10 de marzo 2022
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Tras un desfile de al menos 30 testigos —19 de estos policías— y la intervención de dos trabajadores del Ministerio de Gobernación (Migob), encargados de exponer supuestas irregularidades de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) en sus estados financieros, el Ministerio Público no ha logrado demostrar —según fuentes del caso— que el dinero de la Fundación provino de fuentes ilícitas, que es una de las premisas claves para la comisión del delito de lavado de dinero.
Los acusados por el supuesto delito del lavado y por falsedad ideológica, apropiación y retención indebida son la ex aspirante presidencial, Cristiana Chamorro Barrios; dos extrabajadores de la FVBCh, Marcos Fletes y Walter Gómez; el conductor Pedro Vásquez. Por separado, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, está acusado por el presunto delito de gestión abusiva.
Durante una maratónica audiencia, de al menos 15 horas —la más extensa desde que inició el juicio el jueves 3 de marzo—, el Ministerio Público presentó este miércoles un perito en documentoscopía, quien aseguró que la firma en un cheque pertenecía a Marcos Fletes, excontador de la Fundación. Sin embargo, aseguraron las defensas que esto no prueba que sea una acción de lavado de dinero.
“No se ha traído una prueba que diga que el dinero es sucio”, destacaron.
Informe incompleto del Migob
En la audiencia del miércoles, la Fiscalía presentó como testigo a Franya Urey Blandón, responsable de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Migob, quien reconoció que “desconocía” las “razones específicas” de las acusaciones contra los presos políticos.
Urey Blandón presentó un informe que resume en dos páginas las supuestas “inconsistencias” en la Fundación, durante el periodo 2015-2019.
En el escueto informe —en poder de CONFIDENCIAL— señalan que la Fundación violentó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros porque no se registró como tal, pese estar “obligada” porque “reciben fondos de Estados Unidos”. Sin embargo, el mismo documento afirman que —basados en un “análisis de los estados financieros de los periodos 2015-2019”— la FVBCh “no especificó el origen, ejecución y destino de los fondos”, aunque indican que los donativos provenían de EE. UU. y Suiza.
Luis Hernández Mendoza, analista financiero del Migob, no logró explicar qué técnicas utilizó para identificar las supuestas “irregularidades” encontradas en los reportes financieros de la Fundación.
Cuando la defensa le cuestionó por la aplicación de normas nacionales necesarias para la realización de este tipo de auditorías, el funcionario “no supo responder”, según las fuentes del caso.
Fiscalía obvia cese de operaciones de la FVBCh
Urey Blandón declaró que cuando la Fundación anunció el cese de sus operaciones, en febrero de 2021 —para no someterse a la violatoria Ley de Agentes Extranjeros—, los “alarmó” y decidieron revisar la documentación de la organización. Posteriormente, facilitaron la información al Ministerio Público para que investigara porque “les parecía algo raro”.
En su momento, la misma expresidenta de la FVBCh y ahora rea política, Cristiana Chamorro, señaló que la imposición de registrarse como “agente extranjero” es prácticamente “renunciar a nuestra ciudadanía nicaragüense”.
La ley es “otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a que nos quieren someter con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales”, señaló la organización en un comunicado.
Este jueves se desarrolla el sexto día de audiencia del juicio político, a cargo del juez Luden Martín Quiroz, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, quien ya condenó a tres presos políticos de más de una treintena de sentenciados a prisión por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional” en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote.
Juicio con irregularidades desde el principio
La expresidenta de la FVBCh fue detenida el 2 de junio del año pasado. La acusaron por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el “lavado de dinero”, después que un informe del Estado señaló que la Fundación trasladó supuestamente fondos para el fortalecimiento de medios entre 2017-2020 a personas y organismos que buscan “la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.
El principal señalamiento de la acusación es que supuestamente la FVBCh recibió de los donantes 150 millones de córdobas entre 2015 y 2019, pero tenían en el sistema bancario 190 millones de córdobas.
Entre los beneficiarios para la supuesta desestabilización del Ejecutivo de Nicaragua, la Fiscalía enlistó a 13 medios de comunicación independientes, cuatro organismos no gubernamentales y siete periodistas.
El viernes pasado, nueve civiles presentados por la Fiscalía como testigos no sustentaron la teoría del supuesto lavado de dinero por parte de la Fundación. Al contrario, aseguraron que la relación con la oenegé fue honesta, transparente y correcta. Esto, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demuestra que no hay evidencias de la comisión de un delito, señalaron.
Mientras tanto, los policías que declararon se contradecían durante los interrogatorios. Los testimonios recabados por CONFIDENCIAL indican que los agentes que firmaron los informes de allanamientos despertaron muchas dudas.
Los mismos familiares hicieron notar que quienes hablaron ante el juez no fueron los mismos que participaron en los actos de “investigación” que sirvieron como “prueba” contra los acusados.
Testimonios de 16 policías revelan fabricación de “pruebas” contra FVBCh
“Los oficiales dijeron que no habían participado en las diligencias y que solo las habían firmado, llegaron incluso a decir que no sabían adónde habían ido a parar las pruebas que se habían decomisado en los allanamientos y ni siquiera pudieron decir que era lo que supuestamente probaron con sus declaraciones”, dijeron.
