17 de febrero 2022
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El abogado y exdiplomático Mauricio Díaz Dávila, de 71 años de edad y directivo nacional del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue condenado este miércoles por el juez orteguista Luden Quiroz García, encargado del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio, por supuestamente “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional”, bajo la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”. La justicia orteguista también confirmó la sentencia contra los reos de conciencia Miguel Mendoza y Nidia Barbosa, condenados la semana pasada.
La Fiscalía del régimen orteguista solicitó nueve años de prisión más la inhabilitación de ejercer cargos públicos, aunque no logró probar el delito fabricado, en el juicio maratónico de una sola audiencia, realizado en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía orteguista se incluyeron testimonios de oficiales de la Policía Nacional; detectives y peritos informáticos, y videos de entrevistas que el reo de conciencia concedió a los medios de comunicación Canal 10 y 100% Noticias, donde daba “criterios políticos” sobre la coyuntura del país.
Mauricio Díaz se declara “inocente” ante la justicia orteguista
En los pocos minutos que la justicia orteguista concedió a Díaz para expresarse durante el juicio, el exdiplomático se declaró “inocente” y resaltó que siempre ha sido “una persona honesta, transparente y que nunca ha pedido financiamiento externo o conspirado contra su país”. Además mandó a decir a su familia que “mientras no me condene Dios, que me condene el hombre”.
El abogado recordó a quienes orquestaron el montaje judicial "participé en la creación de la Constitución Política del país , todas esas leyes ya me las sé y no las estoy infringiendo".
"Nosotros luchamos por las libertades de este pueblo. Vender mi patria me daría vergüenza", destacó.
Defensores de derechos humanos consultados por CONFIDENCIAL señalaron que, pese a los alegatos y pruebas fabricadas contra Mauricio Díaz, la Fiscalía nunca logró probar el delito por el que se le acusa, destacando que el reo de conciencia “no ha cometido ningún delito y todas sus actuaciones han sido amparadas en la Constitución Política y los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano”.
La lectura de sentencia contra el exdiplomático, según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL, será el próximo 24 de febrero.
Deterioro físico y psicológico
Mauricio Díaz Dávila, quien cumplió 71 años encarcelado en El Chipote, fue detenido el 9 de agosto de 2021, luego de ser capturado con violencia por un grupo de oficiales de la Policía Nacional que lo interceptaron, golpearon a su hijo y al abogado que lo acompañaba, después de declarar ante la Fiscalía orteguista.
El encierro de más de 190 días al que ha sido sometido ha deteriorado la salud física y psicológica del reo político. Sus parientes han denunciado que dentro de las celdas de El Chipote ha sufrido desmayos, tiene lagunas mentales y manchas en su piel como consecuencia de las pocas horas de sol que tiene autorizadas.
El abogado es reconocido a nivel nacional e internacional por su larga trayectoria diplomática; fue embajador de Nicaragua en Costa Rica, durante los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y embajador alterno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2004 a 2007.
Confirman sentencia para Miguel Mendoza y Nidia Barbosa
La justicia orteguista también dictó este miércoles las condenas de nueve años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, contra el periodista Miguel Mendoza, cronista deportivo y bloguero; y once años de prisión y la misma restricción para cargos públicos contra la opositora Nidia Barbosa, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
Ambos fueron condenados la semana pasada por supuesta “conspiración para cometer menoscabo” en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua en base a la “Ley de Soberanía”. Barbosa también fue condenada, a manos del juez orteguista William Howard López, encargado del Juzgado Distrito Penal de Juicio de Masaya, por supuestamente “propagar noticias falsas”, bajo la “Ley Especial de Ciberdelitos”.
Familiares de ambos reos de conciencia han reiterado la inocencia de sus parientes y exigido su inmediata liberación. Además, han denunciado el deterioro físico que les ha causado los meses de encierro injusto al que han sido sometidos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través de las redes sociales, se ha pronunciado sobre ambos juicios, expresando que son “una farsa” que ejecuta “sin escrúpulos'' el Poder Judicial.
Juicios en El Chipote violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de El Chipote, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.
Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en El Chipote, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su numeral 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en El Chipote, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.
Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
