15 de noviembre 2015
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La bancada del Frente Sandinista se dispone a aprobar la “Ley de Seguridad Soberana” enviada por el Ejecutivo de Daniel Ortega, después de una “consulta” en la que participaron funcionarios del Estado y diputados del FSLN, sin representantes de las organizaciones civiles del país.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue el único organismo no gubernamental que acompañó la consulta de la ley. El asesor legal Freddy Blandón, expuso que la iniciativa debía tener un equilibrio pleno con los principios constitucionales de defensa y seguridad de los ciudadanos nicaragüenses y establecer con claridad los riesgos y amenazas para evitar las discrecionalidades de las autoridades.
“Invitan al Cosep, que es casi como el Ejecutivo, y no a expertos en derechos humanos, en seguridad o personas como José Pallais, quien dictaminó la ley de Seguridad Democrática en 2010”, dijo el diputado del PLI Luis Callejas. “Invitan a instituciones que tuvieron que ver en la redacción del anteproyecto de ley, me refiero a la Policía y el Ejército. La consulta fue una pantomima, nadie llego, y el Cosep dijo algunas cosas que son rescatables, pero hasta ahí no más”, agregó.
Los diputados de la bancada del Partido Liberal Independiente inconformes por la “consulta” de la que no fueron tomados en cuenta, realizaron la mañana del viernes una revisión de la iniciativa de ley con expertos en temas de seguridad nacional, derechos humanos y políticas públicas del país.
“Fuimos excluidos de la selección de instituciones y miembros que iban a participar en esta consulta. Enviamos una carta solicitando que fueran incluidos dentro de esta consulta una serie de expertos y fue denegada”, indicó Luis Callejas, presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, quien agregó que con esta revisión, paralela a la realizada por el gobierno, lo que se quería era escuchar opiniones que enriquecieran el dictamen de ley.
José Figueroa, diputado de la bancada del Frente Sandinista, dijo que los miembros de la Comisión de Gobernación eran invitados a la Comisión de Justicia, que dirigió la consulta oficial, por lo que no tenían que hacer propuestas de otros invitados.
“Esta consulta que hace el diputado Callejas no es una reunión oficial de comisión, es una reunión que él hace con personas que son de su interés. Esos puntos pueden llevarlos al seno de la Comisión de Justicia y si esta considera que algunos son razonables, se pueden incorporar”, declaró Figueroa, quien aseguró que la Ley de Seguridad Soberana “queda lista la próxima semana”.
Esta propuesta de ley es vista por diputados opositores, miembros de la sociedad civil, expertos en temas de seguridad y derechos humanos, como un peligro para los nicaragüenses, pues viene a reprimir y restringir libertades y ejercicios democráticos de la nación.
José Pallais, Abogado, ex viceministro de gobernación y quien dictaminó la Ley de Seguridad Democrática en 2010, aseguró que el panorama para el país es que la ley se apruebe en los próximos días, desatendiendo sugerencias, críticas y razones que muchos nicaragüenses, diversos sectores de la sociedad civil y el mismo Cosep, han dicho: esta es una ley totalitaria que viene a afectar los derechos de los nacionales, dijo.
“Es una ley unilateral, solo refleja el sentir del gobierno, Ortega la ha hecho a su medida, todos la respaldan y se ha incumplido con el mandato que tiene la Asamblea Nacional, de hacer una consulta plural, de recoger la opinión de todos los sectores. El ejecutivo sabe con qué condiciones cuenta para aprobarla y no veo posibilidad de algún cambio, la voluntad de Ortega se va a imponer”, manifestó Pallais.
El que la Asamblea Nacional no realizara la debida consulta con expertos en temas de seguridad, derechos humanos y demás, deja entrever que solo existe un criterio independiente, pues la revisión se hizo con instituciones del Estado, que naturalmente, no emiten un criterio propio sobre algunas consideraciones técnicas de la ley.
Roberto Orozco, experto en temas de seguridad, aseguró que el efecto de esta consulta unilateral es un desequilibrio técnico y una posible aprobación de la ley tal y como está, sin cambios sustanciales, que dará como resultado una militarización de seguridad interna.
Para Elvira Cuadra, Directora Ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el proceso de consulta que se realizó fue limitado y no se consideró el principio que aduce que todas las leyes a aprobarse deben incluir una consulta ciudadana que involucre a la mayor cantidad de sectores sociales.
“Esta ley toca aspectos de temas en seguridad alimentaria, cambio climático, prevención de riesgos y esos son tópicos que van mucho más allá de la institución militar y que corresponden a sectores sociales claves en el país”, argumentó Cuadra.
Roberto Cajina, también experto en temas de seguridad, consideró que con la aprobación de la ley, lo que busca el gobierno es preparar el terreno para que en escenarios futuros argumenten que desmovilizan cualquier protesta de acuerdo al cumplimiento de la misma.
Una estocada a los derechos humanos
De aprobarse la Ley enviada por el presidente Ortega, la Comisión de Seguridad Soberana, tendrá carta abierta para intervenir, investigar y perseguir a los nicaragüenses que en el ejercicio de sus derechos democráticos, piensen o actúen diferente, dicen los detractores del proyecto.
“Es una ley que no establece con claridad cuáles son los riesgos a la seguridad, sino que lo deja a la libre interpretación del Ejército y el Presidente de la república, es propio de los regímenes totalitarios, vuelven al concepto de seguridad que se ejerció en América Latina en los años 50 y 80, en la que se consideraba que habían enemigos internos. Ahora esos enemigos internos somos todos los demócratas que exigimos elecciones libres y transparentes y el respeto a los derechos humanos”, enfatizó Pallais.
Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indicó que en el proceso de análisis que realizaron sobre la iniciativa de la ley de Seguridad Soberana, los resultados advierten que esta es una violatoria a los derechos humanos, y deja a los nicaragüenses en un estado de “indefensión”, pues se pretende judicializar las protestas sociales en contra de cualquier política del gobierno.
“Limita el derecho a la movilización, la ley es un retroceso a la seguridad jurídica y va a afectar no solo a los ciudadanos, sino a hombres y mujeres de prensa, se va a atentar contra los trabajos investigativos y cuando estén denunciando actos de corrupción, el gobierno podrá decir que se está atentando contra la seguridad nacional. Es una ley que viene a limitar y cercenar los derechos humanos y garantías constitucionales”, explicó Carmona.
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), se mostró preocupado porque la aprobación de la ley “es un espaldarazo a la tendencia del régimen autoritario que es más restrictivo con los derechos humanos”.
“La esencia es menos reconocimiento a los derechos ciudadanos. Fortalece la seguridad de las instituciones en perjuicio de los derechos humanos de la población”, mencionó Carrión.
Para Roberto Orozco, se está otorgando un poder superlativo a los órganos de seguridad, fundamentalmente para la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército, pues existirá una subordinación de los órganos de seguridad interna y de justicia, al poder militar.
“El efecto es que habrá mayor represión, violación a los derechos humanos, judicialización discrecional. El estado de derecho es el que pierde, el debido proceso no se va a cumplir, los requerimientos de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario va a ser excluido. Todo nicaragüense, independientemente de su rango, religión, condición política, estará en riesgo. Por ejemplo una simple protesta contra un mega proyecto que ponga en riesgo una comunidad, será vista como amenaza a la seguridad soberana”, refirió Orozco.
El proceso de judicialización al que se refiere Orozco estará bajo la coordinación de la DID. Esta recuperará toda la información, definirá cuáles serán los objetivos a seguir para quien se va a investigar, y acusará. La carga de evidencia estaría en riesgo y no habría control para crear un expediente.
Al respecto Roberto Cajina, experto en temas de seguridad y defensa, insistió en que el problema real es que le trasladarán al Ejército, a través de la DID, una función que es específica de la Policía: la seguridad pública. El cuerpo castrense a través de la DID va a ser la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Soberana.
“La DID es el órgano de inteligencia del Ejército. La ley dice que las instituciones que tienen que ver con la recopilación de informaciones, aduana, Policía, entre otras, tendrán que pasar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la información de lo que estos tipos, a su discreción, consideren que puede ser amenaza o riesgo a la seguridad soberana”, menciona Cajina.
El experto coincide en que la sociedad quedara en un estado de “indefensión” total, porque al menos la Ley de Seguridad Democrática ponía cierto control, pues tenía a una comisión especial que le daba seguimiento al cumplimiento de la ley y donde la ciudadanía, si quedaba afectada en cumplimiento de las instituciones, podía ir a quejarse. “Esto desaparece en la ley de Seguridad Soberana”, advierte.
La directora del IEEPP, Elvira Cuadra, aconsejó a los diputados que, al momento de aprobar la ley, deban prestar atención a que las brechas y ambigüedades que contiene el texto de la iniciativa sean subsanadas en el proceso de aprobación. “Que no se dejen abierto espacios para extralimitación de funciones”, reiteró.
Siguiendo la agenda de los diputados de la Asamblea Nacional, es muy probable que la Ley de Seguridad Soberana se apruebe este miércoles, con la mayoría de votos del partido de gobierno.
