19 de febrero 2024
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El Poder Ejecutivo de Costa Rica negó haber tenido alguna participación en la extradición a Nicaragua de Douglas Pérez Centeno, identificado como un opositor al Gobierno nicaragüense, pues se trata de un asunto que fue tramitado por las autoridades judiciales.
"Ante informaciones que circulan en medios de comunicación y donde vinculan al Poder Ejecutivo en la extradición del nicaragüense Douglas Pérez Centeno, el Gobierno desmiente categóricamente estas aseveraciones", indica un comunicado de la Casa Presidencial costarricense, publicado el domingo 18 de febrero de 2024.
El Gobierno agregó que la extradición es un proceso "100 por ciento judicial en el que solo tienen participación y ejecución las autoridades de ese poder de la República".
"Aclaramos que este proceso, verificado y desarrollado jurisdiccionalmente y al ser de naturaleza judicial, no participan autoridades del Poder Ejecutivo en forma absoluta", concluye el comunicado.
La extradición de Costa Rica a Nicaragua
Las autoridades de Costa Rica extraditaron el viernes 16 de febrero hacia Nicaragua al nicaragüense Douglas Pérez, de 44 años, quien es requerido por las autoridades de su país por los delitos de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.
Medios de comunicación identifican a Pérez como un exmiembro de "la contra" o resistencia opositor al Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega.
Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de habeas corpus que advertían sobre el riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el Gobierno de Nicaragua, que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.
Pérez fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022 en Los Lagos, provincia de Heredia (centro), debido a que contaba con una alerta internacional de captura.
Pérez es sospechoso de los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, además de crimen organizado y secuestro simple, según las acusaciones de las autoridades de Nicaragua.
La extradición se efectuó el viernes bajo dirección del Tribunal Penal de Liberia (de la provincia de Guanacaste) en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y con colaboración de la Policía Nacional de Migración, informó ese día el OIJ.
Chaves negó asilo político a extraditado
En el programa Esta Noche del pasado 21 de febrero, Daguer Hernández, abogado defensor de Pérez Centeno y de Reinaldo Picado Miranda, otro exmiembro de la Resistencia Nicaragüense detenido en Costa Rica y sobre quien pende la orden de extradición hacia Nicaragua, señaló que en julio de 2023 el presidente Chaves negó el asilo político que solicitaron tanto Centeno como Picado. De esta decisión no se conocen los fundamentos, pues el otorgamiento o no del asilo político es enteramente discrecional por parte del mandatario y de la Cancillería costarricense, explicó el defensor.
Además, en el caso de Pérez Centeno, Hernández detalló que le fue rechazada su solicitud de refugio ante las autoridades migratorias y que su valoración se dio de forma "sumaria" o con celeridad, en menos de un mes, incluyendo la ratificación de la denegatoria del Tribunal Administrativo Migratorio.
La solicitud de refugio de Picado Miranda aún no ha sido resuelta, por lo que ello impediría que se ejecute su extradición, amplió. Que "las personas que analizan el caso en la Unidad de Refugio puedan reflexionar y hacer la valoración, en el contexto de la persecución que ha tenido en su país de origen y de los riesgos de tortura en caso de ser enviado a Nicaragua, de la falta de garantías dentro de un proceso penal en Nicaragua", apeló Hernández.
"Faltó debida diligencia" de Costa Rica antes de ejecutar extradición
En la misma entrevista, la abogada costarricense experta en Derecho Internacional, Marcia Aguiluz, señaló que, por lo que se conoce del caso de Pérez Centeno, el Estado costarricense "no hizo un análisis de adónde estaba enviando a esta persona, más allá de los hechos que se le están imputando", refiriéndose al régimen autoritario existente en Nicaragua en que "no hay garantías del debido proceso, no hay independencia judicial" y el cual, de acuerdo a testimonios de exreos políticos, ha infligido tortura sobre disidentes encarcelados bajo procesos arbitrarios e irregulares. "Faltó muchísima debida diligencia para analizar estos elementos, que son obligaciones del Estado costarricense", recalcó.
Sobre el temor que existe entre exiliados nicaragüenses que se hallan en Costa Rica de que se repita la extradición de un opositor hacia Nicaragua, Aguiluz dijo que no se descarta que Nicaragua utilice esa "estrategia", pero que, tanto solicitantes de refugio como refugiados ya están bajo un mecanismo de protección que evitaría la extradición. En el caso de quienes no tienen esta categoría, recomendó "documentar su participación en actividades políticas, documentar el riesgo es importantísimo, porque, frente a una eventualidad, eso es lo que va a a dar elementos a un tribunal para que no ordene la extradición".
Más allá, Aguiluz consideró que es importante sensibilizar a los funcionarios de todas las instituciones costarricenses para que conozcan y tomen en cuenta el contexto político de Nicaragua, donde no hay Estado de Derecho, al tomar sus decisiones. Citó, además, un precedente relevante de 2015, cuando la Sala Constitucional debió fallar sobre el requerimiento de extradición que hizo Venezuela de una persona venezolana acusada de supuesta estafa y uso de documentos falsos.
En ese caso, la extradición no ocurrió gracias a que la Sala resolvió un habeas corpus a favor de la persona venezolana. "La Sala hace un análisis de que no habían suficientes indicios, o que el Estado requirente, que había sido Venezuela, no había presentado suficientes indicios sobre la culpabilidad de la persona. Y, además, en notas separadas, en una especie de votos concurrentes, varios magistrados se refirieron a la situación en Venezuela, a la ausencia de independencia judicial. Entonces, ese precedente creo que hay que retomarlo y reforzarlo en futuros alegatos", aconsejó.
