto, que pueda ser interpretado de una manera u otra por el Ministerio Público, o de otras autoridades, y eso es muy perjudicial porque tanto se puede aplicar a un delito contra ese buen vivir, como a un caso político”.

El objetivo, dice, sería “para castigar esas conductas que bajo su perspectiva son lesiones al bien común, bajo la óptica del Gobierno”.