31 de octubre 2021
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El informe de Urnas Abiertas, IDEA Internacional, y la Universidad Andrés Bello, sobre “Nicaragua elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia” concluye que las votaciones del 7 de noviembre carecen de “legitimidad” y llama a la comunidad internacional a desconocer los resultados de la elección.
Con los principales líderes de la oposición en la cárcel y en el exilio, y bajo un estado policial endurecido, las expectativas de la oposición nicaragüense se aferran al impacto que podría tener la presión diplomática. Sin embargo, el secretario general de IDEA Internacional, el politólogo y exvicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas-Zamora, advierte en esta entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana que se transmite este domingo a las 8.00 P.M en Confidencial Youtube y Facebook, sobre los límites de la presión política internacional en la situación interna de Nicaragua.
¿Qué significa no reconocer la legitimidad de una elección? ¿Equivale a desconocer a un Gobierno? ¿O a descalificarlo como un Gobierno no democrático?
Ya hemos estado en ese escenario en otros países. Ha habido elecciones, particularmente en el caso de Venezuela, que no han sido reconocidas por la comunidad internacional, y este precedente es importante tenerlo claro, porque existe la percepción de que el no reconocimiento del resultado que emerja de unos comicios ilegítimos es como una varita mágica, que va a transformar la situación de colapso democrático en Nicaragua. Y eso no es así. No ha sido así en el caso de Venezuela.
Aún más, en Venezuela no solo no hubo un desconocimiento de un resultado electoral espurio, sino que hubo el reconocimiento de un Gobierno paralelo, que fue aceptado como legítimo por más de 50 países en el mundo, sin que eso tuviera ningún efecto: ahí está Nicolás Maduro mullidamente instalado en el Palacio de Miraflores todavía.
Entonces hay que tener cuidado con las expectativas de lo que puede implicar un no reconocimiento de resultado electoral. Lo que implica en términos inmediatos es que, ipso facto, se empieza a considerar el Gobierno de Nicaragua como un Gobierno no legítimo, y eso puede disparar algunas consecuencias de tipo diplomático, aunque no es seguro.
Por ejemplo, obligaría a los Estados miembros de la OEA a suspender a Nicaragua como miembro de la organización. Eso es algo que ya hubieran podido hacer, estuvo en el tapete de discusión desde la matanza de 2018, y henos aquí más de tres años después, con Nicaragua participando de todas las reuniones del Consejo Permanente de la OEA.
Entonces, en última instancia, no es un problema jurídico. Es una decisión política que tienen que tomar los países de sí van a hacer pagar un precio a ese Gobierno que se estima ilegítimo. La otra cosa es que, aun si hubiera una reacción generalizada, hay un límite al efecto que puede tener la presión de la comunidad internacional en la situación interna de Nicaragua.
¿Qué implicaciones podría tener un no reconocimiento de la legitimidad de los resultados en las acciones de estos Gobiernos, por ejemplo, en torno a los organismos multilaterales de crédito: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, que están directamente relacionados con el sistema de la OEA?
Esa es la pregunta que me parece mucho más importante, o sea, si la sanción política va a desencadenar sanciones económicas. Hasta ahora los países han sido muy reacios para hacer eso; y en términos del impacto que puede haber a través de los organismos financieros internacionales, el país clave es Estados Unidos, es el que tiene que tomar la decisión de si sanciona a Nicaragua por esa vía.
Es importante que, en lo sucesivo, la aplicación de cláusulas de protección de la democracia, en organismos internacionales, vaya aparejada a las sanciones financieras. Eso, en términos generales, sería un paso positivo. Sin embargo, en este caso la aplicación de sanciones financieras internacionales a un país, en el estado de vulnerabilidad económica en que está Nicaragua, implica consecuencias humanitarias con las que hay que apechugar; implica, en el caso de Estados Unidos, añadir al problema migratorio, que están tratando de administrar, que existe con los otros países del norte de Centroamérica.
Entonces, aun en el caso de Estados Unidos, que es quien podría tener un peso decisivo en la aplicación de sanciones económicas, me parece que lo van a pensar mucho, porque las consecuencias humanitarias y migratorias son de cuidado.
¿Cómo ves a los países de Centroamérica ante esta crisis? Esta semana, por ejemplo, el presidente Juan Orlando Hernández llegó a Managua a suscribir un acuerdo con Daniel Ortega; por el otro lado, Guatemala se abstuvo de votar en contra del régimen de Ortega en la OEA; Nayib Bukele sí ha votado en contra, y tomó distancia de este acuerdo, y Costa Rica está promoviendo una alianza por la democracia con Panamá y República Dominicana. No hay un centro político en Centroamérica o en el SICA en relación con esta crisis…
Ni lo va a haber. Los mecanismos de coordinación de posiciones políticas (en Centroamérica están quebrados desde hace mucho tiempo, porque cada uno de los países tiene su propia historia de deterioro democrático. Estamos hablando del colapso democrático en Nicaragua, que es un caso muy especial, particularmente intenso, con un elemento represivo que no se había visto en América Latina desde hace cuarenta años, pero podemos hablar del fraude perpetrado en Honduras en la elección anterior.
Lo que está pasando en El Salvador, a todas luces es un proceso de degradación democrática visible, que es una aplicación transparente del manual del retroceso democrático, que hemos visto operar en todo el mundo: en Turquía, Hungría, Sri Lanka, ahora en El Salvador.
Cada uno de estos países tiene su propia historia de deterioro democrático con la que no quieren que se metan; entonces no va a haber ninguna posibilidad de una reacción consensuada en Centroamérica, a lo sumo habrá, como cabe esperar, algún tipo de coordinación entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, son tres países que están tratando de coordinar posiciones en estos temas, pero el efecto que eso pueda tener en Nicaragua es muy limitado.
¿Cuál es la conexión que podría haber entre la presión internacional y la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua? ¿Puede la comunidad internacional tener alguna incidencia en ese proceso de restablecer la libertad de reunión, de movilización en Nicaragua, y que se suspenda el estado policial?
Yo, desafortunadamente, no soy optimista en el caso de Nicaragua. O sea, que la presión internacional vaya a generar una presión irresistible para que el régimen, de un momento a otro, se abra a la negociación; eso, si acaso, lo puede lograr una crisis económica terminal, de grandes proporciones, podría generar, como ha habido casos en la historia de transiciones democráticas de América Latina, la obligación del régimen a sentarse a negociar.
Esto es un tema que va mucho más allá de Nicaragua, ahora las fuentes de apoyo, incluso financiero, con las que cuentan los Gobiernos autoritarios, son mucho mayores que en el pasado. Antes, en una circunstancia de estos, un régimen autoritario quedaba aislado, ahora no; puede ir a tocarle la puerta a China, le va a cobrar un precio, pero no le va a hacer ninguna pregunta; puede ir a tocarle la puerta a Rusia, que alguna ayuda le dará con tal mortificar a los Estados Unidos en su propia esfera de influencia geopolítica.
Entonces, la capacidad de la comunidad internacional de poner en jaque a los regímenes autoritarios ha disminuido muchísimo, no es la situación que era hace treinta años, cuando las transgresiones antidemocráticas de un Gobierno inmediatamente acarreaban un aislamiento por parte de la comunidad internacional, ya no.
Hay una demanda nacional e internacional, en torno al régimen de Ortega sobre la liberación de los presos políticos, incluyendo los siete precandidatos presidenciales de la oposición. ¿Qué futuro tiene este reclamo?
Esos son rehenes que ha tomado Ortega, y Ortega los va a utilizar después del 7 de noviembre como una carta de negociación, precisamente, para tratar de evitar que la economía colapse; para tratar de evitar el aislamiento político y diplomático. Esos no son presos políticos, son rehenes.
Mencionaste hace un momento la incidencia que puede tener la Administración de Joe Biden en torno a distintos Gobiernos y organismos internacionales. Biden ha anunciado una política de acciones multilaterales de coordinación con Europa y con otros Gobiernos de América Latina en esta crisis. ¿Puede ejercer una presión efectiva?
Sí, efectiva, sí. Si es suficientemente efectiva para propiciar una apertura política en Nicaragua, es lo que no sabemos, porque el clima internacional ha cambiado muchísimo en torno a la protección de la democracia, el precio que pagan los autócratas es mucho menor, y a eso tenés que sumarle que Estados Unidos ha sufrido una grave y visible pérdida de influencia en América Latina en los últimos quince años; entonces, la capacidad de la Administración Biden de movilizar toda la región para que, de alguna manera, se genere una presión diplomática, sobre el régimen de Ortega en Nicaragua, me parece que es más limitada de lo que era en el pasado. ¿Puede ser efectiva? Sí, como decíamos en los casos de los organismos financieros internacionales, puede tener efectos concretos que no vienen sin consecuencias colaterales de tipo humanitario y de tipo migratorio. Pero en términos de que sea eso lo que genere un fenómeno regional, una acción colectiva regional para intervenir de manera diplomática en el caso de Nicaragua, lo dudo mucho.
Si la solución política, al final de cuentas, está en Nicaragua, en la capacidad de la oposición de movilizar a esa mayoría política, o de rescatar a su liderazgo, que hoy está en la cárcel y en el exilio; sin embargo, hay un estado policial en el país que le impide a la oposición recuperar esa iniciativa.
Esa es una tragedia que ya hemos visto desplegarse en toda su extensión en el caso de Venezuela. Yo no creo que en los últimos 100 años en América Latina (ha habido) un colapso nacional de la magnitud del que ha ocurrido en Venezuela: un colapso político, un colapso económico, colapso del orden público; y sin embargo, ahí está Nicolás Maduro, y no hay ninguna posibilidad obvia de deshacerse de él.
Una de las cosas que ha cambiado, que hace que los autócratas paguen un precio menor, es que, con la globalización, la posibilidad de la gente de movilizarse y de abandonar sus países, de irse para otro lado, es mayor, entonces la gente vota con los pies. Entonces, de manera muy perversa, la globalización está permitiendo que se generen válvulas de escape que ayudan a sostener a regímenes autoritarios como el de Maduro y como el de Ortega. Me temo que la impotencia de la comunidad internacional, por más buenas intenciones que haya, lo que va a terminar generando es un flujo migratorio masivo.
Pero, al final de cuentas, ¿lo que estás diciendo es que Ortega y Murillo pueden mantener esta dictadura con impunidad?
Tristemente, la evidencia que hemos visto en América Latina, en los últimos quince años, sugiere eso. No lo estoy prediciendo, y ciertamente, mucho menos, lo estoy deseando. O sea, quisiera ver algo completamente diferente, pero francamente, nada de lo que hemos visto en los últimos quince o veinte años, en América Latina, me induce a pensar que la reacción de la comunidad internacional va a ser suficiente para cambiar la dinámica que, desde hace quince años, viene construyéndose en Nicaragua, y que se ha agudizado muchísimo recientemente, con absoluta impunidad. Si trescientos y pico de muertos por parte de la violencia del Gobierno en 2018 no fue capaz de generar una reacción severa por parte de la comunidad internacional, nada lo va a hacer. Si trescientos y pico de muertos no es suficientemente serio, siete candidatos presidenciales encarcelados no lo van a ser.
