18 de febrero 2016
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Kitty Monterrey, una de los seis candidatos propuestos por la oposición para ser magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), volvió a ser inhibida ayer como aspirante al cargo, con el argumento de poseer doble nacionalidad (nica y estadounidense). Esta fue la tercera vez que Monterrey fue presentada como candidata a magistrada para ese Poder del Estado y la tercera vez que la rechazan bajo la misma justificación.
Monterrey fue la única candidata descartada para el cargo, según el dictamen que la Comisión Especial que estudió las propuestas a magistrados electorales y ayer fue enviado a la Primera Secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, para que hoy lo conozca el Plenario.
Sin Monterrey, quedan siete candidatos para la elección de los dos cargos a magistrados que están vacantes en ese Poder, tras la renuncia de dos de sus propietarios: los militantes del gobernante Frente Sandinista Jhonny Tórrez y José Luis Villavicencio.
La primera secretaria de la Asamblea, Alba Luz Palacios (FSLN), confirmó que la Comisión solicitó que se omita la dispensa de 48 horas para que el Plenario conozca el dictamen, de manera que hoy mismo se procedería a las elecciones de los dos relevos.
Los candidatos son: Norma Moreno y Mayra Salinas propuestas por el comandante Daniel Ortega y exembajadora de Argentina y exdirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo, respectivamente. Y Verona Gurdián, María José Zamora, Claudia Pineda, Dionisio Palacios y Félix Maradiaga, propuestos por la Coalición Nacional, que integran el Partido Liberal Independiente (PLI), el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y organizaciones de la sociedad civil.
El PLI ha resaltado la capacidad e independencia de sus candidatos, contra la militancia “orteguista” de las dos candidatas propuestas por Ortega. En un comunicado que circuló la semana pasada, el PLI calificó que la elección de los dos nuevos magistrados para el CSE será la primera señal clara del rumbo que tendrán las elecciones generales, previstas para noviembre de este año, aunque aún no hay una convocatoria formal.
Según el PLI, la elección de las candidatas propuestas por el FSLN sería un claro indicio de que el FSLN no pretende corregir el más mínimo reclamo de elecciones libres y transparentes cediendo un cargo para la oposición.
Monterrey aseguró que introducirá ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un escrito para pedir una interpretación de la Constitución Política, considerando que se deben defender los derechos de los nicaragüenses que nacieron en el exterior, debido a la emigración de sus padres, y que tienen derecho de optar a cargos en el Estado.
