8 de agosto 2023
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El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, calificó como “preocupante” el modelo de irrespeto al Estado de derecho impuesto en Nicaragua, porque puede ser “exportado a otros lugares”.
La situación de Nicaragua y la crisis en Centroamérica —el intento de interferencia en los resultados electorales de Guatemala, el autoritarismo en El Salvador y el caso de Honduras— fueron parte de una conversación organizada por Diálogo Interamericano en Washington, DC.
Jacobstein, quien da seguimiento a América Central, Cuba y la migración regional desde su oficina en el Departamento de Estado, consideró que Centroamérica presenta desafíos que “obviamente son a largo plazo”.
“Es difícil resumir exactamente lo que eso (irrespeto al Estado de derecho) significa, pero incluso hemos visto a Nicaragua servir como un lugar de refugio para expresidentes que intentaban escapar, como Mauricio Funes (de El Salvador). Así que, ciertamente, (es) un modelo preocupante. Y nos preocupamos por ser exportado a otros lugares”, afirmó el funcionario estadounidense.
De ese modo hizo referencia al exmandatario salvadoreño, a quien el régimen de Nicaragua otorgó a finales de julio de 2019 la nacionalidad, pese a tener cuentas pendientes con la justicia de su país. Ortega también protegió al sucesor de Funes, Salvador Sánchez Cerén, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
El debate sobre la crisis centroamericana contó con la participación de Mileydi Guilarte y Molly McCoy. Fue moderado por el politólogo nicaragüense, Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del prestigioso centro de pensamiento en Estados Unidos.
Guilarte es administradora asistente adjunta de la Oficina para América Latina y el Caribe, de USAID. En cambio, McCoy es subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales, del Departamento del Trabajo, lo que permitió conocer la visión diplomática, el enfoque de la cooperación y el tema laboral que es de suma importancia en Estados Unidos.
Según la información ofrecida por los funcionarios de ese país, la Administración Biden-Harris ha desplegado una estrategia que ha combinado las sanciones a actores que socavan la democracia, una alianza con el sector privado para promover el desarrollo, han sostenido el apoyo a voces independientes de la sociedad civil —entre ellos, los medios de comunicación— y sumaron el tema migratorio.
45 funcionarios sancionados en tres años
Jacobstein puntualizó que, hasta ahora, han incluido en su informe sobre actores corruptos y antidemocráticos en la conocida “Lista Engel”, conforme a la Sección 353, a un total de 169 personas: 48 guatemaltecos, 31 salvadoreños, 45 hondureños y 45 nicaragüenses.
El pasado 19 de julio, el Departamento de Estado incluyó a 13 funcionarios orteguistas en una lista de 39 centroamericanos. Entre las personas, a las que Estados Unidos restringió su ingreso a Estados Unidos, estuvo la Procuradora General de la República Wendy Morales Urbina, pero también diputados, magistradas y operadores en la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección Nacional de Registros.
Guilarte, quien trabaja en la oficina de USAID para América Latina y el Caribe, recordó las palabras del presidente Joe Biden de que la corrupción carcome los derechos básicos de la democracia de los ciudadanos y lamentó también la situación de Centroamérica.
El funcionario también admitió que esperan “fuertes vientos en contra” durante 2024, refiriéndose a los riesgos de interferencia electoral, autoritarismo y represión de la libertad de expresión.
“No debes mirar más allá de Nicaragua para tener una idea de lo que sucede cuando los líderes dirigen la persecución a la sociedad civil: Cierre de medios de comunicación y ataques a instituciones religiosas y personas. No queremos que eso se repita en América del Norte y Central. Seguiremos trabajando junto a nuestros vecinos de la región, manteniéndonos alerta”, advirtió la funcionaria.
Jacobstein calificó como “extremadamente preocupante”, lo que ocurre con el obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa. El jerarca religioso fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión el 10 de febrero de 2023, por la justicia bajo control del régimen de Ortega, que ha mantenido una persecución creciente contra la Iglesia católica desde 2018.
Orozco insistió en que se requiere una “respuesta proporcional más fuerte a los problemas” y recordó que hay una caja de herramientas a la política exterior a la que pueden asistir.
Sobre el contexto centroamericano de crisis democrática, el politólogo nicaragüense explicó a la audiencia que la popularidad de la presidenta Xiomara Castro, y su esposo Manuel Zelaya, se ha desplomado a casi la mitad en los últimos seis meses.
En Guatemala se intenta impedir también el proceso político —refiriéndose al caso del Movimiento Semilla y el intento de la Fiscalía por sacarlo de la segunda vuelta—, mientras en Nicaragua hay un régimen tipo “talibán”.
Jacobstein admitió una relación compleja con El Salvador, donde hay violaciones de derechos humanos por el régimen de excepción. “Nuestro historial es claro en los últimos dos años y medio en términos de responder a todos estos temas sobre democracia, derechos humanos, gobernabilidad”, dijo en el caso de la Administración Bukele.
Mooly McCoy, del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, dio sus puntos de vista sobre la situación laboral de los migrantes, las violaciones de sus derechos y el trabajo que están realizando las mujeres, describiendo ejemplos de resiliencia y la construcción de puentes entre el movimiento laboral y organizaciones que han permitido el liderazgo de ellas en una forma tangible.
