10 de febrero 2022
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Freddy Navas, líder del Movimiento Campesino, fue declarado culpable por la justicia del régimen orteguista por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, en un juicio político, realizado este jueves 10 de febrero en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el Chipote, donde permanece encarcelado por segunda ocasión desde el 5 de julio de 2021.
La Fiscalía solicita la pena de diez años de cárcel y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Navas es el tercer integrante del Movimiento Campesino que el régimen de Daniel Ortega condena a puerta cerrada. Este miércoles, el también aspirante presidencial, Medardo Mairena y Pedro Mena, ambos miembros del Movimiento, también fueron encontrados culpables por el mismo delito.
Los testigos presentados por la Fiscalía, como en el resto de juicios políticos, fueron policías; entre agentes que participaron en la detención de Navas y un perito informático, que buscó las publicaciones del reo de conciencia en las redes sociales, conoció CONFIDENCIAL.
También presentaron, como pruebas, declaraciones del líder campesino, en las que llamaba a la unidad de los precandidatos presidenciales, que actualmente están presos en el Chipote junto a líderes estudiantiles, sociales, civiles, políticos y defensores de derechos humanos.
Durante su intervención en el juicio, al que asistió un familiar, Navas expresó que él no es un político, y que su lucha surgió por la aprobación de la Ley 840, mejor conocida como “Ley Canalera”, porque “entregaba la soberanía (del país)”. Navas se refería a la legislación que concesiona gran parte del territorio nacional a Wang Jing, un empresario chino de la compañía Hong Kong Nicaragua Development (HKND), quien prometió construir un canal interoceánico en Nicaragua en 2013, con la venia del régimen orteguista y luego, desapareció.
El proyecto canalero desató centenares de protestas lideradas por el Movimiento Campesino, integrado por las familias que serían afectadas por la ruta del supuesto canal; desde Punta Gorda, en el Caribe Sur hasta el río Brito, en Rivas. Miles de campesinos como Navas salieron a protestar en defensa de sus tierras.
“Luchar por mi país es mi pasión. Me están juzgando por amor a mi patria, si de algo soy culpable es de amar a Nicaragua”, expresó Navas en el juicio.
Freddy Navas encarcelado por segunda vez
Navas recordó, en un video que circuló después de su actual detención, que en 2018 —cuando fue capturado por primera vez, el 17 de noviembre—, pasó dos meses y medio en una celda de aislamiento, desnudo, durmiendo en una loseta. Fue excarcelado el 11 de junio de 2019 por una “Ley de Amnistía”, preparada por el Gobierno y cuestionada por la oposición.
“Las torturas, los golpes, la presión psicológica fue grande, pero también ahí Dios no tiene fronteras y las oraciones de ustedes llegan a uno… Daniel Ortega no es el dueño de Nicaragua, los dueños de Nicaragua son todos y cada uno de ustedes”, destacó. Actualmente, los reos políticos en el Chipote sufren torturas psicológicas, aislamiento y frío.
Navas fue capturado junto a Mena y Mairena. En esa misma noche, del 5 de julio de 2021, el régimen también arrestó a los líderes estudiantiles, Lesther Alemán y Max Jerez. El líder campesino es originario de la isla de Ometepe.
En el juicio de Mena y Mairena, un policía que supuestamente realizó investigaciones encubiertas y asistió a la audiencia encapuchado —en la jerga policial se conoce como código uno—, aseguró que desde 2019 dan seguimiento al Movimiento Campesino. Pero no aportó detalles.
Juicios en “el nuevo Chipote” violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “El Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.
Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su numeral 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.
Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
