13 de junio 2023
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El Parlamento Europeo (PE) debatió por octava ocasión, desde 2018, la crisis sociopolítica de Nicaragua y la tónica fue similar a las últimas sesiones: una mayoría de eurodiputados exigieron a la Unión Europea (UE) que sancione al dictador nicaragüense, Daniel Ortega, y a los jueces que imponen y ejecutan sentencias espurias.
“Se van a cumplir dos años de las últimas sanciones contra el régimen de Ortega y (Rosario) Murillo. Y en estos dos años las cosas no han hecho más que empeorar dramáticamente (en Nicaragua)”, dijo la europarlamentaria española, Soraya Rodríguez Ramos, del grupo Renovar Europa.
“Hay que sancionar a Ortega y a los jueces que están dictando sentencias, claramente, contrarias a los máximos principios de derechos humanos”, subrayó.
La demanda de Rodríguez fue replicada por otros eurodiputados, que pidieron mandar un mensaje a la dictadura orteguista. “Hace ya un año pedimos al Consejo (Europeo) que amplíe la lista de sanciones, incluyendo a jueces, y es algo que reiteramos ahora”, comentó Tilly Metz, del grupo de Los Verdes.
La exigencia de los europarlamentarios ya fue planteada en una resolución aprobada en junio de 2022 —por 524 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones—, en la que exhortaron a la UE a sancionar a catorce jueces y tres magistrados de Apelaciones, así como investigar —a través de la Corte Penal Internacional— al Gobierno y a Ortega, por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, no todos los legisladores demandaron la imposición de sanciones. Sandra Pereira, del Partido Comunista Portugués, reclamó a sus colegas que “si realmente les preocupan los derechos humanos en Nicaragua, estarían pidiendo que se levantaran las sanciones unilaterales y contrarias al derecho internacional, que impone la Unión Europea, y estarían pidiendo que Estados Unidos hiciera lo mismo”.
La UE ha sancionado a 21 altos funcionarios de la dictadura —incluyendo a la vicepresidenta Murillo— y tres entidades: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Las últimas sanciones se dieron el 10 de enero de 2022, en horas previas a que Ortega y Murillo asumieron un nuevo mandato como presidente y vicepresidenta.
Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
Josep Borrell: El régimen “solo de Murillo”
Previo a las declaraciones de los eurodiputados, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hizo una “actualización” de la situación en Nicaragua y denunció que el régimen nicaragüense no inició un diálogo con la oposición tras la liberación de los 222 presos en febrero y que la justicia les haya confiscado sus bienes.
“Esperábamos que la liberación de los presos políticos supusiera el principio de un diálogo con el régimen y pusiera fin a la espiral autoritaria de Nicaragua. A pesar de su liberación, el régimen les revocó su nacionalidad y la de otros 94 nicaragüenses y les ha confiscado sus propiedades”, dijo el diplomático español.
“Y solo —continuó— por oponerse al régimen de Murillo y Ortega. Ya no es solo el régimen de Ortega, es más bien el régimen Ortega-Murillo o incluso solo de Murillo”.
El jefe de la diplomacia europea —que expresó su esperanza de que este debate “se escuche al otro lado del Atlántico”— denunció así la decisión que el pasado día 9 adoptó la Justicia nicaragüense de confiscar los bienes de los 222 excarcelados políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado, a los que luego los privó de su nacionalidad.
En el debate participaron una mayoría de eurodiputados españoles, el representante del PP Leopoldo López denunció que el régimen nicaragüense “continúa ejerciendo la represión sistemática e institucional con el único fin de mantenerse en el poder”.
En la misma línea, el eurodiputado del PSOE, Javi López, aseguró que “la democracia ha sido liquidada literalmente en el país”.
Por su parte, el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, señaló que “el matrimonio dictatorial” de Ortega y Murillo “son en este momento las grandes estrellas del crimen político”, a lo que Miguel Urbán, de Anticapitalistas, acusó a la extrema derecha de “utilizar la situación en Nicaragua para atacar al conjunto de la izquierda latinoamericana”.
