14 de marzo 2016
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La directora ejecutiva del opositor Partido Liberal Independiente (PLI), Kitty Monterrey, presentó este lunes un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque supuestamente el Gobierno de Nicaragua viola su derecho a aspirar a un cargo público. "Estoy luchando aquí por mis derechos constitucionales, soy nicaragüense y tengo derecho a ejercer cualquier cargo público", dijo Monterrey, quien acusó al Parlamento dominado por el oficialismo.
La representante del PLI ha sido propuesta hasta en tres ocasiones, en los últimos nueve meses, para ocupar el cargo de magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), pero la Asamblea Nacional la ha rechazado por tener doble nacionalidad (nicaragüense-estadounidense), pues nació en Estados Unidos, aunque su mamá es de Nicaragua. Mientras la Asamblea argumenta que la doble nacionalidad le quita su derecho, el PLI alega que no se trata de una persona que adquirió otra nacionalidad, sino que nació con ambas.
“Yo tengo que defender mis derechos constitucionales, que no solo son los míos, sino los de la mayoría de nicaragüenses que han nacido en el extranjero, nosotros tenemos que luchar para que se nos de nuestro lugar, se respeten nuestros derechos”, dijo Monterrey.
El diputado Eliseo Núñez, quien acompañó a Monterrey en calidad de abogado, explicó que el amparo es contra la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional de no valorar la candidatura de Monterrey a cualquier cargo público. “No es la candidatura al poder electoral, es a cualquier candidatura, argumentando que no tiene derecho por no haber sido nacida en Nicaragua, ella no adquirió la nacionalidad que es lo que establece como prohibición la Constitución, la Constitución dice que quien adquiriese, ella no ha adquirido ninguna ciudadanía, simplemente es hija de padres nicaragüenses nacida en el extranjero, es el caso de miles y miles de nicaragüenses, con negarle los derechos le están negando los derechos a esa gente”, argumentó Núñez.
Monterrey cuestionó el hecho de que le hayan dado una diputación al Libio Mohamed Lasthar, quien funge como asesor del gobierno del comandante Daniel Ortega. “Y a aquellos que legítimamente somos nicaragüenses nos quieren negar nuestros derechos”, criticó Monterrey.
"Tiene todos los requisitos que la ley establece, como nicaragüense no podemos sufrir más violaciones a los derechos humanos", sostuvo el jefe de la bancada del PLI en la Asamblea Nacional, Wilber López.
Esta es la segunda vez, que Monterrey interpone un recurso de amparo ante los juzgados por la violación a su derecho constitucional. En febrero de este año el Tribunal de Apelaciones de Managua respondió el primer recurso de amparo que había introducido en julio del año pasado argumentando que era improcedente, porque ya se habían electo a los magistrados electorales. Sin embargo, Monterrey manifestó que su recurso de amparo había sido mal interpretado.
