7 de agosto 2021
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“No hay democracia en Nicaragua y no hay que esperar a las elecciones para averiguarlo”, así condenó el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao,la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), de Daniel Ortega, de cancelar la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y de la cédula nicaragüense de su presidenta Kitty Monterrey.
La acción generó diversas reacciones este viernes 6 de agosto, por la noche luego de la decisión arbitraria tomada por el Consejo Supremo Electoral en contra del partido de oposición tras una denuncia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aunque en Nicaragua los principales sectores políticos, sociales y empresariales siguen callados.
El ahora excandidato presidencial de Ciudadanos por la Libertad, Oscar Sobalvarro, dijo en su cuenta de Twitter que la organización política saldrá triunfadora, luego que el Consejo Supremo Electoral de Daniel Ortega les arrebatara la personería jurídica.
“Los Ciudadanos por la Libertad saldremos triunfadores de esta y de todas las que vengan, porque nuestro compromiso es con una Nicaragua en paz, libertad y democracia”, expresó Sobalvarro.
“Ortega es el candidato único en Nicaragua tras inhabilitar al partido del último opositor en campaña”, tituló Univision un análisis noticioso de David Adams, en que destaca que “Oscar Sobalvarro, fue el 'Comandante Rubén' durante la guerra y brevemente se convirtió en candidato presidencial esta semana hasta que su partido fue eliminado por el Consejo Supremo Electoral el viernes”.
“Primero fueron ocho (precandidatos opositores), luego uno y después ninguno”, escribió Adams.
Este es el segundo golpe que recibe la agrupación política en menos de una semana, luego que la Policía orteguista retuviera en su vivienda e inhibiera a Berenice Quesada, excandidata a la vicepresidencia, de participar en la contienda electoral.
Quezada fue denunciada por un grupo de simpatizantes orteguistas ante la Procuraduría de Derechos Humanos por supuestamente cometer “apología del delito” e incitación al odio”.
En esta ocasión, la denuncia recibida en el Consejo Supremo Electoral la realizó el colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de María Haydeé Osuna alegando que CxL violaba la Ley de Soberanía, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Seguridad Soberana.
Estas leyes han sido utilizadas por Ortega para inhibir a la mayoría de los 7 precandidatos presidenciales contra quienes ordenó cárcel en su contra, además de detener a más de 30 opositores, e inhibir a Quesada, quien es procesada “en libertad”.
La Unidad Nacional Azul y Blanco se solidarizó con CxL y expresaron que “este tipo de acciones evidencian más y refuerza la ilegitimidad de este proceso electoral totalmente amañado y cooptado por el régimen en la que no hay garantías mínimas para respetar y cumplir la voluntad ciudadana”.
A la vez, mostraron solidaridad con la presidenta del partido CxL, Kitty Monterrey, a la vez que condenaron las acciones del Consejo Supremo Electoral.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también se pronunció y denunciaron que este es un “nuevo golpe”, del régimen en contra del partido CxL, y de sus integrantes.
“Este es un nuevo golpe para el partido que lidera Kitty Monterrey, puesto que se ha privado de la libertad a sus aspirantes presidenciales. También se ha encarcelado a tres de nuestros integrantes y voceros de la Alianza Ciudadanos por la Libertad sumado a la inhibición de la candidata a la vicepresidencia”, dice parte del comunicado.
“Respuesta a Ley Renacer”
Un analista político nicaragüense, que solicitó no ser identificado por temor a represalias políticas en el país, valoró que la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fue “la respuesta” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la aprobación de la Ley Renacer en el Senado de los Estados Unidos, puesto que “creen que los nicaragüense opositores vamos a ir a los EE.UU. a pedir que quiten las sanciones a cambio de que no sigan encarcelando y haciendo todo lo que han hecho”.
“Ortega no mira la contienda electoral como una contienda entre los nicaragüenses. Él asumía que CxL era como el jugador de los gringos; entonces, ya que los gringos le pusieron la Ley Renacer él se los quita”, consideró el analista político.
Por otro lado, la eliminación de la competencia política, advierte el analista, muestra que “el proceso electoral murió hoy”, ya que se ha agotado la única vía legal que quedaba para disputarle el poder a Ortega y su mujer. A la población lo único que le queda es “la abstención”, tal como ocurrió en las elecciones generales de 2016.
Segundo partido "castigado"
En su intento por dejar al Frente Sandinista como el partido único en la contienda y a Daniel Ortega y Rosario Murillo sin competencia, el Consejo Supremo Electoral canceló en mayo pasado la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), cuya casilla 14 era la que utilizaría la Coalición Nacional para participar en las elecciones de noviembre próximo.
En ese entonces, la denuncia la realizó un grupo de pastores evangélicos colaboracionistas del régimen que alegaron ante el CSE que el PRD había violado sus estatutos al firmar una alianza de hecho entre ese partido y cinco integrantes de la Coalición Nacional.
En cambio, el régimen permite que partidos zancudos como Alianza por la República (Apre), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Independiente (PLI), PLC y Camino Cristiano, no enfrenten ningún tipo de obstáculo en su intento por “competir”, en las elecciones de noviembre donde participarán junto al régimen de Ortega.
