6 de octubre 2022
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En los tribunales de Comodoro Py, Buenos Aires, Argentina, inició el martes 5 de octubre una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega y las altas autoridades de su régimen para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Un hecho que la justicia argentina basa en el principio de jurisdicción universal reconocido en su Constitución.
Una publicación del medio argentino Infobae indica que la causa comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el mandatario nicaragüense, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo; y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a opositores políticos desde abril de 2018.
Por lo que el juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.
Al momento de impulsar la investigación, el fiscal Eduardo Taiano explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos con base en el artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por ese país que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.
Taiano también destacó que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque el país no ratificó el Estatuto de Roma.
De acuerdo con Infobae, la Justicia Federal argentina ya investigó otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos en otros países, como la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.
Los acusados de crímenes de lesa humanidad
Entre los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad se encuentran el jefe de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés Castillo; el ministro de transporte, general en retiro Óscar Mojica; el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Gustavo Porras Cortés.
Otros acusados son: el director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López; el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares; la exministra de salud, Sonia Castro; y el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes Ramírez.
En la denuncia presentada describe el contexto social y político que se vive en Nicaragua desde 2018. Y lo hace a partir de una serie de informes e investigaciones realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos (ONU), la Organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua.
Dichos informes indican una serie de etapas en la estrategia represiva del régimen de Ortega, que ha dejado al menos 355 asesinados en el país, un millar de presos políticos y más de 100 000 nicaragüenses en el exilio.
Según la denuncia judicial, a la que tuvo acceso Infobae, entre los elementos característicos de la represión en Nicaragua actualmente "se destaca la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al Gobierno", entre ellos siete aspirantes a la presidencia, activistas políticos, figuras públicas de la vida política del país, extrabajadores de organizaciones de la sociedad civil, líderes estudiantiles, representantes campesinos y periodistas.
La denuncia de los abogados Richarte y Pirota también resalta los ataques reiterados contra miembros de la Iglesia, especialmente contra el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien permanece en arresto domiciliar desde el 19 de agosto.
La denuncia judicial radicada en Buenos Aires pide, entre otras cosas, que sean citados a una declaración indagatoria los máximos responsable del régimen de Daniel Ortega y que también puedan declarar como testigos las víctimas de la represión y sus familiares.
Como primera medida, el juez Lijo ordenó enviar un exhorto a la Justicia de Nicaragua y le pidió a la Cancillería argentina que “arbitre los medios necesarios para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que informe si se han iniciado procesos referidos a los hechos mencionados en el presente”, relató el medio de comunicación argentino.
