1 de marzo 2022
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El sociólogo y economista, Irving Larios, fue declarado culpable por la justicia orteguista por los supuestos delitos de “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional” y "propagación de noticias falsas," tras un juicio político realizado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, este lunes 28 de febrero.
La Fiscalía solicitó 13 años de prisión para Larios -, ocho por "conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional" y cinco por "propagación de noticias falsas".
Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra Larios se encuentran publicaciones en redes sociales referidas a la pandemia de covid-19 y la coyuntura sociopolítica del país, que había compartido en su cuenta personal de Facebook. Asimismo, el Ministerio Público llevó cuatro policías que fungieron como testigos del caso.
A Larios, quien además es integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, se le violentó su derecho a comunicarse con su defensa durante todo el proceso judicial, incluso, durante el juicio, confirmó CONFIDENCIAL.
En su intervención en la audiencia, Larios expresó: "me están condenando por trabajar por la justicia social y por un mundo mejor, donde se pueda vivir de una manera digna. Nicaragua necesita democracia. Soy un defensor de los derechos humanos, es el sentido de mi vida", dijo ante la jueza orteguista, Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo.
Preocupación por su salud
Irving Larios es hipertenso y su familia teme el agravamiento de su enfermedad crónica, en especial, tras que la última semana de febrero padeciera una crisis de presión alta. La demanda de sus familiares es que lo valoren clínicamente y que permitan cambiar su medida cautelar a casa por cárcel, además de exigir su libertad inmediata y la anulación de los juicios considerados "ilegales" por expertos en derecho penal, defensores de derechos humanos y familiares de reos de conciencia.
Al igual que el resto de reos políticos que llevan más de seis meses sometidos a condiciones precarias en El Chipote, Larios, de 63 años, ha perdido más de 30 libras de peso.
Su caso es parte de una veintena de líderes sociales y políticos que durante febrero fueron declarados culpables -principalmente, por los delitos de conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional y propagación de noticias falsas- y condenados a prisión con penas de entre ocho a 13 años, aunque los abogados defensores alegaron que en los juicios no se probó la culpabilidad de los implicados, como también ocurrió con Larios.
El sociólogo fue capturado el lunes 20 de septiembre en su casa de habitación en Managua, de donde fue sacado con violencia, denunciaron en ese momento sus familiares. Ha permanecido bajo aislamiento en una celda de castigo y al igual que los presos políticos, Víctor Hugo Tinoco, y Dora María Téllez, las represalias políticas han incluido la privación del derecho a su pensión de Seguridad Social.
También era presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES), oenegé a la que la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica en 2021, y fue una de las más de 40 personas arrestadas durante la última cacería del régimen orteguista contra voces disidentes y liderazgos cívicos y políticos en víspera de las votaciones generales, consideradas como una "farsa" electoral.
La Policía Nacional justificó su encarcelamiento por supuestas investigaciones por infringir la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, conocida como la “Ley de Soberanía”.
En una entrevista brindada a Confidencial Radio, su hija, Andrea Larios, destacó que no había ningún indicio que advirtiera la captura de su padre, ya que su único pecado es "pensar diferente", expresó.
