Eurodiputado: “Le pedimos al Gobierno de Nicaragua que cumpla lo pactado”

Para el eurodiputado español Ramón Jáuregui Atondo, la Unión Europea (UE) no tiene la potestad de determinar cuándo ha sido un éxito o un fracaso el diálogo entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica. Esta es una facultad, según el político socialista, que solo los nicaragüenses poseen, especialmente los representantes opositores en la mesa de negociaciones.

Lo único que pueden hacer los europeos es pedirle “al Gobierno de Nicaragua que cumpla lo pactado”, específicamente, que “den señales inequívocas e irreversibles de que cumplen las tres condiciones que son previas a un diálogo positivo: libertad de presos, libertades públicas y devolución de las organizaciones internacionales”, según el socialista, quien lideró una delegación de eurodiputados que visitó Nicaragua en enero pasado.

Durante una entrevista con el programa Esta Noche, Jáuregui mencionó que la UE “está evaluando” y “mirando muy atentamente” la suspensión del diálogo en Nicaragua, ya que dependiendo del avance o retroceso tomará “medidas en consecuencia”.

“Nosotros estamos contemplando que, si no hay avances, la Unión Europea tiene que tomar otras medidas, y entre otras, lógicamente, la posibilidad de las sanciones al régimen”, dijo el europarlamentario.

La delegación #PE q visitó #Nicaragua pedirá a @FedericaMog q la #UE inicie proceso d sanciones al régimen d Ortega x falta d voluntad negociadora d su gobierno.
Hemos redactado una carta q publicaremos el miércoles en Estrasburgo en el 1er. aniversario d las protestas:18/4/2018

— Ramón Jáuregui (@RJaureguiA) 12 de abril de 2019

Días después de la entrevista, el político español publicó en Twitter que los europarlamentarios que viajaron a Nicaragua solicitarán a la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Federica Mogherini, que la Unión Europea inicie el proceso de sanciones contra el régimen de Ortega por "la falta de voluntad negociadora de su gobierno".

A mediados de marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que exige a la UE, aprobar sanciones “específicas e individuales” contra funcionarios del régimen orteguista y ciudadanos que hayan violado los derechos humanos de los nicaragüenses.

Jáuregui se refirió también a la detención ilegal de Miguel Mora y Lucía Pineda. “No comprendemos ni compartimos en absoluto la posibilidad de que haya una acusación de terrorismo a la simple tarea profesional de informar”.

Hace una semana concluyó en Managua el diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica, sin llegar a acuerdos políticos sobre democracia y justicia. ¿Cómo valoran ustedes el resultado desde el Parlamento Europeo?

Estamos preocupados porque la suspensión del diálogo se ha producido como consecuencia del incumplimiento de las condiciones previas, en particular la que se refiere a la libertad de presos, y también al ejercicio de las libertades en el país, y a la vuelta de los organismos internacionales a Managua.

Esas tres precondiciones, no se están cumpliendo suficientemente, a pesar de algunas liberaciones o de sustituciones de casa por cárcel a algunos de los presos, y, por supuesto, nos preocupa también que no haya habido avances en el proceso democrático del país.

De manera que, lo que creíamos que era, y que queremos seguir creyendo, que es una ventana de oportunidad para una salida pacífica y democrática a la crisis de Nicaragua, puede convertirse en una frustración y, en ese sentido estamos preocupados. La Unión Europea está evaluando, mirando muy atentamente el desarrollo, de esta interrupción, para tomar medidas en consecuencia.

¿La Unión Europea tiene un plazo político?, ¿Ustedes están esperando ver resultados?, ¿O podrían tomar acciones para presionar por un resultado político que apunte al adelanto de elecciones, por ejemplo?

No hemos puesto ninguna fecha concreta, en gran parte porque nosotros seguimos pensando que la propia Alianza Cívica, que está en la negociación, no ha roto los contactos, no se han clausurado, sino que se han interrumpido, y esto habla de una terminología temporal. De hecho, en nuestra reunión de hoy mismo hemos hablado con Alejandra Centeno, nuestra responsable en la negociación por parte de la Alianza Cívica con el Parlamento, y nos ha informado de que los contactos siguen y, por tanto,  no hay una interrupción definitiva, y en ese sentido la Unión Europea mantiene las expectativas de que esto se reanude. Pero, ciertamente, nosotros estamos contemplando que, si no hay avances, la Unión Europea tiene que tomar otras medidas, y entre otras, lógicamente, la posibilidad de las sanciones al régimen.

¿Esas sanciones estarían enfocadas en aspectos relacionados con la economía del Gobierno de Nicaragua, o con individuos del Gobierno que tienen relaciones, de diferente tipo, con Europa?

Nosotros hemos planteado que las sanciones, inicialmente, tengan que ver con los responsables del Gobierno por los acontecimientos represivos producidos en los meses anteriores, o con las principales responsabilidades políticas y, en particular se refieren a las medidas que tienen que ver con las visas de entrada en el país, o con la congelación de sus bienes y de sus efectivos financieros. Esas medidas son las individuales respecto del Gobierno, no de la economía ni de la ciudadanía ni de los trabajadores nicaragüenses, a los que queremos salvar de sanciones que les puedan perjudicar.

Usted mencionó, en una entrevista anterior, la posibilidad de que la Unión Europea pudiese debatir sobre la suspensión de Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y Europa, por una violación a la cláusula democrática, ¿ese es un tema que sigue en la agenda?

Está en la resolución que el Parlamento Europeo aprobó y que ha planteado como una hipótesis, por supuesto. Pero el proceso de sanciones, en el caso de que se adoptaran por parte del Consejo de ministros de exteriores de la Unión Europea, sería gradual e in crescendo, y empezaría, más bien, por las sanciones personales, no por lo que implicaría una sanción al país en la eliminación, quizás, de ventajas arancelarias a la exportación.

No queremos perjudicar tanto al país, pero, es una hipótesis que, efectivamente, en la resolución del Parlamento se contempla, porque como usted bien decía, el acuerdo de la Unión Europea con América Central incluye una cláusula democrática, que plantea que, en el caso de vulneración de los derechos humanos por parte del país, la Unión Europea puede denunciar ese acuerdo en función de la vulneración de esa cláusula.

Durante su visita a Nicaragua usted abogó por la excarcelación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, que están presos por hacer periodismo, sin embargo, siguen en prisión, están cumpliendo ya más de 109 días en prisión, sin ni siquiera haber sido condenados.

Sí, yo creo que el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda es uno de los que más llama la atención aquí en Europa, y quiero aprovechar esta entrevista, que hablo con un medio de comunicación, también represaliado, como es el suyo, y como es usted mismo, Carlos Fernando, para decir que la libertad de comunicación, la libertad de información, es uno de los elementos fundamentales de un régimen de libertades y, por tanto, cuando exigimos como precondición de la negociación que vuelvan las libertades a Nicaragua, estamos reclamando que los medios de comunicación tengan libertad, que los periodistas exiliados puedan volver, y que el derecho a la información y el derecho a ser informados se mantenga libremente en el país. Sí quiero decir muy claro y muy alto que la prisión de Miguel Mora y Lucía Pineda es inadmisible. No comprendemos ni compartimos en absoluto la posibilidad de que haya una acusación de terrorismo a la simple tarea profesional de informar y, en ese sentido, pido al Gobierno de Nicaragua que tenga en cuenta esta consideración que hacemos desde Europa, porque su liberación sería un signo extraordinariamente positivo de credibilidad en su buena voluntad.

El Gobierno se comprometió con la Alianza Cívica, incluso suscribió un acuerdo para el restablecimiento de los derechos constitucionales y libertades públicas, pero en la práctica, 24 horas después, desató actos de represión, y al día de hoy, en Nicaragua se mantiene un Estado de sitio de facto, por lo tanto, la Alianza Cívica está demandando garantes internacionales para que esos acuerdos se cumplan. ¿Qué reacción tienen usted ante ese incumplimiento?

Comprendemos que precisamente por ese incumplimiento la Alianza Cívica ha suspendido las conversaciones y, por tanto, le pedimos al Gobierno de Nicaragua que cumpla lo pactado y, sobre todo, insisto,  que den señales inequívocas e irreversibles de que cumplen las tres condiciones que son previas a un diálogo positivo, que son: libertad de presos, libertades públicas y devolución de las organizaciones internacionales, eso es muy fácil de cumplir, y eso es lo que creo que  demostraría una verdadera voluntad, por parte del Gobierno nicaragüense, de que quiere una salida pacífica y democrática a la crisis nicaragüense.

El tema crucial de esta negociación, que ni siquiera ha sido discutido, es el de la reforma política y el adelanto de elecciones y, por otro lado, el establecimiento de una investigación independiente sobre las muertes de más de 327 personas, que han sido documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué compromisos esperan ustedes en relación a la solución política?

Yo empezaría precisamente por eso, por la solución política, porque creo sinceramente que, el (examen) de los acontecimientos ocurridos, lo que yo llamaría reparación y justicia, tiene que ver con el proceso democrático del país. Probablemente, desde el punto de vista humano, es lo más urgente, la justicia y la compensación a las víctimas, pero, pienso que la negociación del proceso democrático futuro es, como le decía antes, sobre todo el respeto a las libertades como condición de vida de los presentes, es lo que va a movilizar ese proceso. De manera que, mi impresión es que la negociación está bien encauzada, estableciendo que el proceso democrático es lo que dará lugar, es lo que abrirá el camino a las compensaciones a las víctimas, y a la justicia y la no repetición. Creo que por ahí es por donde hay que caminar, y por eso mi recomendación es que hay que ser pragmáticos en la negociación, hay que saber cuáles son las prioridades y, en ese sentido, yo recomiendo a la Alianza Cívica y a la representación del conjunto de la oposición nicaragüense que negocie, que convierta esa ventana de oportunidad que se ha abierto, en una enorme puerta de esperanza hacia la democracia, para que cuando el pueblo (habale) y eso, ojalá sea cuanto antes, sea respetada su voz y, por supuesto, se asegure que su voluntad es la que conforma la política futura del país.

En ese sentido, creo que, la idea de la negociación de la Alianza Cívica está bien planteada, estableciendo como le decía antes, el proceso democrático como condición sine qua non para una apertura a la compensación a las víctimas, a la justicia, y a la no repetición.

Este proceso de diálogo, que está suspendido en este momento, ¿tiene un límite? ¿Hasta cuándo se va a evaluar, por parte de la comunidad internacional, si este diálogo ha dado frutos o ha fracasado?

Yo creo que eso corresponde a la Alianza Cívica decidirlo. En Europa estamos esperando los acontecimientos, nosotros no estamos ahí. La comunidad internacional sigue expectante ese diálogo. Está suspendido, pero no definitivamente. La Alianza Cívica mantiene algunos contactos, aunque la interrupción se ha producido por el incumplimiento, por parte del Gobierno, de las condiciones pactadas.

Estamos en eso, pero no soy yo, ni es la Unión Europea, la que tiene que determinar hasta cuándo hay que esperar, cuál es el plazo límite, porque los protagonistas de la negociación son los nicaragüenses y, por tanto, la Unión Europea, insisto, mantiene una actitud de acompañamiento, inclusive le diré más: si ese diálogo avanza y hay oportunidad para pactar un proceso electoral, créame, la Unión Europea estará ahí con ustedes, elaborando, aportando sus mejores experiencias, aportando técnicos, aportando recursos económicos para hacer el censo, para hacer una ley electoral adecuada, para establecer una observación internacional potente. Eso es nuestro trabajo: acompañar, favorecer, ayudar que el diálogo prospere y facilite una solución, pero no somos quienes para determinar cuándo termina el diálogo, o cuándo hay que darlo por fracasado, o cuando hay que darlo por bueno, esto les corresponde a ustedes hacerlo.