20 de diciembre 2020
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Una propuesta de ley del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para inhibir candidaturas a cargos de elección popular en Nicaragua, y que se cree está diseñada contra los opositores, viola, en caso de ser aprobada, "abiertamente el derecho humano a la participación política", advirtió este sábado Human Rights Watch (HRW).
"El régimen (de Daniel Ortega) presentó este proyecto para impedir que la oposición participe en elecciones presidenciales de 2021. De ser aprobado, violará abiertamente el derecho humano a la participación política y ayudará a consolidar la dictadura Ortega Murillo", dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en su cuenta en Twitter.
El proyecto de ley, que podría ser aprobado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional el próximo lunes 21 de diciembre, establece que "no podrán optar a cargos de elección popular" quienes cometan una serie de acciones de las que el presidente Daniel Ortega acusa a los opositores, como injerencia extranjera, terrorismo, desestabilización, o cabildeo para sanciones a los sandinistas, señalados por "corrupción" y de "serias violaciones a los derechos humanos" en diferentes países.
ALERTA
Nicaragua: el regimen presentó este proyecto de ley para impedir que la oposición participe en elecciones presidenciales 2021.
De ser aprobado, violará abiertamente el derecho humano a la participación política y ayudará a consolidar la dictadura de Ortega-Murillo. pic.twitter.com/KSNQhbk2Nl
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) December 19, 2020
Rechazo de la oposición
Ortega advirtió en la víspera que "el que no defiende a Nicaragua, el que pide sanciones en contra de Nicaragua, ese no merece llamarse nicaragüense, y bueno, no lo podemos expulsar porque nació aquí, pero (…) ya perdió esos derechos, perdió los derechos de optar a cargos públicos".
La propuesta sandinista no hace referencia al "principio constitucional de igualdad incondicional de todo ciudadano nicaragüense" establecido en al menos cinco artículos de la Constitución de Nicaragua, y que sirvió de base para que en 2010, la Corte Suprema de Justicia aceptara la reelección de Ortega, hasta entonces prohibida por ley.
Algunas de las principales organizaciones de oposición de Nicaragua mostraron su desacuerdo con el proyecto de ley sandinista.
"Es una iniciativa de una dictadura arrinconada, de una tiranía huérfana, que busca desesperadamente cualquier artimaña para detener su inminente derrota en un escenario electoral, es una patraña que llevaría a inhibir electoralmente a millones de personas de Nicaragua que hemos pedido sanciones focalizadas para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad", dijo el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga.
Para la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, cuyos integrantes se declararon sorprendidos por la propuesta busca "terminar de demoler todos los derechos cívicos y los restos del Estado de Derecho que han venido demoliendo".
"En las próximas elecciones Ortega quiere ser el único candidato, o quiere competir con candidatos mudos, es algo muy grave, un golpe brutal contra las libertades de Nicaragua", indicó el representante de la Alianza Cívica José Dávila.
Cuatro leyes cruciales
Maradiaga mandó un mensaje de desobediencia a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
"Ortega, Chayo (Murillo) ¿cuál es el miedo de que haya elecciones libres?... Ustedes, además de asesinos, también son unos cobardes, pero les digo que no les tenemos miedo, las leyes injustas no son leyes y no las vamos a obedecer”, resaltó.
Esta es la cuarta propuesta de ley emitida por Ortega, que según los activistas violan de manera "abierta" los derechos humanos, en medio del llamado "año electoral", que culminará con los comicios en noviembre de 2021.
La primera fue la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que castiga a cualquiera que reciba dinero del exterior si no reporta sus ingresos y gastos ante las autoridades, salvo excepciones, y que es llamada "Ley Putin".
La segunda, que entrará en vigor el próximo día 27, es la Ley de Ciberdelitos, conocida como "Ley Mordaza" porque sanciona a cualquier persona que tenga o comparta información que el Gobierno considere una amenaza.
La tercera es el establecimiento de la cadena perpetua, que ya fue aprobada en primera legislatura, en un proceso que se espera concluya en enero próximo.
Las elecciones de 2021 serán cruciales en Nicaragua, ya que por primera vez Ortega ve amenazado un mandato que entonces habrá cumplido 15 años consecutivos, y 42 de dominio político en el país centroamericano.
