29 de julio 2017
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Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la mañana de este viernes la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, cuyo objetivo es reanudar la demanda en contra de los Estados Unidos y exigir la indemnización de 17 mil millones de dólares.
La aprobación de esta Ley se presenta en el contexto del rechazo del gobierno del presidente Daniel Ortega contra la aprobación del proyecto de ley Nica Act, por parte del Consejo de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
La ordenanza fue enviada de urgencia a la Asamblea Nacional por el presidente Ortega y fue aprobada en una sesión especial por los diputados del Frente Sandinista y de la Alianza Liberal Nicaragüense. Votaron en contra de la Ley los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Partido Conservador (PC).
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Durante la discusión de la aprobación de esta ley el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que Nicaragua nunca aprobó una ley para renunciar a la indemnización.
Maximino Rodríguez, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, intervino en el plenario y pidió a los demás legisladores que no actuaran de forma precipitada, sino que reflexionaran sobre lo que está pasando en el país y en Venezuela.
A pesar de algunas “objeciones”, los diputados del Frente Sandinista aprobaron la Ley de Defensa del Patrimonio de los nicaragüenses y ordenaron que entre en vigencia inmediatamente después de su publicación.
Sobre este tema la embajadora de los Estados Unidos en el país, Laura Dogu, declaró que Nicaragua es un país soberano y puede tomar las acciones que considere necesarias, sin embargo, aclaró que desde la perspectiva del gobierno estadounidense el caso de la demanda terminó hace décadas en La Haya.
“Hemos dicho varias veces que para nosotros el espacio democrático es muy importante”, respondió Dogu a los periodistas.
Cosep: mejorar la estructura electoral de cara a 2021
El surgimiento de nuevos factores de tensión entre Nicaragua, el Congreso de Estados Unidos y la Administración Trump, podría afectar la posición de las cámaras empresariales que prácticamente actúan como voceros del Gobierno contra la Nica Act.
El abogado y exdiputado opositor, Eliseo Núñez cree que existirá una preocupación sobre el tema, pero sería a lo interno, pues no tienen más salida que continuar defendiendo las posturas de Ortega.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), afirmó que, si bien existe la posibilidad de que en el transcurso del tercer trimestre del año la Cámara de Representantes apruebe la Nica Act, el paso de la iniciativa por el Senado no será tan fácil.
“Nosotros opinamos que con Nica Act o sin Nica Act, tenemos que seguir trabajando para atraer inversiones para lograr el crecimiento económico y la generación de empleos al país. Si existe la posibilidad de que la OEA juegue un papel importante en el contexto electoral municipal y si eso corre bien, podría ayudar a que la segunda fase de esta Ley no sea implementada”, refirió Aguerri.
El presidente del Cosep consideró que es fundamental analizar lo que va a pasar en los próximos meses con el proceso electoral municipal que inicia en Agosto. “Es importante que tengamos un proceso fluyendo, que vaya acompañado con la observación de la OEA, y así saber cómo mejorar toda la estructura electoral, de cara al proceso de 2021”, aseguró.
Para el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, aunque se considere como un activo la relación estrecha con el sector privado, esta no es suficiente para proteger a la sociedad de lo que sucede con Nicaragua en Washington.
“Ahora lo que necesitamos es que haya más acción aquí. Ya no se trata de estar cabildeando allá o contratando a firmas norteamericanas para hacer el trabajo que allá no se ve confiable, aquí tiene que ver más acción real y creíble”, analizó Aguirre.
Nica Act aumenta tensión entre Nicaragua y EE.UU.
La aprobación del proyecto de ley Nica Act por parte del Consejo de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, demuestra que existe una inquietud en el Congreso de los Estados Unidos respecto al retroceso de la gobernabilidad política de Nicaragua, considera el excanciller y exembajador en Washington Francisco Aguirre Sacasa.
“Lo que pasó es que hubo una manifestación de esa frustración y lo que anticipo que va a pasar es que tan pronto regresen del receso de verano (septiembre), van a aprobar esto, quizás con un mecanismo expedito, como lo hicieron en el año 2016, y después la iniciativa irá al Senado”, manifestó Aguirre.
Sin embargo, considera que la evolución del proyecto de ley en el Senado será más lenta e incierta, pues ahí existe una serie de proyectos, como el de Venezuela, que son prioritarios. “En los Estados Unidos hay un grupo importante que está diciendo que lo primero que tienen que hacer es ayudar a Venezuela y a su pueblo a salir de sus dilemas y después ver qué pasa. Y después, entre otras prioridades, estamos nosotros”, estimó Aguirre.
El abogado y exdiputado opositor, Eliseo Núñez, consideró que el rechazo de Ortega a la iniciativa de ley no está dirigido a los congresistas de Estados Unidos, sino a mantener la lealtad de sus bases.
“Ortega necesita volver a la retórica de los años 80 para consolidar una base que tiende a desmoralizarse, porque él sabe que ha abandonado los principios con los que el Frente Sandinista mantenía esa base; sabe que la economía puede estar en riesgo, que vienen problemas económicos”, valoró Núñez.
Según los analistas, la dinámica de la Nica Act no está vinculada exclusivamente a temas electorales. Sí bien es cierto, los congresistas están dando seguimiento al tema de la observación electoral que realizaría la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones municipales, en realidad el alcance de la iniciativa es más amplio. Y a catorce semanas de las votaciones municipales tampoco hay certeza ni noticias de la misión de la OEA, que no tiene presupuesto y tiene en impase su diálogo con el gobierno de Ortega.
“Están hablando de corrupción, de retroceso de gobernabilidad política, derechos humanos y lo están poniendo en un contexto regional. Lo que están diciendo es que esta ley será similar a lo que ellos estaban buscando en Guatemala, El Salvador y Honduras”, agregó el exembajador Aguirre.
